Opinión
Hace un par de semanas, el ministro de Educación, Marco Ávila, anunció la suspensión de la Evaluación Docente para el presente año y reiteró el compromiso del Gobierno de avanzar hacia un sistema único de evaluación, eliminando la duplicidad que existe hoy en día entre la Evaluación Docente y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (más conocido como la “Carrera docente»).
El rol de las profesoras y los profesores trasciende a la enseñanza exitosa de un currículum. Parte fundamental de su labor, sobre todo hoy, es saber gestionar la incertidumbre, ser mediador de conflictos y entregar contención emocional a los y las estudiantes en un brusco retorno a la presencialidad. Compartimos, en ese sentido, la propuesta del Mineduc; vemos la suspensión como algo necesario, ya que quita presión en un momento donde los principales problemas que enfrentan las comunidades educativas tienen relación con las brechas de aprendizajes que dejó la pandemia, y los problemas socioemocionales que afectan a la comunidad escolar en su conjunto. Los esfuerzos, por tanto, requieren ser concentrados en las múltiples necesidades y urgencias del contexto actual.
Por otro lado, existe cierto consenso sobre el rol de la evaluación en el sistema escolar como una herramienta que permite reorientar procesos y prácticas para la búsqueda de mejores aprendizajes. No obstante, los sistemas de evaluación para docentes escapan a esta definición, convirtiéndose en mediciones que no contribuyen mayormente a generar políticas para reorientar sus prácticas, sino más bien categorizando el desempeño; en algunos casos, como las evaluaciones de desarrollo docente, impacta en sus remuneraciones.
Cuando hablamos de desarrollo profesional docente, hacemos una evaluación que interpela directamente al profesorado sin considerar otros factores que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como la gestión de la escuela, los espacios que se abren para la innovación o la cantidad de horas que tienen para planificar y retroalimentar el trabajo en clases, conocidas también como horas no lectivas.
Si bien en los últimos años se ha avanzado en el aumento de horas no lectivas, de un 25% a un 35% en algunos casos, según la OCDE somos el país con mayor diferencia entre la cantidad de horas destinadas para el desarrollo de clases y las que se destinan para la planificación y retroalimentación de estas, 720 horas de clases versus las 1064 de Chile. Entonces, por más que evaluemos, ¿es posible mejorar el desarrollo profesional docente si no avanzamos hacia cambios estructurales más allá de la medición, categorización e incentivos individuales a docentes?
Un sistema de evaluación no debe tener como fin único medir y categorizar, debe tener un propósito formativo, que contribuya a identificar las posibilidades de mejora de las profesoras y los profesores, desarrollando estrategias desde la política pública que permitan el perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas. Por tanto, debe mirar la escuela de manera integral, y reorientar lineamientos sobre las condiciones a través de las cuales se prepara la enseñanza y se genera el aprendizaje. Nuestro sistema actual, sin embargo, es más cercano a la medición que a la evaluación.
Este sistema, tal cual lo conocemos, creemos que obliga a las educadoras y los educadores a destinar parte importante del tiempo para la preparación de la enseñanza al desarrollo de su evaluación profesional, fomentando prácticas mayormente individualistas y cercanas a una lógica competitiva en la escuela.
Debemos avanzar hacia un sistema de evaluación que se preocupe de la colaboración y la profesionalización de los aprendizajes, fomentado, por ejemplo, la construcción de comunidades de aprendizaje profesionales en los establecimientos. Pero no solo eso: el perfeccionamiento del sistema debería unificar la evaluación docente –por eso, la intención del gobierno de presentar un proyecto en esta línea debe ser valorada–, como también considerar el entorno en el que se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje y permitir reorientar las prácticas docentes hacia la colaboración, promoviendo la innovación en los espacios escolares.
Reconocemos a las profesoras y los profesores como responsables directos del aprendizaje en el estudiantado, pero los equipos de gestión y otros actores escolares tienen una responsabilidad directa en el desarrollo y las condiciones bajo las que se generan las prácticas docentes. Es por esto que necesitamos un sistema de evaluación integral, que mire a la comunidad educativa en su conjunto y que nos permita generar espacios de mejora en el sistema escolar, reorientando las prácticas en torno al aprendizaje y promoviendo el desarrollo profesional docente desde cambios estructurales, que nos ayuden a avanzar hacia una mejor gestión del trabajo docente y la profesionalización del aprendizaje.
