Opinión
La Teletón puede haber jugado un rol importante en Chile como instancia de unión nacional en torno a una causa noble. Hoy está fuera de lugar, y parece, más que ingenuo, incluso falaz que todo el país tenga poco menos que hacer genuflexiones ante los grandes empresarios. Algo parecido sucede hoy con el programa Compromiso País, el plan estrella del ministro Moreno (y del Gobierno) para derrotar la pobreza. Hasta ahora, como denunció Benito Baranda, hay demasiado interés en sacarse la foto, aun antes de explicar de qué se trata la iniciativa.
Hace tiempo que distintos actores vienen reclamando que los recursos para personas con discapacidad debieran ser aportados por el Estado, y que la Teletón se debiese acabar, al menos en lo que se refiere al lavado de imagen que significa para grandes empresas y empresarios, que luego se sabe que están involucrados en casos de colusión, evasión tributaria, financiamiento irregular de la política u otros. Baste recordar que Carlos Délano fue presidente del directorio de la Fundación Teletón.
La Teletón puede haber jugado un rol importante en Chile como instancia de unión nacional en torno a una causa noble. Hoy está fuera de lugar, y parece, más que ingenuo, incluso falaz que todo el país tenga poco menos que hacer genuflexiones ante los grandes empresarios, por el hecho de que pongan 300 o 400 millones de pesos, a cambio de una campaña de publicidad que probablemente les reporta mucho más en términos de ventas directas, para no hablar de lo que significa en términos de imagen corporativa.
Si efectivamente el 70% de lo que recauda la Teletón lo pone(mos) las personas –como no se cansa de repetir don Francisco durante las 27 horas de amor–, entonces hagamos una Teletón que sea efectivamente una fiesta ciudadana, no una operación de lavado de imagen de empresarios que luego evaden impuestos, obtienen utilidades fuera de norma, financian ilegalmente campañas y corrompen a la clase política… El 30% restante lo podrá poner el Estado, a través de partidas presupuestarias regulares, sin tantos bombos ni platillos. Y, si efectivamente el impulso de donar de los empresarios es tan grande, pues que lo hagan, pero sobriamente, como cualquier chileno más.
[cita tipo=»destaque»]La verdadera razón por la que un segmento tan amplio de la población se encuentra completamente excluido de la riqueza y beneficios que genera el crecimiento del país, la verdadera causa de la pobreza y la marginalidad, radica en el modelo de desarrollo actualmente vigente, no en la falta de capacidades o de esfuerzo de las personas afectadas. Y resulta que este modelo de desarrollo es fomentado precisamente por las grandes empresas que prosperan y engordan bajo su sombra luctuosa hasta límites verdaderamente monstruosos, mientras que las grandes mayorías sociales se quedan, por así decirlo, a la intemperie. Los grandes empresarios tienen, por tanto, una responsabilidad relevante en la raíz del problema, no en sus ramificaciones tardías y superficiales.[/cita]
Algo parecido sucede hoy con el programa Compromiso País, el plan estrella del ministro Moreno (y del Gobierno) para derrotar la pobreza. Hasta ahora, como denunció Benito Baranda, hay demasiado interés en sacarse la foto, aun antes de explicar de qué se trata la iniciativa.
El proyecto refleja a la perfección la idea de la derecha para superar la desigualdad, la exclusión, la marginalidad social. Esta sugiere que los grandes problemas sociales se pueden superar al margen de cualquier conflicto o lucha de poder, trabajando todos unidos por un objetivo común. Es, por así decirlo, la refutación última del marxismo: en vez de lucha de clases entre capitalistas y trabajadores, el verdadero camino es trabajar unidos por un país mejor.
En un sentido profundo, el objetivo, por cierto, no anda tan desencaminado. Ciertamente para superar la desigualdad social se requiere un compromiso de todos los actores y es obvio que las megaempresas, especialmente en el caso de Chile, en que son las dueñas del país, tienen un rol muy importante que jugar. El problema es definir cuál es el rol que la sociedad requiere de las empresas y si es el mismo que les va a demandar esta iniciativa tan precipitadamente bautizada ‘Compromiso País’.
Si lo que se pretende es transformar al Estado en una especie de ONG, para montar una nueva clase de macro-Teletón, orientada ahora a resolver los problemas estructurales de la injusticia social a punta de campañas de beneficencia privada, entonces es claro que el rol que pueden jugar los grandes empresarios ahí está viciado de antemano.
No es que Chile no necesite solidaridad, tampoco es que las políticas sociales deban estar vaciadas de un sustrato valórico (un error en el que a menudo recae la izquierda), lo que ocurre es que se requiere una solidaridad, por así decirlo, “intrínseca”, que permee de forma estructural la forma en que organizamos la sociedad y concebimos el modelo de desarrollo, no una solidaridad marginal, que pretende lavar las lacras de un sistema injusto, por medio de algunas prebendas menores, por muy útiles que estas parezcan. Para eso, ya tenemos a Farkas.
La verdadera razón por la que un segmento tan amplio de la población se encuentra completamente excluido de la riqueza y beneficios que genera el crecimiento del país, la verdadera causa de la pobreza y la marginalidad, radica en el modelo de desarrollo actualmente vigente, no en la falta de capacidades o de esfuerzo de las personas afectadas. Y resulta que este modelo de desarrollo es fomentado precisamente por las grandes empresas que prosperan y engordan bajo su sombra luctuosa hasta límites verdaderamente monstruosos, mientras que las grandes mayorías sociales se quedan, por así decirlo, a la intemperie. Los grandes empresarios tienen, por tanto, una responsabilidad relevante en la raíz del problema, no en sus ramificaciones tardías y superficiales.
Desde luego que para modificar el modelo de desarrollo se requiere el concurso y la voluntad de los grandes empresarios. Estaría muy bien que incorporaran un compromiso político que permita prevenir efectivamente los monopolios, evitar la colusión, mejorar las condiciones laborales y el crecimiento profesional de los trabajadores, detener la depredación medioambiental, fomentar asociatividad y el desarrollo compartido con la comunidad, poner coto a las utilidades desproporcionadas y, por último, asegurar tasas impositivas más generosas, que permitan mejorar el nivel de desigualdad antes y después de impuestos. En otras palabras, un compromiso país que sirviera de verdad para construir una sociedad más integrada, y más justa.
El ‘Compromiso País’ tendría sentido si fuera una instancia realmente democrática, que siente a la misma mesa a un conjunto de actores habitualmente en conflicto, y tome decisiones vinculantes en pro de la sociedad en su conjunto. No lo tiene tanto si se transforma en una nueva organización de beneficencia que, más que solucionar los problemas de fondo, se queda en arreglos cosméticos, donde lo que verdaderamente importa son las cámaras y los flashes que servirán para lavar la imagen, y quizás incluso las conciencias, de quienes allí participan.
