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En la Cuenta Pública, el Presidente Piñera habló de la creación de una “Mesa de Trabajo” para “perfeccionar el proceso de descentralización y regionalización». En la UDI lo interpretaron como la antesala para una ley corta que permita “mejorar” la “Ley de Elección Democrática de Gobernadores”. Hay parlamentarios que cuestionan que este tema fue legislado “mal y apresuradamente”, ya que se creó un cargo “con pocas atribuciones y sin recursos claros”. Si bien se reconoce que hay tareas pendientes por definir en materia de competencias, desde la oposición ven con distancia y suspicacia la idea presidencial, pues advierten que podría retrasar “por secretaría” la elección de gobernadores regionales, algo para lo que no hay piso, ni siquiera en la derecha.
La elección de gobernadores regionales es un punto que no ha logrado generar consensos al interior de Chile Vamos. Mientras en algunos sectores de Renovación Nacional y Evópoli han levantado la bandera de la descentralización y, por tanto, han respaldado que los comicios se lleven a cabo sí o sí el 2020, como está originalmente planificado, en la UDI ha habido diversos intentos –hasta legislativos– para tratar de aplazar dicha elección. El principal problema que tiene la derecha, reconocieron, sería la falta de candidatos dispuestos a postular a un cargo “sin dientes y sin plata” y que, por lo mismo, resultaría más atractivo apostar por las parlamentarias del año siguiente.
El flanco interno que abre esta discusión en el oficialismo ha llevado a que La Moneda guarde silencio sobre las expectativas que hay respecto a esta iniciativa, que fue una de las principales promesas del Gobierno de Michelle Bachelet en materia de descentralización. Tanto así, que el Presidente Sebastián Piñera no hizo ninguna mención sobre ello en su Cuenta Pública del 1 de junio y solo habló de la creación de una “Mesa de Trabajo” para “perfeccionar el proceso de descentralización y regionalización”.
El objetivo sería construir una propuesta de ajustes legislativos para avanzar en el “empoderamiento de nuestros gobiernos regionales y comunales”.
En la UDI lo interpretaron como la antesala para una ley corta que permita “mejorar” la “Ley de Elección Democrática de Gobernadores”, aunque la creación de nueva iniciativa legislativa no es algo que esté zanjado por la Subdere. Según la senadora de la comisión de Gobierno, Luz Eliana Ebensperger (UDI), este tema fue legislado “mal y apresuradamente”, ya que se creó un cargo “con pocas atribuciones y sin recursos claros” y que “más allá de si se mantiene o se retrasa la fecha de las elecciones, el punto fundamental es convocar a una mesa para mejorar la legislación actual, para que hagamos esto con seriedad, si no siento que estamos engañando a la ciudadanía”.
La “Mesa de Trabajo” es vista con distancia y suspicacia por la oposición, ya que esta discusión y la tramitación de una posible ley corta podrían retrasar “por secretaría” la elección de gobernadores regionales.
Eso, a pesar que en la ex-Nueva Mayoría hay voces minoritarias que sí han señalado que los comicios de 2020 podrían aplazarse, que entre los diputados “algunos de la DC lo han planteado extraoficialmente” y que en la Cámara Alta –explicaron en el Congreso– los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y Felipe Harboe (PPD) serían los principales precursores de esa idea.
Para el experto en gobernanza y descentralización, Esteban Valenzuela, una ley corta de descentralización “es un caso banal de hipocresía y corrupción programática de discurso supuestamente regionalista. La empuja una coalición transversal de intereses corporativos, ya que, como se verá, no tiene propuesta relevante de nuevas potestades, sino el interés de levantar inhabilidades que permitan a consejeros poder ser candidatos al Congreso”.
