Señor Director:
La marcha protagonizada el viernes 13 de mayo por un grupo de adultos mayores frente al Palacio de La Moneda solicitando la creación de la Tarjeta Nacional de Transporte que incluya una Tarifa Rebajada para el Adulto Mayor (TNA), deja en evidencia una realidad: nuestro país carece de políticas públicas adecuadas para este segmento de la población.
Chile envejece. En el 2050 se proyecta que en nuestro país habrá 6,3 millones de personas con más de 60 años, lo que correspondería al 29,5% de la población chilena, según constataron los datos de la comisión de expertos convocada por el gobierno para mejorar el sistema de pensiones, también conocida como comisión Bravo.
La sociedad en su conjunto no está preparada para asumir la realidad de los adultos mayores y no es consciente de ello. Es tan básico como decirle a alguien que es adulto mayor y casi al mismo tiempo tener que disculparse por “la ofensa cometida”. No consideramos que entrar en esta categoría es simplemente una etapa más de la vida y punto.
Si en el ámbito social esta realidad es invisibilizada, la situación es aún más compleja cuando se revisa nuestro sistema jurídico y económico que no da respuestas aceptables a diversas necesidades tan básicas como vivienda, salud, transporte, trabajo, entre otras.
De esta manera, sin darnos cuenta nuestras acciones como sociedad frente a este segmento de la población caen en lo que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) denomina el “maltrato estructural”, que se define como “Aquel que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales, económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente”. Es una cuestión muy evidente, cada cierto tiempo vemos en las noticias, adultos mayores despojados de sus bienes por personas o aun peor parientes inescrupulosos (abuso financiero) mayores abandonados (maltratados física o sicológicamente).
Las normas relativas a la capacidad legal no se han adaptado a la realidad de los adultos mayores, puesto que –según la legislación actual contenida en el Código Civil- en Chile las personas son capaces o son incapaces. No existiendo una normativa más “amigable” que permita acompañar el tránsito de las personas desde la plena capacidad hasta la disminución de ella. Hoy por hoy, en otros ordenamientos jurídicos este asunto está ampliamente regulado y se entiende que a la luz de la dignidad de las personas adultas mayores es menester fijar distintos estadios de competencia y capacidad según la salud física y mental de las personas.
En materia de trabajo tampoco se está aprovechando toda la experiencia que poseen adultos mayores y además las disposiciones laborales y de seguridad social dan cuenta de discriminación en muchos sentidos.
Ya existe una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, lo cual nos llevará necesariamente a ajustar los estándares nacionales en el tratamiento de los adultos mayores. Estamos a la espera de su ratificación por Chile.
Dejemos de estigmatizar a los adultos mayores como personas vulnerables y generemos las condiciones necesarias para que no lo sean. Chile se vuelve añoso, por ello, necesitamos una mirada amplia e multidisciplinaria a un tema que nos afecta a todos. Trabajemos ahora para que los adultos mayores no deban marchar a exigir que el sistema y la sociedad no los maltrate.
Carolina Riveros Ferrada, Académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad de Talca
