Paralelamente, consultora australiana GHD fue la elegida para realizar la auditoría medioambiental a la firma. Los costos corren por cuenta de ésta y son cercanos a $ 200 millones, que se suman a las millonarias multas por desastre ocurrido en el ecosistema de la planta Licancel.
Cerca de $ 200 millones cancelará la planta de celulosa Licancel, de Celco, a las entidades que se adjudicaron la licitación de un estudio de evaluación y recuperación del daño del río Mataquito y de una auditoría medioambiental a la empresa.
El estudio será desarrollado por la Universidad Católica de Temuco, que obtuvo la licitación promovida por la Corporación Nacional del Medio Ambiente (Conama) de la Región del Maule.
Su objetivo será diagnosticar y evaluar los efectos ambientales generados por la más pequeña de las celulosas de Celco en junio pasado, para seguidamente generar un Plan de Reparación y Compensación que incluya las medidas de restauración del área afectada, incorporando costos y tiempo de ejecución.
Para el estudio, que durará 70 días hábiles, Licancel deberá cancelar $ 152.884.920. «Los costos del plan de recuperación no están contemplados en este monto y ello se verá luego de obtenidos los resultados de la investigación», asegura Mónica Rivera, directora de la Corema del Maule.
Paralelamente, la consultora australiana GHD S.A. fue la elegida para realizar la auditoría medioambiental a la celulosa del Grupo Angellini, cuyo rol será el de evaluar la capacidad de la planta para enfrentar emergencias ambientales propias de procesos de producción de celulosa y sus potenciales impactos.
Tendrán un plazo de tres meses para realizar esta tarea, que consistirá en un detallado informe acerca de la descripción de los procesos operativos, instalaciones, sistemas de control de derrames, planes de contingencia y sistemas de gestión ambiental de la planta, además de análisis y evaluación de los procesos e instalaciones, con los respectivos balances de masa y energía, evaluación de la red de manejo de efluentes y aguas lluvias y evaluación del cumplimiento de las regulaciones sectoriales.
El monto que Celco deberá cancelar en este caso asciende a UF 2.363,4. ($ 45.162.517).
Licitación en río Cruces
Una licitación similar fue adjudicada el viernes pasado a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que será la entidad encargada de desarrollar el Modelo Conceptual del Ecosistema, y forma parte del "Plan Integral de Gestión Ambiental para el Humedal del río Cruces".
La zona fue afectada en 2004 por la celulosa Valdivia, también de Celco, lo que generó la muerte masiva e inmigración de cisnes de cuello negro.
Este modelo conceptual de un ecosistema es una estructura observadora-dependiente, por lo general construida sobre la base de componentes y flujos, usada para representar la arquitectura y dinámica del mismo. En este caso, su costo asciende a $ 160 millones.
La licitación, fue impulsada por Conaf y la Convención Internacional Ramsar, firmada por Chile en 1980 y relativa a los humedales.
El rol de Conaf es ser el brazo de Ramsar en el país y la contraparte técnica del proceso de creación del modelo. Por su parte, Ramsar participó en la coordinación y administración de los fondos que fueron solicitados por el gobierno regional a la empresa Arauco.
Los trabajos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile durarán siete meses y, entre otras tareas, contemplan el desarrollo de un diagrama de componentes y flujos del ecosistema del humedal, la identificación de las variables forzantes que dinamizan el ecosistema, el desarrollo de una estrategia de apoyo a las decisiones del plan en el marco del modelo conceptual y la capacitación a las instituciones públicas y privadas asociadas al manejo del modelo de sus cualidades y funciones.
Gastos suman y siguen
Además de los pagos acordados por la empresa con entidades públicas que servirán para paliar los problemas al medio ambiente provocados por las celulosas del grupo Arauco, este año ha sumado la no despreciable suma de $ 2.533 millones, que debería pagar en concepto de multas a la Seremi de Salud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En el caso de la SISS, la sanción asciende a $ 436.850.800 -1.100 UTA (unidades tributarias mensuales)- que la entidad fiscalizadora cursó el 29 de agosto porque consideró que la empresa es "responsable de descargas de residuos industriales líquidos que no cumplen con la normativa vigente" y por "poner en peligro la salud de la población". Esto, se sumó a los $ 97 millones que el 17 de agosto aplicaron las autoridades sanitarias del Maule.
Luego, el 11 de septiembre, el CDE demandó a la celulosa por $ 2.000 millones como acción de indemnización de perjuicios por el daño ocasionado al patrimonio ambiental y daño emergente.
En ambos casos, Celco está estudiando la presentación de recursos legales, lo que aún no ha definido oficialmente.
