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Derrota electoral de la Nueva Mayoría: visión de los pueblos originarios

por 29 diciembre, 2017

Derrota electoral de la Nueva Mayoría: visión de los pueblos originarios
A poco andar de la campaña oficialista derrotada, muchos indígenas nos percatamos de que sería imposible que Guillier cumpliera la mayoría de estos compromisos si se aprobaba una serie de proyectos de ley que se tramitan aún hoy en el Senado, que vulneran derechos de los pueblos originarios y que el actual Gobierno de la Nueva Mayoría pretendía aprobar antes de marzo (durante vacaciones) y con los actuales parlamentarios comprometidos con corrupción mediante boletas ideológicamente falsas bajo investigación. Estos proyectos se convertirán en un serio candado para la efectividad de nuestros derechos, toda vez que se ciernen justamente contrariando sus promesas y compromisos de campaña y, por ende, le habrían amarrado las manos a Guillier y al nuevo Congreso.
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Se ha reflexionado bastante los últimos días sobre las razones de la derrota de la candidatura de la Nueva Mayoría, liderada por el senador Alejandro Guillier, y queremos aportar al análisis, desde la perspectiva de los pueblos originarios y desde la visión instalada por el diputado Gabriel Boric, quien señaló: “No bastó el todos contra Piñera … Guillier no se comprometió con transformaciones profundas y este es el resultado”.

Claramente, la derecha y Piñera están lejos de cumplir con los anhelos más sentidos de los pueblos originarios: plurinacionalidad, autodeterminación y autonomía territorial, en suma, derechos políticos. No obstante, estos elementos aparecieron nítidamente en la propuesta indígena ante el proceso constituyente, y ya no resulta curioso que actual gobierno no lo haya acogido, por lo que fracasó cualquier posible acuerdo en la consulta constituyente de 2017. En ese contexto, para los pueblos originarios, Guillier o era más de lo mismo, o abría un espacio renovador, presionado por captar electorado desilusionado de la política indígena tradicional.

No obstante, lejos de no asumir cambios profundos en su programa, Guillier comenzó con graves errores. Antes de la primera vuelta, el candidato señaló que como solución a la violencia en el sur debía aplicarse “el modelo español” de persecución del “crimen organizado”, trayendo jueces itinerantes de regiones (las “comisiones especiales” o  tribunales ad hoc que incluso prohíbe la actual Constitución de 1980), y juicios penales “exprés” (contrarios a todo debido proceso para delitos con penas graves, que debe ser razonablemente lato y no un “juicio sumario”) para evitar la solidaridad de ONGs y activistas de derechos humanos. Ante las críticas, otro grupo de sus asesores indígenas novomayoristas lograron que el candidato se desdijera (como ocurrió en tantos otros temas), corrigiendo el error, pero minando la confianza de amplias bases.

Ya en segunda vuelta, Guillier lanzó ante los pueblos del norte los denominados “compromisos en Huanchaca” y luego, en la IX región, el denominado “Pacto Por la Plurinacionalidad”, que contienen importantes compromisos como el reconocimiento de autonomías territoriales, terminar con la criminalización a los pueblos originarios, crear mecanismos especiales de restitución de las aguas y tierras indígenas, entre otros.

No obstante, a poco andar muchos indígenas nos percatamos de que sería imposible que Guillier cumpliera la mayoría de estos compromisos si se aprobaba una serie de proyectos de ley que se tramitan aún hoy en el Senado, que vulneran derechos de los pueblos originarios y que el actual Gobierno de la Nueva Mayoría pretendía aprobar antes de marzo (durante vacaciones) y con los actuales parlamentarios comprometidos con corrupción mediante boletas ideológicamente falsas bajo investigación.

Estos proyectos se convertirán en un serio candado para la efectividad de nuestros derechos, toda vez que se ciernen justamente contrariando sus promesas y compromisos de campaña y, por ende, le habrían amarrado las manos a Guillier y al nuevo Congreso.

