Biodiversidad y coherencia

En Chile, la tan reiterada preocupación por conservar la biodiversidad no se plasma en una asignación suficiente de recursos financieros para proteger y recuperar su patrimonio, considerado una de las 35 áreas críticas de conservación de la biodiversidad a nivel global bajo severas amenazas. Nueve de los 127 ecosistemas terrestres del país presentan una disminución de más del 70% de la superficie que originalmente cubrían. Por otra parte, 66% de las especies nativas evaluadas, presentan algún grado de amenaza y el 62 % de las pesquerías se encuentran sobreexplotadas o agotadas/colapsadas, lo que refleja las presiones extractivas a las que están sometidos los ecosistemas y las especies marinas.

Además de su valor identitario y su carisma, la biodiversidad es uno de los nueve límites planetarios que no deben ser sobrepasados, pues ello significaría un riesgo sustancial que tendría como consecuencia desestabilizar las condiciones del planeta en las cuales actualmente se desarrolla la humanidad.

El principal problema que enfrenta la institucionalidad nacional es la poca relevancia que se le asigna a la conservación de la biodiversidad. El gasto en protección de ella y los paisajes, alcanza solo a un 0,13 % del gasto público del gobierno central, es decir, el más bajo de los países de la OCDE en esta materia.

[cita tipo=»destaque»]Lamentablemente, la no asignación de los recursos básicos suficientes para la protección se mantiene al momento de diseñar nuevas iniciativas institucionales. Es el caso del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya discusión se inició en el primer Gobierno del Presidente Piñera, continuó durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet y actualmente está en tramitación en el Senado. Este proyecto crea o reasigna un total de 33 instrumentos regulatorios, de información y de fomento y establece a lo menos 52 funciones regulatorias, de información, de fomento, de fiscalización y de registro a la nueva institucionalidad que sea crea. Se trata de una labor gigantesca que requiere muchos recursos.[/cita]

Claramente se trata de un presupuesto insuficiente. De acuerdo al estudio «Propuesta de Estrategia Financiera 2015-2030, Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile», realizado por el PNUD el año 2012, las áreas protegidas terrestres presentaban brechas financieras, en relación con un escenario básico y uno óptimo, que alcanzaban a 57,9% y 121,1%, respectivamente. En el caso de las áreas marinas, el presupuesto disponible es minúsculo, lo que lleva a una brecha financiera que alcanzaba, ese mismo año 2012, a 9.747,8% en un escenario básico y a 10.981,0% en uno óptimo.

Adicionalmente, no todos son recursos seguros, pues en el caso del presupuesto asignado a CONAF para las Áreas Protegidas (SNASPE) (MM$ 15.324), un 52,2% proviene de ingresos de operación (ventas de entradas e ingresos de concesiones). No hay nada negativo per se en que las áreas protegidas se financien parcialmente con ingresos propios, sin embargo, cuando se trata de porcentajes tan elevados, se genera incertidumbre, pues no siempre las metas de ingresos se cumplen. Por otra parte, estos ingresos implican la exigencia de desatender las tareas regulares de conservación para preocuparse de turistas y visitantes (en EE.UU. solo un 12% del presupuesto del Servicio de Parques proviene de ingresos de operación).

Lamentablemente, la no asignación de los recursos básicos suficientes para la protección se mantiene al momento de diseñar nuevas iniciativas institucionales. Es el caso del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya discusión se inició en el primer Gobierno del Presidente Piñera, continuó durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet y actualmente está en tramitación en el Senado. Este proyecto crea o reasigna un total de 33 instrumentos regulatorios, de información y de fomento y establece a lo menos 52 funciones regulatorias, de información, de fomento, de fiscalización y de registro a la nueva institucionalidad que sea crea. Se trata de una labor gigantesca que requiere muchos recursos.

Cuando se analiza cuáles son los recursos con que contará este nuevo servicio, nos encontramos con una situación miserable. El proyecto considera un presupuesto que, en régimen, alcanza aproximadamente a MM$ 38.811. Dado que se trata de un servicio desconcentrado y con una elevada carga operacional, se puede inferir que sus costos de administración serán de alrededor de 30%, lo que significa que el monto realmente disponible para operar es del orden de los MM$ 27.168. A este monto, es necesario descontarle los recursos del SNASPE, lo que deja un saldo operacional de MM$ 11.844, de los cuales MM$ 2.000 están destinados al Fondo Nacional de la Biodiversidad.

Así, el presupuesto realmente disponible para llevar adelante las funciones distintas de administrar el SNASPE, llega solo a MM$ 9.844. Dado que los recursos correspondientes al SNASPE están destinados a administrar tres instrumentos (parques, reservas y monumentos naturales), se tiene que los restantes 30 instrumentos deberían administrarse con MM$ 328/año por instrumento, cifra totalmente insuficiente para varios de ellos, en particular para las áreas marinas protegidas. La situación es aún más compleja a la luz de las obligaciones de fiscalización que el proyecto establece para el SBAP, que no están consideradas en el análisis financiero previo. A la luz de la gran cantidad de instrumentos regulatorios y de fomento que considera el proyecto, los MM$ 9.844 resultan totalmente insuficientes.

Hoy, es evidente que se requiere avanzar en conservación de la naturaleza con una mirada de futuro. Frente a una serie de desafíos que deberá enfrentar el país en este ámbito, se hace más que necesario tener una mayor coherencia entre los objetivos que se plantean y los recursos destinados para llevarlos a cabo. No hacerlo, significa que mantendremos un SNASPE presionado, unas áreas marinas casi sin administración y el resto serán solo buenas palabras o demagogia estatista.