Opinión
El agua en Chile contribuye al logro de beneficios sociales nacionales, como los derivados de la superación de la pobreza, y también ambientales, como la preservación ecosistémica, que trascienden largamente los intereses particulares y locales.
El Gobernador de la Región de Valparaíso, Sr. Rodrigo Mundaca, ha publicado en este medio una columna titulada “El derecho humano al agua sigue siendo una deuda”.
Todos quienes estamos interesados en la mejor gestión del agua en el país debemos hacer nuestros mejores esfuerzos por fundar nuestros análisis y propuestas en información cierta y comprobable, ya que de lo contrario estaremos agudizando los problemas que decimos querer solucionar.
Lamentablemente, en el texto del Sr. Mundaca se realizan múltiples afirmaciones inexactas o derechamente equivocadas. Creo que vale la pena detenerse en ellas.
-Afirma que “Chile sigue siendo uno de los referentes mundiales de lo que no hay que hacer en materia hídrica: se puso explícitamente en la Constitución Política de 1980 la propiedad privada del agua”. Esto no es efectivo. La Constitución del 80 no se refiere a la propiedad sobre el agua, sino que a los derechos de los privados para hacer uso de agua. Más aún, el Código de Aguas de 1981, tanto en su versión original como actualmente, dispone que el agua, toda ella, sea superficial o subterránea, es un bien de dominio público (“bien nacional de uso público”). Así, en Chile no ha existido “propiedad privada del agua”.
Lo que existe en el país es la garantía, a quienes el Estado les ha entregado la facultad de extraer aguas desde las fuentes naturales y utilizarlas, de que no podrán ser privados de tal derecho de manera arbitraria. Esta garantía permite, además, que estos derechos de uso puedan ser comercializados entre particulares.
Los elementos centrales de la normativa de aguas chilena (posibilidad de reasignación entre diferentes usos, separación de la propiedad entre agua y tierra y sanciones por el no uso del recurso) están presentes en muchos países, entre ellos, EE.UU., Australia, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelandia, Alemania, Japón, Sudáfrica, Filipinas y Jordania. Incluso China está avanzando para establecer un sistema de mercado y transacción de derechos de uso de agua.
-También dice que “Chile tiene más de cuatro décadas de experiencia en un modelo privatizado de agua” que resultó “en ganancias para un puñado de personas”. Nuevamente lo señalado es errado. El agua en Chile contribuye al logro de beneficios sociales nacionales, como los derivados de la superación de la pobreza, y también ambientales, como la preservación ecosistémica, que trascienden largamente los intereses particulares y locales. En el ámbito productivo, de la gestión de los recursos hídricos depende más del 80% de las exportaciones nacionales, entre ellas, las provenientes de la minería, fruticultura, acuicultura, vitivinicultura y celulosa, impactando directamente los equilibrios macroeconómicos básicos del país. Es tanta la incidencia del agua en la economía nacional, que más del 20% del PIB y del empleo corresponde a actividades que requieren de agua en sus procesos productivos.
-Asimismo, argumenta que “si sumamos a todo esto las privatizaciones de las empresas sanitarias públicas de agua potable y saneamiento (entre 1997 y 1998), hoy nos encontramos en una encrucijada sin retorno, porque tenemos un agua potable de baja calidad, con grandes pérdidas de agua no facturadas, con escasa o casi nula inversión de las concesionarias y un régimen tarifario caro, poco transparente y sin ninguna participación de las comunidades”. Los datos desmienten esta pesimista mirada: Chile cuenta con coberturas urbanas de 99,4% en agua potable, 97,48% en alcantarillado y 99,8% en tratamiento de aguas servidas. El acceso al agua potable en las áreas concesionadas es continuo, 24 horas al día los siete días de la semana, y el producto que se distribuye es agua potable sana y segura. El nuestro es el único país en Latinoamérica en que se puede tomar agua directamente desde la llave. Estos índices son excelentes, incluso si se comparan con los países más desarrollados. En el ámbito rural la realidad es más compleja, no obstante que los Servicios Sanitarios Rurales están haciendo un gran trabajo, lo que se ha facilitado con la modificación del Código de Aguas de 2022, en que se privilegió el derecho al agua potable y saneamiento.
-Según una publicación de 2020 de la Universidad de Las Américas, sobre la desigualdad en la distribución del agua, se concluyó “que el 1% de los titulares de agua concentran el 79,02% del agua. Si esto no es acaparamiento, ¿qué es?”, se pregunta, pero este estudio ha sido muy cuestionado, entre otras razones porque se realizó con información parcial (consideraron solo 29 mil derechos de aprovechamiento, siendo que el escenario es de más de 400 mil).
Además, es importante tener presente que la gran mayoría (más del 80%) de los derechos de uso de agua de carácter consuntivo hoy existentes fueron constituidos antes del Código de Aguas de 1981. Los derechos de uso nacidos con el Código del 81 y que más problemas han traído fueron los de carácter no consuntivo, muchos de los cuales han sido renunciados, como consecuencia de la patente por la no utilización de las aguas introducida en 2005.
Para finalizar, no quisiera dar la impresión de que en materia de gestión del agua en el país está todo bien. No, no es así, falta mucho por hacer, por ejemplo, en el control de las pérdidas en los sistemas sanitarios, en la planificación de la gestión del agua a nivel de las cuencas, en la gestión sostenible de las aguas subterráneas, en el suministro y tratamiento de las aguas de los servicios sanitarios rurales, en el funcionamiento y diseño de la institucionalidad pública del agua, en la aplicación práctica de las patentes por no uso, entre otros. Pero, para construir y aportar, debemos partir por valorar la realidad tal como es y las muchas cosas buenas que hemos hecho.
