Vicios privados y virtudes públicas es lo que revela un documento interno de la institución -fechado en 2007- que da cuenta de que la actitud de trabajo de la Fiscalía, tiende a menoscabar el accionar investigativo de los policías. Un punto más de conflicto, que se suma a la dura crítica de los fiscales regionales hacia los programas televisivos donde los detectives viven su propio reality show.
Ninguna relación es sencilla, menos entre instituciones cuyos celos profesionales pueden provocar roces. La clásica es la de Carabineros con Investigaciones y viceversa, pero desde que existe el Ministerio Público, no son menos las complicaciones que se han producido, ya sea de coordinación o bien de criterios en torno a cómo se entrega la información.
Así queda de manifiesto en un oficio reservado de la policía civil, y cuya copia reescrita publica en exclusiva El Mostrador.cl, firmado por el prefecto general Luis Alarcón Adrián, donde se da cuenta de las diferencias de opiniones sobre el actuar de un funcionario de la institución y la fórmula de trabajo de la Fiscalía en desmedro de la actividad policial.
El tema apunta a un oficio enviado por la Fiscalía Sur, a raíz de los dichos del entonces jefe de la Brigada de Ubicación de Personas, Héctor Arenas, a distintos medios, sobre la muerte del odontólogo Carlos Rajab Hamed ocurrida en 2006, en un supuesto rito esotérico en el Cajón del Maipo. En la oportunidad, Arenas, entregó antecedentes sobre la hora y lugar del hallazgo, toda vez que descartó la existencia de alcohol en la sangre del occiso, lo que causó molestia en el organismo perseguidor.
Investigaciones debía dar respuesta al documento. Pero al Ministerio Público llegó una edulcolorada versión diplomática, que claramente no da cuenta de la real percepción interna de la policía civil.
De hecho Alarcón, en el documento y para justificar un análisis jurídico de las normas que conforman la reforma procesal penal y sus alcances, reconoce que Arenas cometió una imprudencia al hablar ante los medios y verter críticas veladas hacia el trabajo de Carabineros.
Sin embargo, citando el oficio reservado N° 11 del 11 de enero de 2006, este señala de que "existe una política de comunicaciones del Ministerio Público que tiende a diluir el trabajo de las policías". Es decir, las complejidades venían desde hace casi un año y volvieron a hacerse patentes en 2007.
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El razonamiento anterior se enmarca en el secreto que deben guardar las partes que participan de una investigación criminal, contenida en el artículo 182 del Código Procesal Penal, pero que fue reinterpretado de forma más amplia por un instructivo general dictado por el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, el que otorga la chance de informar sobre hechos policiales, pero manteniendo la coordinación para no afectar indagatorias pendientes.
En cualquier caso, el oficio enviado por Alarcón, del que se envió copia al director de la policía, Arturo Herrera, vuelve a caer en la lógica de "vicios privados, virtudes públicas", ya que los párrafos referidos a las críticas sobre el accionar del Ministerio Público y el oficio de 2006, fueron sacados de la respuesta final, pues son "asuntos que deben ser analizados exclusivamente al interior de nuestra institución".
Y aunque públicamente se indique que las asperezas han terminado, lo cierto es que al invertir la polaridad de estas diferencias, los fiscales regionales han puesto lo suyo. Y esto porque en julio pasado se lanzaron en picada en contra Investigaciones y Carabineros, debido a la falta de coordinación, como también por los programas de televisión "Policías en Acción" y "133" difundidos por Chilevisión y Megavisión respectivamente, debido a que en ocasiones el perseguidor es el último en enterarse y sólo lo hace cuando el programa es exhibido.
"Policías en Acción" salió al aire gracias a los buenos oficios entre el veterano periodista Marcelo Araya y la Policía Civil. Araya hizo de puente con los detectives pensando en que tendría cabida en el proyecto, pero finalmente el espacio quedó a cargo de Carlos Moena, quien lo produce para la filial chilena de Endemol, la factoría holandesa de programas como el reality Gran Hermano. Este hecho contribuyó a la salida de Araya, que emigró a Mega a fines del año pasado.
En la oportunidad, tal como lo informó El Mostrador.cl los fiscales se quejaron que, incluso, se habían alterado los sitios del suceso. La mecha la encendió el fiscal especializado en Crimen Organizado, Drogas y Lavado de Activos, Andrés Cruz Carrasco, con jurisdicción en Talcahuano y Hualpén.
La situación tomó ribetes de gravedad cuando los fiscales regionales de Puerto Montt, Alberto Ayala, de la Sexta Región, Alberto Díaz, y el de la regional Occidente de Santiago, subieron el tono de la discusión.
La policía ha defendido su actuar. Públicamente sostienen que sus relaciones con el Ministerio Público gozan de buena salud y descartan los problemas y que, si los ha habido, estos son menores. Claramente, la visión va un poco más allá. Y se ubica en lo privado.
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