La venta de MDA -uno de los oferentes-, a un fabricante de minas antipersonales y de armas con uranio empobrecido, implica un riesgo para la seguridad tecnológica del sistema de observación que adquirirá el Estado. Grandes corporaciones, como KBC e ING, entre otros, han retirado sus inversiones del sector armamentista relacionado con material bélico de excesiva crueldad y daño contra civiles.
La adquisición de un sistema satelital en las próximas semanas, según lo informado por el Ministerio de Defensa, además de un enorme significado tecnológico es un proyecto país, en el que por primera vez han trabajado integradamente militares y civiles. Y los criterios que han orientado la adquisición están lejos de ser puramente de defensa.
Es más, las autoridades ministeriales han sido enfáticas en declarar ante el Congreso que los componentes civiles son cruciales para dotarse de una experiencia integral de manejo de esta tecnología, como paso previo para cambiarse a un satélite de telecomunicaciones en los próximos años.
De ahí que la confianza y la seguridad tecnológica y jurídica que brinde el proveedor sea un aspecto estratégico para todo el proceso, sobre todo de cara hacia el futuro.
Por ello, no resulta alentadora la noticia de que MDA, eventual proveedora del satélite tiene pendiente la autorización de su venta a la norteamericana Alliant Techsystem. El tema ha desatado una tormenta en Canadá principalmente por razones de seguridad nacional, ya que daría a Estados Unidos el derecho a decidir quien puede usar y cómo la tecnología de tele observación. E implicaría que los 420 millones de dólares que pusieron los contribuyentes canadienses para construir el Radarsat 2 pasarían a ser un subsidio a una empresa de norteamericana. Jim Prentice, Ministro de Industrias, declaró que "por la información recibida hasta este momento, el trato no es claro acerca de los beneficios que traería a Canadá"
Por su parte, las declaraciones del Presidente de MDA, Daniel Friedman, de que la empresa "no podría sobrevivir si no tiene accesos a contratos con el programa espacial norteamericano, y solo un controlador norteamericano (de la empresa) puede asegurar tal acceso", dejan en claro su voluntad de vender. Ello impulsó también a los sindicatos a presionar al gobierno canadiense bajo el argumento que "el comercio internacional libre no existe en la industria" y hay que salvar puestos de trabajo.
Pero además ahora se ha sabido que ya en el mes de abril de 2007 MDA había comenzado, en silencio, la venta de sus activos alrededor de su industria espacial y de defensa, lo que lesiona el interés de sus eventuales clientes, y que luego de ese proceso secreto se quedó finalmente con Alliant Techsystems, ATK. De no haber existido en la Ley de Ventas Gubernamentales de 1989 una cláusula que obligaba a MDA -por el monto de la operación- a solicitar autorización de su gobierno, y que por primera vez se aplica, todo habría sido una sorpresa.
Pero el problema es aún más complicado. El comprador de MDA es un conocido fabricante de armas que se encuentra en la mira de todas las organizaciones humanitarias del mundo. No sólo por la construcción de bombas de racimo y minas antipersonales, sino también por armas producidas con uranio empobrecido, causantes del llamado Síndrome del Golfo.
El ejército estadounidense, del cual ATK es el principal proveedor de estas armas, reveló en marzo de 2003 que había arrojado entre 320 y 390 toneladas de DU (depleted uranium) en los primeros meses de la guerra de Irak. Tal munición es muy densa, tóxica y ligeramente radioactiva, y tarda millones de años en deteriorarse. Sus efectos en combate son devastadores por su capacidad de penetración e ignición (unos 6000 grados aproximadamente), lo que ha sido causa de la gran cantidad de muertos civiles en Irak y de una contaminación radiactiva que durará miles de años.
Los directivos de ATK han declarado que desean hacer las mejores armas posibles. "No queremos un combate equitativo. Queremos que el ejército pueda entrar en batalla con el enemigo desde largas distancias y quitárselo rápidamente de en medio." Una franqueza tan brutal incomoda a los canadienses, y no encaja para nada con sus impulsos a la Convención de Ottawa y la eliminación de armas crueles en el sistema internacional.
Para la seguridad del proyecto satelital chileno un perfil de tal naturaleza también es un problema. Pues razones como esa han decidido a grandes grupos de banca en Europa, como KBC e ING, entre otros, a retirar sus inversiones del sector armamentista relacionado con la proliferación de minas antipersonales, armas biológicas químicas, armas nucleares y munición de racimo. Es decir ya no se trata sólo de ecologistas sino de sectores financieros y económicos formales que se distancian de tales procesos.
De ahí que la venta de MDA, que parece inevitable y cambia mucho el escenario de proveedores, solo nos traería problemas. El país debe evitar por todos los medios que los componentes civiles del satélite asociados a procesos productivos, innovación tecnológica, desarrollo científico y otros, e incluso los propios de la defensa, por razones que las propias FF.AA. debieran saber valorar, aparezcan asociados o dependientes en su seguridad tecnológica a una contraparte poco confiable.
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