¿Es rol municipal hacerse cargo de la migración? El mandato legal es claro. Es el Ejecutivo –a través del Ministerio del Interior– el que debe tomar esa responsabilidad. Sin embargo, hemos podido ser testigos de que durante años los parlamentarios y el Ejecutivo (de ambos conglomerados políticos) no han dado una solución, debatiendo la nueva ley del ramo en eternos cónclaves que parecieran no llegar a ninguna resolución.
La migración es un fenómeno global que se agudiza cada vez más y que se genera por un sinnúmero de razones. Hemos visto a lo largo de los años cómo aumenta en nuestro territorio ante la pasividad de nuestras autoridades. Las distintas trabas políticas han impedido durante todo este tiempo llegar a una solución efectiva, que no sólo garantice el bienestar de nuestros ciudadanos, sino también la de los propios migrantes. Pero, para esto, es necesario terminar ya con los intereses partidistas y privilegiar el bien común.
Veamos lo que ocurrió hace unas semanas en Colchane (que vino a ser el testimonio más crudo de esta ola migratoria), situación de la que nadie se hizo cargo. Entonces, nos preguntamos: ¿qué rol están cumpliendo nuestras autoridades ante estos graves sucesos?
Si bien llevamos años observando cómo crece la migración, también constatamos cómo la autoridad migratoria y todo el aparataje ejecutivo y legislativo no dan una solución efectiva que garantice sus derechos a la ciudadanía y a los migrantes. Lamentablemente, en Chile hay muchos extranjeros en situación de calle, con problemas de vivienda, de acceso al trabajo formal y a la seguridad. A lo anterior se debe añadir el factor pandemia, el cual ha agudizado dicha situación, puesto que se vuelve otro motivo para migrar.
¿Es rol municipal hacerse cargo de la migración? El mandato legal es claro. Es el Ejecutivo –a través del Ministerio del Interior– el que debe tomar esa responsabilidad. Sin embargo, hemos podido ser testigos de que durante años los parlamentarios y el Ejecutivo (de ambos conglomerados políticos) no han dado una solución, debatiendo la nueva ley del ramo en eternos cónclaves que parecieran no llegar a ninguna resolución.
Cuando reflexiono sobre el quehacer municipal ante esta materia, me doy cuenta de que son escasas las herramientas con que dicha entidad cuenta para asegurar las garantías a todos, debido a que si el migrante no está regularizado, es invisible para el sistema administrativo, salvo cuando se trata de niños que tienen garantizadas la educación municipal y la atención primaria de salud. Pero sólo en esos casos, pues si un migrante se encuentra en situación irregular, ello ata de manos al municipio, en vista que para los programas sociales, su incorporación en la OMIL, se requiere de una cédula de identidad y tener registro social de hogares, por tanto ningún municipio puede dar una real solución.
Dichos requisitos son imposibles de obtener si el Departamento de Extranjería sigue con las trabas y las demoras para la entrega de la documentación: antes existían largas filas de personas esperando su atención, ahora muchos me comentan que existen filas virtuales que tardan meses e, incluso, años en dar respuesta a sus solicitudes, lo que al final agudiza la problemática. Todo esto redunda no sólo en la sensación de inseguridad que envuelve al migrante, sino también a la propia ciudadanía que termina sumida en la más completa incertidumbre frente a estos fenómenos.
La municipalidad de la comuna en la que vivo, Antofagasta, ha desplegado políticas relacionadas con la integración cultural a través de Casa de la Diversidad. Esta herramienta encuentra su límite en el proceso de regularización de migrantes, puesto que –como ya he mencionado– dicha facultad es privativa del Ministerio del Interior a través de los Departamentos de Extranjería. Aun así, es imposible no destacar el rol informativo e integrador que intenta llevar a cabo el municipio con este programa, pero es indudable que mientras desde el Gobierno central no se tomen políticas serias al respecto, es poco lo que los municipios pueden ofrecer.
Si bien, como señala la ONU, todos queremos una migración ordenada, segura y regular que proteja los derechos del migrante y de los habitantes nativos de cada uno de los respectivos países, debemos trabajar con claridad y perseverancia para ofrecer soluciones. Acá, la respuesta estaría en una política seria de las autoridades centrales. Ellas deben dar el “puntapié inicial” o poner la “primera piedra”, casi refundacional, en esta materia. Dejar de lado los intereses personales y partidistas, y resolver en favor del bien común, garantizando seguridad, pero también cordialidad con el migrante y respeto hacia nuestros ciudadanos.
