En relación con el golpe de Estado y, más allá de él, en nuestros propios días el juicio ciudadano no requiere partidismo ni abanderamientos, sino solo una decisión sobre qué es lo correcto, si la continuidad de la democracia o su quiebre.
La tesis que defiendo en esta columna es que la calificación y asignación adecuada de responsabilidades en el golpe de Estado en Chile de 1973 solo es posible si se toman como referencia los esfuerzos de Salvador Allende por buscar una salida política e institucional a la aguda crisis en que se vio sumido el país.
Para sustentar mi tesis es necesario establecer una distinción entre el contexto de la crisis de la Unidad Popular (UP), de una parte, y el contexto de la búsqueda de salidas a la crisis, de la otra. El punto de inflexión que marca la diferencia entre ambos contextos es el temor a la guerra civil, expresado por la gran mayoría de los actores, incluido Allende. Efectivamente, a partir de un determinado momento (sobre todo después del Tanquetazo en junio del 73), la crisis en la que estaba sumido el país adquiere tal gravedad que entró en el horizonte de previsión realista una posible guerra civil. Ello produjo en algunos actores ⎯no en todos, sí en Allende, sí en los golpistas⎯ la consciencia clara de tener que intervenir para evitar ese desenlace.
Para delinear mi argumento no necesito descreer de la justificación de la Junta Militar cuando indica que llevó a cabo el golpe de Estado para evitar una guerra civil. Tal postura es, sin duda, problemática, pero pido por el momento que se me conceda ese crédito. Las razones se harán evidentes con el desarrollo del argumento. El punto relevante ⎯que permite delinear las responsabilidades frente al golpe⎯ es que hubo otra salida posible, que era la que buscó Allende hasta el mismo 11 de septiembre: la salida político-institucional. Hubo dos salidas en el escenario, eso no debe olvidarse por el hecho de que solo conozcamos la que se llevó a cabo, el golpe de Estado.
No hablo aquí de la vía democrática al socialismo (contexto de la crisis), sino de que Allende estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto ⎯terminar su gobierno⎯ para salvar la democracia (contexto de salida a la crisis). Los dos Allende relevantes ⎯ambos en un registro político⎯ son estos y no otros: el Allende en la difícil compañía de los partidos de la UP, y el Allende solitario que rompió con esa coalición buscando salvar la constitucionalidad democrática del país. Los hechos históricos principales y documentados para sostener ello son dos.
El primero consiste en las reiteradas solicitudes de reunión que Allende hiciera a Frei Montalva y Patricio Aylwin, por intermediación del cardenal Raúl Silva Henríquez, quien estaba completamente al tanto y comprometido con la salida político-institucional buscada por Allende. Jaime Guzmán testificó con temor y hasta desprecio este rol del cardenal. Allende, conversando con la oposición, a instancia de la Iglesia católica, en contra de su coalición, eso es lo que se debe sopesar. Más clave aún son las conversaciones de Allende con los partidos de la UP.
Ampliamente documentado está el hecho de que Allende defendió frente a su coalición de gobierno tres vías concretas para la salida político-institucional: un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano (DC); un plebiscito sobre la continuidad de su gobierno; o un gobierno de Seguridad y Defensa Nacional ⎯acotando que, de no ponerse de acuerdo la UP en torno a alguna de estas alternativas, lo dejasen a él tomar la decisión–. La opción de Allende fue la de llamar a plebiscito sobre la continuidad de su gobierno, a sabiendas de que era muy posible que lo perdiera. El discurso que lo anunciaba estaba organizado para el mismo 11 de septiembre en la Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy Universidad de Santiago de Chile).
Esto suponía una ruptura con la UP, quienes rechazaron todas y cada una de las alternativas, también la de que Allende decidiera entre ellas. De igual manera, está documentado que el día 10 de septiembre el Partido Comunista (PC) se plegó a la propuesta presidencial de un plebiscito de salida a la crisis, al mismo tiempo que acordó el quiebre con el resto de los partidos de la UP. Se sabe además que los comunistas le hicieron a Allende la contrapropuesta de acortar a cuatro años su mandato. La respuesta de Allende a esta contrapropuesta nunca se llegó a conocer.
Pinochet contó con esta información privilegiada. Ello detonó que la salida golpista a la crisis se anticipara a la salida institucional. Allende sabía lo preocupante y agudo de la situación, pero no podía saber que su decisión adelantaría el golpe de Estado. Por simple lógica no tiene sentido decir que su decisión fue tardía, o lo tiene solo si con ello se quiere señalar que fue anticipada por la salida golpista. Lo único cierto es que tomó esa decisión, y esa actuación responsable, agencial y proactiva, pudo haber cambiado la historia de nuestro país.
Si se toman en serio y como referencia estos esfuerzos de Allende, entonces recién ahí cabe calificar y asignar adecuadamente las responsabilidades en el golpe de Estado en Chile de 1973. Sin pretensiones de exhaustividad ni menos de análisis histórico, presento aquí rápidamente dicha delimitación en torno a tres actores fundamentales: los partidos de la UP, los líderes de la DC y las jefaturas militares que acometieron el golpe.