[cita tipo=»destaque»]Para el analista electoral Axel Callís, las elecciones a Gore son “un semillero de competencia para los legisladores actuales, por eso tenemos a excandidatos o pesos pesados como Claudio Orrego, que ven la elección de la Región Metropolitana como una previa a la presidencial. Lo que no sabemos es cuánta gente iría a votar a una segunda vuelta regional”. Explicó que si un candidato “es derrotado en segunda vuelta, estamos hablando de un 30% o 40% de una región y los parlamentarios electos que más sacan logran un 15% o 20%, esto podría posicionar a varias cartas para las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2021, lo que estaría generando ruido en todos los sectores políticos». Agregó que la disputa por el Gore hará que las elecciones municipales pasen a un segundo plano y “van a ser opacadas por las regionales más emblemáticas”.[/cita]
El senador DC Francisco Huenchumilla sentenció que la elección de los gobernadores regionales es “una cuestión ya zanjada, tiene que hacerse. Podemos concordar las leyes que faltan para completar las competencias y los recursos, pero eso con voluntad política se puede hacer”. Una posición que es compartida por el senador Pedro Araya –miembro de la comisión de Gobierno de la Cámara Alta–, quien reiteró la preocupación que existe sobre la aplicación de esta ley, inquietud que ya habría sido informada al ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Una de las principales críticas al Gobierno ha apuntado a la lentitud que ha tenido el proceso de traspaso de competencias a la figura del gobernador regional, la que se ve en desventaja ante las atribuciones y presupuestos que manejará el delegado presidencial.
Recién el lunes 3 de junio se publicaron algunas disposiciones en el Diario Oficial, proceso que es de absoluta responsabilidad del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), quien estaría en una posición de “bloqueo a otras medidas o indiferencia”, según afirmó un asesor de La Moneda, lo que ha causado algunos resquemores en Evópoli y RN.
Para Valenzuela, quien presidió la comisión de Estado para la Descentralización, “es insólito que se le entregue el proceso de elecciones de gobernadores regionales al único partido que votó en contra del modelo de descentralización. El Ministerio del Interior puso a gente de la UDI para que boicotee el proceso”.
Tras la promulgación de la Ley 21.074 de Elección Democrática de Gobernadores Regionales, se abrieron varios puntos de crítica, como la falta de atribuciones que tendrán frente a otras autoridades locales y el tiempo que hay para asignar esas competencias. Al respecto, el senador Araya advirtió que “los plazos se están acercando” y aún no se terminan de dictar todos los reglamentos.
Lo que publicó este lunes en el Diario Oficial fueron tres decretos que traspasan las competencias del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el Servicio de Cooperación Técnica y la Corporación de Fomento de la Producción a los gobiernos regionales, lo que les permitirá focalizar y administrar algunos fondos asociados a estas instituciones, como las iniciativas de la Corfo, el fomento a la calidad focal, programas territoriales integrados y los bienes públicos regionales.
El subsecretario Salaberry explicó que han “desarrollado anticipadamente todo el trabajo reglamentario en este periodo que mandata la ley de acuerdo al art. 5 transitorio. En ese sentido, enviamos en febrero a Contraloría General los decretos que identifican las primeras 15 competencias a transferir”.
A juicio de los especialistas, estas solo son “tareas” y no otorgan un poder real, por lo que los gobernadores regionales seguirán administrando el 5% del presupuesto regional que tienen actualmente, mientras que el otro 95% será manejado por el gobierno central, a través de la Subdere.
Para el diputado, parte de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Félix González, la redistribución de la renta regional es fundamental. Hace ocho meses, el parlamentario presentó un documento, que fue respaldado por el Senado y la Cámara Baja, en el que propone un aumento escalonado de este porcentaje, de un 15% de libre disposición en el 2020 hasta el 30% en el 2030. “La idea es que parte del presupuesto de los ministerios pase a los Gore”, agregó.
Otro punto fundamental es la autonomía para utilizar este porcentaje. Actualmente los gobiernos regionales deben contar con el permiso del poder central para ejecutar proyectos de más de $70 millones, por lo que se planteó una propuesta que ampliaba este monto a proyectos de más de $2 mil millones, además que cuando el gobierno central, a través de sus ministerios, quiera realizar un proyecto de más de $10 mil millones, deba contar con autorización del Gore. La idea lleva ocho meses durmiendo en La Moneda, sin que se entregue una respuesta a los parlamentarios.
