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El rol del Estado y la sociedad frente al abordaje y comprensión de la salud mental infantil en Chile

por 11 febrero, 2019

El rol del Estado y la sociedad frente al abordaje y comprensión de la salud mental infantil en Chile
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A propósito de los reiterados cuestionamientos que ha enfrentado el Estado de Chile por los episodios de grave vulneración de derechos identificados en niños, niñas y jóvenes (NNJ) que se encontraban insertos en Centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores, el abordaje superficial de las políticas públicas en materia de infancia (muchas de ellas, con una mirada a corto plazo) y las cifras preocupantes en torno a la salud mental infanto-juvenil, nos obliga a mirar estos fenómenos con cautela y responsabilidad, pensando en los enormes desafíos que nuestro país enfrenta para favorecer la emergencia de ambientes protectores que resguarden transversalmente los derechos fundamentales de nuestros niños/as y jóvenes.

Como profesional vinculado a la intervención en salud mental e Investigador en el campo de las Ciencias Sociales, las cifras de salud mental infantil que acumula nuestro país son preocupantes y develan en parte, una acción errática y superficial por parte del Estado para diseñar e implementar un modelo integral de protección y promoción del buen trato en la infancia / juventud. Al respecto y según la información aportada por el Ministerio de Salud (2018), el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte entre niños y jóvenes en el país entre los 8 y los 18 años de edad, después de los accidentes. Asimismo, la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento en NNJ se sitúa alrededor del 20% de la población. Es decir, uno de cada cinco jóvenes sufre un tipo de trastorno mental en el mundo. Esto convierte a los trastornos mentales en una de las principales causas de morbilidad y discapacidad en este rango etario.

En el caso de Chile,  existiría una prevalencia general de trastornos mentales de 22,5% (19,3% para los hombres, 25,8% para las mujeres), siendo los trastornos del comportamiento disruptivo y los trastornos ansiosos los problemas más comunes. Lo más preocupante es que la tasa de prevalencia es más elevada en niños entre 4-11 años (27,8%), en comparación a los jóvenes entre 12-18 años (16,5%). En Santiago, el mismo estudio mostró una prevalencia de trastornos psiquiátricos de 25,4% (20,7% para los hombres y 30,3% para las mujeres).

Las cifras descritas precedentemente, evidencian que la Salud Mental en Chile, continúa siendo el ‘hermano pobre’ de nuestro sistema sanitario (Sandoval-Obando, 2016). En este sentido, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países debieran destinar un 5 % de los recursos en salud a esta área, sin embargo, la realidad nacional indica que solo se destina un 2,5 %. A este panorama, se suma que Chile junto con Corea del Sur, son las dos naciones en que la tasa de suicidio de niños y adolescentes aumenta cada año en vez de disminuir, y en donde existen altas tasas de automedicación y casi 1/3 de las licencias médicas emitidas en Chile se encuentran vinculadas a trastornos de salud mental.

En vista a lo anteriormente expuesto, conviene preguntarse si ¿son suficientes y adecuados los medios y recursos existentes para afrontar las necesidades de salud mental en nuestro país? ¿Qué impacto han tenido los esfuerzos generados en materia de promoción y prevención en salud mental? ¿Qué medidas concretas han surgido a partir del Acuerdo Nacional por la Infancia? ¿De qué manera se podría proteger la salud mental de los niños, niñas y jóvenes en Chile? ¿Qué rol juega la Academia y la Sociedad Civil en el diseño de las políticas públicas en materia de Infancia / Juventud?

A pesar de lo expuesto, esta realidad nos permite extraer algunas reflexiones: 1) los problemas de salud mental infantil se encuentran relacionados con los altos niveles de desigualdad existentes en Chile; 2) los trastornos mentales no son sólo una cuestión médica, sino una problemática social y política que involucra a la sociedad en pleno (Gobierno, familia, escuela, organizaciones de la sociedad civil, etc.), para implementar reformas estructurales en materia de infancia, educación, salud, cultura y deporte, entre otros; 3) la alta prevalencia de trastornos de salud mental y los costos asociados, contrasta significativamente con el aporte reducido del estado en esta materia, en donde ni siquiera existe una Ley de Salud Mental.

Finalmente, creemos que la salud mental infantil en Chile debe ser una prioridad nacional, que avance en la incorporación de la protección transversal de la infancia en los procesos de planificación y gestión de las políticas públicas; la promoción de un sistema educativo justo, igualitario y democrático que potencie el aprendizaje para toda la vida; el diseño de mecanismos eficaces de seguimiento y control, para la protección integral de los niños/as en situación de vulneración de derechos; el fortalecimiento de actividades que promuevan la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en los diferentes ámbitos de la sociedad; incentivar la función protectora y preventiva de las comunidades; avanzar en el empoderamiento jurídico de los niños, mujeres, familias excluidas y la sociedad civil a fin de mejorar su acceso a los bienes y servicios de apoyo disponibles, etc. No podemos olvidar que un país responsable y serio que protege integralmente a sus niños, niñas y jóvenes, se convierte en una nación que apuesta por un futuro democrático y justo para todos/as.

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