Tales proyectos de ley son:

1.- Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas

Básicamente, el proyecto de ley crea representación indígena sin atender a la cultura y realidad de los pueblos. En vez de reconocer los Consejos ancestrales e históricos ya existentes (Consejo Nacional Aymara Arica-Parinacota, Consejos de Caciques de Chiloé, Consejo de Caciques del Futawillimapu, y dos Consejos Likan antai o atacameños; Ho Nui Rapa Nui, y la Identidad Lafkenche), se crean consejos paralelos, que excluirán orgánicas territoriales. Algunas, como el Consejo General de Caciques de Chiloé, funcionan desde el año 1600 d. C., con plena vigencia.

Ello permitirá suplantación de las autoridades representativas que el Convenio 169 de la OIT ordena respetar en los procesos de diálogo o interlocución con el Estado. El Estado, crea con ello falsa representación indígena y promueve la usurpación de poder político indígena territorial.

Guillier comprometió reconocer autonomías territoriales en el Pacto por la Plurinacionalidad, pero con este proyecto de ley las socava, pues desconoce las organizaciones que son base de la autonomía territorial. En vez de dar poder político a los Consejos ancestrales o históricos, les da personalidad jurídica a falsos Consejos creados por ley.

Este proyecto fue consultado en un proceso polémico, cuestionado por gran parte de las organizaciones indígenas que participaron, incluso hubo un “bar abierto”, y acusaciones de prebendas y beneficios a quienes se quedaron en el proceso.

El Gobierno le ha dado urgencia legislativa (se debe aprobar en 15 días) y se hoy encuentra en el lugar número 5 de la tabla del pleno del Senado (ya fue aprobada por la Cámara de Diputados).

2.- Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, también denominada Ley Súnico

La Ley Súnico tiene urgencia legislativa del Gobierno, renovada el 20 de diciembre de 2017, por lo que se debe aprobar en 15 días. Básicamente eleva las penas y multas de la pesca ilegal. De acuerdo a abogados de sindicatos pesqueros y organizaciones indígenas, este proyecto de ley afectará a los pueblos Yagán, Kawesqar, Lafkenche y Williche dedicados a la pesca, algueros y mariscadores, cuyos derechos de pesca y recolección ancestrales fueron excluidos injustamente de la Ley de Pesca. En algunos casos (posesión de especies capturadas sin autorización) la multa asciende a 23 millones, en otros (almacenamiento o procesamiento) hasta casi 70 millones de pesos, las que, en caso de no ser pagadas, pueden conmutarse en días de arresto hasta por 6 meses. Nuestros pescadores son pobres, a qué dudar, obviamente pagarán con cárcel. Tanto la Ley de Pesca, como lo que va de la Ley Súnico, se tramitaron sin consulta indígena.

Claramente, la derecha y Piñera están lejos de cumplir con los anhelos más sentidos de los pueblos originarios: plurinacionalidad, autodeterminación y autonomía territorial, en suma, derechos políticos. No obstante, estos elementos aparecieron nítidamente en la propuesta indígena ante el proceso constituyente, y ya no resulta curioso que actual gobierno no lo haya acogido, por lo que fracasó cualquier posible acuerdo en la consulta constituyente de 2017. En ese contexto, para los pueblos originarios, Guillier o era más de lo mismo, o abría un espacio renovador, presionado por captar electorado desilusionado de la política indígena tradicional.

Se criminaliza la pesca indígena, no reconocida en la Ley de Pesca, aprobada con corrupción en favor de las 7 familias dueñas de los derechos pesqueros en el mar chileno. La Ley Súnico es complemento de tal Ley de Pesca. Guillier se comprometió a derogar la Ley de Pesca, por lo que no se comprende que la coalición que lo apoya le dé urgencia legislativa a la Ley Súnico. El subsecretario de Pesca que promovió este proyecto de ley, Raúl Súnico, fue acusado de recibir platas de las pesqueras a través de su cónyuge.

3.- Reforma al Código de Aguas

Este proyecto de ley fue presentado por el actual Presidente electo Sebastián Piñera el jueves 17 de marzo de 2011, y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. El 8 de octubre de 2014, el Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó una indicación sustitutiva al proyecto mencionado, es decir, reemplazó el texto original.