En cambio, se levantaron dos mesas de negociación, una con la Subdere, de la que –afirmaron en el Senado– “aún no se ven los avances”, y otra a cargo del Ministerio de Hacienda. Sobre esta, el diputado González apuntó que el subsecretario de esa cartera, Francisco Moreno, “desarticuló la mesa y la convirtió en una especie de foro donde nos fueron a dar clases sobre qué era el Fondo Común Municipal”, lo que generó molestia entre los parlamentarios de las comisiones de gobierno y regionalización.
El ministro Chadwick presentó una especie de contrapropuesta dentro de la Reforma Tributaria, una suerte de impuesto regional del 1% a la inversión en proyectos nuevos regionales, la que no fue bien recibida. Según González, es “poco seria”, y el senador Araya agregó que es “irrisoria” y propuso que se haga una “readecuación de las rentas municipales, que las empresas paguen las patentes en las comunas donde están alojadas y no en la sede central”, para que los tributos regionales se queden en sus respectivas zonas.
Desde la Subdere, Salaberry recalcó que el Gobierno está dando “fiel y estricto cumplimiento” a la Ley 21.074, que contempla los mecanismos de formulación y administración de los presupuestos de cada gobierno regional. “Sin perjuicio de ello, el Presidente Sebastián Piñera le ha encargado al Ministerio de Hacienda un proyecto de ley de financiamiento regional y responsabilidad fiscal”, dijo.
El nombramiento de los Seremis es otro punto en conflicto, ya que al ser nombrados por el delegado presidencial no responderían al gobernador respectivo, problema que es reconocido desde el oficialismo. La senadora Ebensperger (UDI) hizo hincapié en la tensión que se dará entre gobernadores que son de una coalición distinta a la que está en el gobierno de turno: “¿Qué pasará si el Presidente le rechaza la solicitud de traspaso de atribuciones a un Gore? Eso no está resuelto en la ley”.
A pesar de estas complicaciones, Valenzuela dijo que hay muchos aspectos que destacar de la ley, además de la elección democrática de la autoridad. “Lo que se logró, que está en la ley, no es poco. Hubo un empoderamiento del consejo regional. Con la atribución para el plan trianual de expansión y transporte, para los planes ambientales, los ministerios están obligados a asistir a este espacio si quieren obtener un permiso”.
Dientes más, dientes menos, para los aspirantes a gobernadores regionales la única certeza que existe es que esas elecciones son un trampolín político para varios históricos que quieren disputar otros cargos, lo que podría complicar a los parlamentarios de la Cámara Alta que deben afrontar las elecciones de 2021.
Para el analista electoral Axel Callís, las elecciones a Gore son “un semillero de competencia para los legisladores actuales, por eso tenemos a excandidatos o pesos pesados como Claudio Orrego, que ven la elección de la Región Metropolitana como una previa a la presidencial. Lo que no sabemos es cuánta gente iría a votar a una segunda vuelta regional”. Explicó que si un candidato “es derrotado en segunda vuelta, estamos hablando de un 30% o 40% de una región y los parlamentarios electos que más sacan logran un 15% o 20%, esto podría posicionar a varias cartas para las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2021, lo que estaría generando ruido en todos los sectores políticos». Agregó que la disputa por el Gore hará que las elecciones municipales pasen a un segundo plano y “van a ser opacadas por las regionales más emblemáticas”.
En la misma línea, Valenzuela afirmó que la idea de aplazar la elección para el año 2021 elimina un peligro para los senadores que deberán competir por su cupo en la Cámara Alta. Ya que la elección de Gore podría dejar a un candidato que salió segundo “con muchos votos, entonces la simultaneidad permite eliminar ese riesgo a los barones y baronesas”.
A su juicio, el argumento de que se necesita completar el proceso “por el que no han hecho nada”, solo busca “postergar las elecciones de gobernadores en un acto grotesco para juntarlas con las nacionales, lo que invisibiliza la esfera pública regional y el debate de propuestas y proyectos territoriales esenciales a las democracias avanzadas”.
