Recuperar a Carabineros: no hay tiempo que perder

Fui formado, como la gran mayoría de los chilenos, en el respeto a la misión y la labor que desarrolla Carabineros de Chile. En incontables ocasiones, no menos en mis años como diputado por Colchagua y Cardenal Caro, aprecié directamente el sacrificio que la labor policial involucra. Es desde esa posición que creo indispensable levantar la voz para exigir que Carabineros vuelva a ser de Chile.

Como nobleza obliga, comencemos diciendo las cosas como son. Carabineros jamás se encontraría en esta situación si no hubiera sido por la colosal negligencia con que las autoridades civiles a cargo del control de la institución se han comportado.

Nadie en su sano juicio podría calificar como “hechos aislados” o responsabilidad solo de “un pequeño núcleo de desalmados al interior de la institución” lo que se ha convertido en la tónica de las noticias que recibimos periódicamente. En una escalada trágica y en pocos meses, fuimos testigos de la defraudación de dineros públicos en una cifra que superó los $26 mil millones de pesos, del montaje para fabricar pruebas judiciales en La Araucanía que pasamos a conocer como “Operación Huracán” y, hace pocos días, de lo que ya parece un nuevo asesinato por la espalda de un comunero mapuche. Sume eso a investigaciones ya olvidadas por pérdidas de armamento en custodia de la institución y anomalías en procesos de compras públicas, entre otras cosas.

[cita tipo=»destaque»]Lo que aquí ha ocurrido, como pude constatar al participar como diputado en la Comisión Investigadora del Fraude en Carabineros durante el año 2017, es que hace mucho rato ya que las autoridades civiles y políticas con responsabilidad de control sobre Carabineros escogieron ubicar a la policía uniformada en un “estado de limbo”, en el que se le concedió completa autonomía para administrar sus recursos y definir sus procedimientos. Estas autoridades, incluyendo a la Contraloría General de la República, han pretendido señalar que carecían de las competencias legales necesarias para controlar con eficacia. No es cierto. La verdad es que no consideraron necesario intervenir.[/cita]

Ahora pregúntese, ¿nadie está a cargo, además del mando institucional, de impedir que lleguemos a este estado de cosas?

Lo que aquí ha ocurrido, como pude constatar al participar como diputado en la Comisión Investigadora del Fraude en Carabineros durante el año 2017, es que hace mucho rato ya que las autoridades civiles y políticas con responsabilidad de control sobre Carabineros escogieron ubicar a la policía uniformada en un “estado de limbo”, en el que se le concedió completa autonomía para administrar sus recursos y definir sus procedimientos. Estas autoridades, incluyendo a la Contraloría General de la República, han pretendido señalar que carecían de las competencias legales necesarias para controlar con eficacia. No es cierto. La verdad es que no consideraron necesario intervenir.

El resultado de este “dejar hacer” hoy está a la vista y su resultado más evidente es el desplome de la confianza ciudadana en la que hasta hace poco era la institución que gozaba del mayor aprecio y respaldo por parte de los chilenos.

Cambiar este estado de cosas no será fácil.

Primero, porque las urgencias siempre serán otras y la complejidad de estos cambios, que no garantizan rédito político en el corto plazo, es elevada. En segundo lugar, porque se encuentra extendida entre nuestros dirigentes políticos, en el Gobierno y el Congreso, la noción errada de que si se cuestiona a Carabineros se desmorona la República. Esa es la hipótesis benévola para explicar la conducta de quienes insisten en defender a la policía uniformada frente a lo indefendible, sin importar cuánto daño le causan con ello. La hipótesis menos benévola, por otro lado, se encontraría en lo que también se me dijo en su momento: el temor a una “vuelta de mano” por parte de quienes indudablemente disponen de amplia información sobre las vidas de todas las autoridades. Por último, por la inexplicable falta de preparación y profesionalismo de nuestras autoridades políticas en el campo de la seguridad ciudadana, lo que las sitúa permanentemente en una posición de desmedro frente a quienes reclaman para sí estas competencias.

Como sea, sucesivos gobiernos permitieron que llegáramos hasta este punto y ya no hay soluciones evidentes. Improvisar, responder para evitar caer en las encuestas o situarse bien en ellas, actuar sin un diseño de largo plazo y amplio consenso político, sería el mayor error.

Por esa razón, lo primero es renunciar a la tentación inevitable de esperar a que la tensión pública por los sucesos de La Araucanía disminuya, para luego dejar que todo siga igual. Es indispensable que el Gobierno asuma su responsabilidad en la construcción desde hoy de un consenso político sobre la necesidad de reforma de Carabineros y sobre los elementos básicos de esta. Este consenso debe traducirse a lo menos en la pronta modificación legislativa de la institucionalidad de la policía uniformada, terminando con el mando omnímodo de su general director, restituyendo los controles civiles y poniendo fin a la opacidad con que la policía conduce sus asuntos.

Por último, y sé que esta opinión no será mayoritaria, veo muy difícil que la respuesta a estos desafíos pueda surgir desde la propia institución. Esa oportunidad ya pasó. Intervenir a Carabineros y nombrar a su cargo a una figura externa a la institución, libre de compromisos con la actual estructura interna y dotada de un mandato reformador claro, puede ser un requisito básico para iniciar el lento camino de reencuentro entre la policía uniformada, su misión institucional y los chilenos.

En una cosa estaremos de acuerdo: no habrá avances sin la decisión política del Gobierno y el apoyo transversal de los diversos sectores políticos. De ello depende que Carabineros vuelva a ser de Chile.

No hay más tiempo que perder.