Acontece que este proyecto de ley jamás ha sido consultado de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT. Cuando la Presidenta Bachelet, mediante el ministro de Agricultura Carlos Furche, presentó la indicación sustitutiva, tuvieron un texto preliminar con varias normas que regulaban expresamente las aguas indígenas, los que fueron eliminados previo a presentarse tales indicaciones a la Cámara de Diputados. Se informó en aquella oportunidad que esa vía permitía eludir la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT.

No obstante, durante su tramitación, el proyecto mencionado vio incluidas normas relativas a los pueblos originarios. No obstante la existencia de estas normas especiales y que nombran expresamente a los pueblos originarios, todo el Código de Aguas se aplica a los pueblos originarios, por lo que todo el Código de Aguas debe ser consultado, no solo lo que quiere el gobierno. Aspectos como el uso prioritario para consumo humano (no recogido en el texto actual), la gratuidad del agua como forma de adquisición desde el Estado por parte de las empresas, el régimen de las aguas del minero, las patentes por uso y por no uso, entre otros, son aspectos actuales de la reforma que deben ser consultados a los pueblos originarios.  En virtud de tal omisión, los pueblos originarios no hemos tenido oportunidad de ofrecer ninguna propuesta de reforma, lo que se ha verificado en todos los procesos de consulta legislativa realizados en Chile.

El ministro Furche comprometió aprobarlo antes de marzo, y ese era el estado de cosas antes de la segunda vuelta presidencial, cuando Guillier comprometió mecanismos de restitución de aguas ancestrales, que quedarían sellados antes de que asumiera como Presidente, con vulneración del Convenio 169 de la OIT.

Ante ello presentamos un recurso de protección contra las más altas autoridades del país, para efectos de que se consultase el texto del Código, en el anhelo de que el contenido de este se someta a estándares de derechos humanos.

Luego de la derrota de Guillier, desde el Senado trascendió que “sería muy difícil” aprobar el Código de Aguas con el actual Congreso, y en cambio se daría prioridad al Proyecto de Servicio de Biodiversidad para antes de marzo, pero el asunto no está zanjado.

4.- Proyecto de Ley que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Este proyecto de iniciativa presidencial, crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y áreas Protegidas que reemplazará a la Conaf, y crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado. Fue consultado pero no hubo acuerdo con los indígenas, ni incidencia real de los pueblos en los artículos aprobados. Incluso se dejó inconclusa la consulta a los indígenas yagán y kawesqar de Punta Arenas, pero se informó falsamente al Senado que tal proceso había concluido.

No contiene ninguna norma que garantice la gestión autónoma o cogestión de los pueblos indígenas en las áreas protegidas ubicadas en sus territorios efectivos o ancestrales, de acuerdo a estándares internacionales, que posibilitaría hacer real la autonomía territorial en las áreas protegidas. Incluso se aprobó una norma para cobrar entrada a los indígenas por visitar su propio territorio si están dentro de áreas protegidas. Trascendió que el Gobierno le pondrá tal decreto de urgencia a este proyecto en vez de la reforma al Código de Aguas, por lo que se aprobaría antes de marzo.

En vista de estos datos, muchos indígenas vimos el contrasentido de que la Nueva Mayoría y Guillier ofrecieran un “Pacto por la Plurinacionalidad”, pero sin territorio ni áreas protegidas, con falsa representación indígena, que socava autonomías territoriales, con criminalización de la pesca ancestral y sin agua. Además, seguimos afirmando lo inadecuado de legislar sobre pueblos originarios, reformas tan importantes, en periodo electoral, de vacaciones, y con los actuales parlamentarios, gran parte de ellos cuestionados por eventual cohecho, mediante boletas falsas a grandes empresas (SQM, pesqueras y otros).

Para solucionar estos problemas, hablamos con muchos hermanos y hermanas indígenas de la Nueva Mayoría, que sostenían la candidatura de Guillier, y solo recibimos silencio o amenazas. Incluso le expusimos esto a Osvaldo Rosales, y a uno de los hijos de Guillier, encargado de temas indígenas. Pero no hubo respuesta positiva.

Estos proyectos de ley siguen tramitándose en el Congreso. Creemos que estas son las verdaderas razones de la derrota de la Nueva Mayoría, que lejos de abrir su programa a “cambios profundos”, no solo dio señales contrarias a sus compromisos, sino que se encuentra dispuesta aun a traicionar su palabra.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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