Opinión
En este contexto electoral y cuando la polarización se despliega desprestigiando a las instituciones fundamentales del Estado, la sociedad se hace tóxica y lo que resultará no es una victoria política de alguno, sino la anarquía para todos.
Los países en los cuales los ciudadanos confían unos en otros, y todos en sus instituciones, son más democráticos, prósperos y estables que en aquellos donde reina la desconfianza. Este no es el caso de la principal potencia mundial y una de las principales democracias, Estados Unidos, cuyo sistema atraviesa momentos borrascosos.
Enfrentado hoy a trascendentes retos, como la creciente polarización de la sociedad y un clivaje político muy profundo, el deterioro y disfuncionalidad de las instituciones democráticas, los problemas en la rendición de cuentas, la desafección pública con un sistema político que no ha dado respuestas ni ha cumplido sus expectativas, una alienación cultural/desinformación de importantes sectores de la población que compran discursos falsos y “fake news” como verdades o el incremento del extremismo, el autoritarismo y el populismo, el pronóstico no es auspicioso.
La fragilidad que significó el asalto al Capitolio de hace tres años, por ejemplo, sigue muy presente día a día en el negacionismo de la inmensa mayoría del Partido Republicano y el extremismo conservador de derecha y, particularmente, en las persistentes alegaciones del propio expresidente Trump de que “le habían robado la elección”. Esto ha instaurado en el seno de la sociedad una profunda crisis de confianza y legitimidad institucional, la que se refleja persistentemente en diferentes encuestas.
Sí, por ejemplo, según el Pew Research Trust, en los años 70, un 77% de los estadounidenses pensaba que el Gobierno merecía su confianza, pero en 2023 la proporción bajó a apenas el 16%. Otra encuesta impactante fue la de Gallup de abril de este año, la cual arrojó que el 68% de los ciudadanos no tiene confianza en su Gobierno nacional; que solo un 42% confía en el Poder Judicial; que la confianza en el Ejército, una institución tradicionalmente popular, experimentó una caída del 90% en 2021 al 81% el 2023; que más del 40% de los estadounidenses afirma tener muy poca o nada de confianza en los medios de comunicación, especialmente en los periódicos y la televisión; o que la confianza en las iglesias y la religión ha disminuido a solo un 30 %, la más baja desde 1973.
A unos meses de las convenciones partidarias en EE.UU., en las que se ratifica el candidato presidencial de los principales partidos y de la propia elección presidencial (5 de noviembre), los dos candidatos con posibilidades están marcados por el factor judicial (uno directamente y el otro por cercanía).
En el caso de Donald Trump, el principal aspirante a la Casa Blanca, 12 jurados de Manhattan lo condenaron por los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en el caso “Stormy Daniels”, veredicto que lo convirtió en el primer expresidente en ser condenado por un delito grave, lo que pondría a EE.UU. en el camino de un populismo anárquico si Trump es electo (la Constitución no prohíbe que un condenado y encarcelado sea electo e incluso que se autoperdone).
La estrategia mediática, política y legal que Trump adoptó para salvarse de la cárcel y llegar de nuevo a la presidencia fue la manipulación de las reglas del Estado de derecho y un feroz ataque contra las instituciones y leyes en función de “neutralizar” los otros tres juicios pendientes. Esta estrategia, que fomenta lo falaz, la desconfianza y nutre la anarquía (ese negacionismo antidemocrático), es avalada plenamente por un secuestrado y radicalizado Partido Republicano.
Así, por ejemplo, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, frente al veredicto dijo que “hoy es un día vergonzoso en la historia de EE.UU. La instrumentalización de nuestro sistema judicial ha sido un sello distintivo de la Administración Biden y la decisión… es una prueba más de que los demócratas no se detendrán ante nada para silenciar la disidencia y aplastar a sus oponentes”, mientras el senador de esa colectividad, Lindsey Graham, lo criticó diciendo que “un fiscal político corrupto fabricó cargos en uno de los foros legales más liberales del país”.