Los partidos de la UP, en especial el Partido Socialista de Chile, tienen responsabilidad culpable tanto en el contexto de la crisis como en el contexto de salida a la crisis. En el primero se trata de una responsabilidad que cabe llamar sistémica en el sentido de que co-contribuyeron a generar un clima de polarización extrema que configuró a su vez el escenario de una guerra civil, previsto y temido por todos los actores. Esto ha sido ampliamente documentado y no cabe ahondar en ello. Más importante aquí es su responsabilidad en el contexto de salida a la crisis: ahí tuvieron una responsabilidad culpable que cabe llamar evitativa, en el sentido claro y estricto de haber entorpecido directamente la salida político-institucional buscada por Allende, al punto de que este tuvo que decidirse a romper la coalición para poder llevarla adelante. Pese a su postura inicial, el PC se libera de esa responsabilidad evitativa, pues terminó por apoyar la iniciativa de Allende.
¿Tuvo algún tipo de responsabilidad la DC en el contexto de la crisis? Eso es algo que no puedo responder sin un análisis histórico más profundo. Digamos que no, pues el punto clave es otro: su responsabilidad en el contexto de salida a la crisis es meridianamente clara. De acuerdo con los antecedentes históricos conocidos, Frei Montalva y Patricio Aylwin no tienen responsabilidad agencial en la salida golpe de Estado, y tiene poco sentido acusarlos de ello. Su responsabilidad culpable viene por otro lado. Ellos optaron clara y decididamente por no comprometerse con la salida político-institucional, a la que los convocaba Allende.
Frei, en particular, argumentó su rechazo a asistir a esta convocatoria en términos de una responsabilidad evitativa; esto es, abstenerse calculando las consecuencias negativas que tendría para su partido el entrar en conversaciones con Allende. En este sentido, Frei y Aylwin tienen una responsabilidad equivalente a la de los partidos de la UP, por haber evitado comprometerse con la salida político-institucional. O Frei y Aylwin siguieron calculando y operando en el contexto de la crisis ⎯es decir, sin el estado reflexivo que requería el contexto de salida a la crisis⎯, o, lo que es más plausible, contrario a su tradición, ya habían asumido el costo institucional de la salida golpe de Estado. En todo caso, juzgado este accionar en términos de sus consecuencias históricas, es evidente una responsabilidad por omisión y, en este sentido, es un accionar no exento de culpa.
Por último, la responsabilidad de los militares que acometieron el golpe de Estado es distinta. En el contexto de la crisis, su responsabilidad sistémica solo puede residir ahí donde fue posible enterarse de prácticas conspirativas y preparativas de lo que luego sería el golpe de Estado. En la medida que ellas fueron conocidas, contribuyeron a la reproducción del fenómeno de la polarización y la agudización de la crisis. No mucho más se puede decir al respecto. Ahora bien, su responsabilidad fundamental se enmarca en el contexto de salida a la crisis.
Como decía más arriba, mi análisis no requiere descreer de la justificación de la Junta Militar cuando afirma que el golpe de Estado se llevó a cabo para evitar una guerra civil. El golpe habría sido un “mal menor” frente a una inminente guerra civil, que es el “mal mayor”; es decir, el derramamiento de sangre de compatriotas. Asumamos que así fue. ¿Es ello razón para considerar, como hasta hoy hacen muchos, que se trató de un acto de responsabilidad agencial en sentido positivo? Hay dos grandes argumentos para responder negativamente.
En primer lugar, hay un argumento que requiere considerar lo ocurrido después del golpe. Los miles de muertos, desaparecidos, torturados, perseguidos, exiliados, y la larga dictadura, son hechos indesmentibles que invalidan esa justificación. Si los militares hubiesen evitado en lo posible el derramamiento de sangre y hubiesen limitado al mínimo el uso de la fuerza, junto con proceder a entregar el poder a instituciones civiles en el más corto plazo (cuestión que era el cálculo y la ingenua esperanza de los democratacristianos que justificaron el golpe de Estado), tal vez hubiesen podido justificarse de mejor manera como quienes asumieron una responsabilidad moral (positiva) frente a un inminente “mal mayor”.
Cuando la salida a una crisis supone cuestiones tan costosas como el quiebre de la democracia y costos en vidas humanas, la acción responsable positiva es buscar mitigar al máximo esos costos. Pero en vez de mitigarlos, se exacerbó la barbarie. Por ello, los terribles hechos ocurridos desde el mismo golpe y durante la larga dictadura ubica a quienes lo llevaron a cabo en el terreno de la responsabilidad agencial culpable. Ello resulta inapelable.
En segundo lugar, hay un argumento que refiere al golpe de Estado mismo, no a sus terribles consecuencias, y este es el argumento clave aquí. Sabemos que la justificación racional de la violencia supone siempre que ella ⎯la violencia como medio para alcanzar un fin⎯ sea la única alternativa existente. De haber otras alternativas conocidas, la violencia pierde este tipo de justificación, y la validez deviene mera facticidad. Por este motivo, la documentación de los esfuerzos de Allende por lograr una salida político-institucional (repito, esfuerzos conocidos por quienes darían el golpe), es tan relevante histórica y lógicamente.
Su relevancia reside en que la existencia efectiva de una vía alternativa para evitar la guerra civil echa por tierra la justificación del golpe. Lo hace porque ambas alternativas de salida a la crisis no están al mismo nivel desde el punto de vista moral: el quiebre de la democracia es siempre algo negativo comparado con la continuidad de ella. Puesto que había otra alternativa, la violencia era una vía posible, pero no necesaria para evitar la “guerra civil”. Por este motivo la salida golpe de Estado se ubica necesariamente en el terreno de la responsabilidad agencial culpable.
En relación con el golpe de Estado y, más allá de él, en nuestros propios días el juicio ciudadano no requiere partidismo ni abanderamientos, sino solo una decisión sobre qué es lo correcto, si la continuidad de la democracia o su quiebre. La cuestión es relativamente simple, pero en ningún caso resuelta.
