Opinión
La descentralización no se agota en la elección popular de las autoridades regionales. Debemos avanzar en la participación activa de las comunidades, en el control democrático y en la rendición de cuentas. El poder de las decisiones, las responsabilidades y los recursos públicos deben estar al servicio de las visiones de desarrollo y bienestar de la ciudadanía.
Después de más dos siglos de historia, de un largo proceso de debate político y de una reforma constitucional, este 14 de julio se cumplieron dos años desde que los primeros gobernadores y gobernadoras regionales electos asumieron el desafío de encabezar un proyecto de desarrollo propio para cada región. Este paso fue clave para fortalecer nuestra democracia y avanzar en descentralización, proceso que cobra sentido cuando es puesto al servicio de cerrar las brechas que existen en el país, a través de un desarrollo que reivindique la diversidad e identidad de los territorios.
El mandato descentralizador del gobierno del Presidente Gabriel Boric se materializa con el trabajo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, su Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, y el gabinete en su conjunto. En el marco de esta agenda hemos abierto espacios de diálogo entre autoridades regionales y nacionales, que se materializaron en la firma del acuerdo de descentralización de principios de este año, y en medidas como la aprobación de la ley de royalty minero y el ingreso del proyecto de ley “Regiones más fuertes”. Actualmente, avanzamos en el procedimiento de transferencia de competencias a los gobiernos regionales, atendiendo las prioridades de desarrollo de cada uno.
Se han instalado los primeros pilares para descentralizar nuestro país, sin embargo, el camino recién comienza. Esta nueva organización política y administrativa ha puesto en evidencia la necesidad de definir una hoja de ruta que establezca horizontes claros. Mediante un proceso participativo, construiremos una Política Nacional de Descentralización, al año 2035, que se haga cargo de los desafíos y definiciones pendientes: mejorar la asignación de funciones y recursos entre gobiernos locales, regionales y nacional para que el Estado esté presente de manera pertinente en todos los territorios del país; que la coordinación entre niveles se institucionalice y no dependa de circunstancias políticas, asegurando la articulación y eficiencia administrativas. Esta política será un instrumento de Estado que supere el periodo de gobierno, con vistas a lograr un equilibrio en la distribución del poder, que contribuya a mejorar las condiciones de desarrollo de los territorios y sus comunidades.
La descentralización no se agota en la elección popular de las autoridades regionales. Debemos avanzar en la participación activa de las comunidades, en el control democrático y en la rendición de cuentas. El poder de las decisiones, las responsabilidades y los recursos públicos deben estar al servicio de las visiones de desarrollo y bienestar de la ciudadanía. Este es el objetivo que mueve la agenda de descentralización del Gobierno del Presidente Boric: mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Chile.