Esto es la defenestración reputacional de las instituciones, de un marco legal que trate a los ciudadanos como iguales y ponga límites a la acción del Gobierno y los políticos. Sebastián Royo, certeramente, expresó que en EE.UU. se está atacando a la democracia y los derechos políticos y las libertades civiles, incluyendo llamados a derrocarla por los sectores radicales, prohibiciones de libros (incluyendo los de Isabel Allende y de Gabriel García Márquez por la polémica Ley HB 1467 de la Florida) y/o la adopción por el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora y puesto por Trump, del principio de que las libertades que no han sido formalizadas explícitamente en la Constitución no son legales, pese a que hayan sido adoptadas y aceptadas mayoritariamente por décadas.
Este principio ya ha sido aplicado al aborto por la Corte Suprema, tras la derogación de Roe vs. Wade, pero fácilmente se puede extender a otros temas como el sufragio femenino, el matrimonio homosexual, el matrimonio interracial, las regulaciones medioambientales, la autoridad de los tribunales sobre los procedimientos electorales federales (conocida como la teoría de la “legislatura estatal independiente”) o el propio derecho al voto, ya que ninguno está explícitamente en la Constitución.
No es casualidad que diversas encuestas, entonces, hayan arrojado la preocupante cifra de que alrededor de un 70% de los estadounidenses, por motivos diversos y a veces opuestos, piensa que la democracia esta en riesgo. Más aún, si los demócratas están ante la amenaza de perder la ventaja histórica que tenían en la población afrodescendiente y latina, que muestra frustraciones en diversos ámbitos.
Emir Sader lo explica diciendo que amplias capas populares se sienten inseguras y “rezagadas en temas de empleo y de salario y con la instrumentalización de la derecha y la migración se genera un malestar”. En el caso de los latinos, por ejemplo, aumentó el rechazo por Biden al 52% y el de Trump retrocedió al 58%, y Biden en este sector le había ganado a Trump por 30 puntos, pero hoy de acuerdo a Pew Research gana por 8 y Siena-New York Times le da solo 3. Pero aún más importante, Biden y los demócratas están perdiendo la legitimidad/ventaja histórica entre los votantes más jóvenes, entre otros motivos, por su apoyo a Israel.
Alrededor del 13% de los votantes que dice haber votado por Biden la última vez, afirma ahora que no lo hará nuevamente, por la política exterior del mandatario o por la guerra en Gaza (New York Times/Siena/Philadelphia Inquirer, publicada el 13 de mayo). La misma encuesta resalta que Biden está empatado con Trump entre los votantes hispanos en los seis estados bisagras de Pensilvania, Arizona, Michigan, Georgia, Wisconsin y Nevada, y está 4 puntos detrás entre los jóvenes de 18 a 29 años, dos grupos que votaron por Biden por más del 60% en 2020. Pero en la cuenta final, esta perdiendo en 5 de los 6 estados bisagra y, con ello, la elección más allá del número de votos totales nacionales que reciba (es una elección indirecta): no olvidemos que Hillary Clinton recibió 3 millones de votos más que Trump, pero este ganó en estados bisagras como los nombrados y consiguió 304 delegados frente a los 227 de ella y fue electo presidente (2016).
En medio de estas malas cifras y de los continuos lapsus mentales, desorientaciones o congelamientos de “Sleepy Joe” (como le dice Trump) y una vicepresidenta que no entusiasma, Hunter Biden, hijo del presidente, fue declarado culpable de tres cargos federales por violar las leyes destinadas a impedir que los drogadictos posean armas de fuego y por falsificar instrumento público.
Es la primera vez que un descendiente directo de un presidente en ejercicio es declarado culpable de un delito, y aunque sus crímenes son anteriores al actual mandato, muy bien puede terminar afectando la reelección. Hunter enfrenta hasta 25 años de prisión y una multa de hasta US$ 750.000, aunque es probable que reciba menos por el tipo de delito y porque no es reincidente.
En una carrera tan reñida, la candidatura del candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. tiene el potencial de influir en las elecciones, aunque no está claro a favor de quién. Y la candidata del Partido Verde, Jill Stein, detenida en una manifestación pro palestina recientemente, tiene un pequeño pero importante margen que puede afectar a Biden.
En este contexto electoral y cuando la polarización se despliega desprestigiando a las instituciones fundamentales del Estado, la sociedad se hace tóxica y lo que resultará no es una victoria política de alguno, sino la anarquía para todos. Parece que solo queda esperar alguna sorpresa en la Convención Demócrata con alguna nueva ecuación que releve figuras como Michelle Obama.
