PAÍS
El secretario de Estado hizo un llamado a «dirimir esta contienda de competencias» que aseguró no está resuelta en el orden constitucional.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, entró al debate por el «choque de trenes» entre el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema, luego de un fallo del máximo tribunal en el que desestimó el recurso de una funcionaria municipal que reclamaba la tutela de la justicia laboral en un caso de despido supuestamente injustificado, aún cuando el TC en una sentencia de 2018 resolvió que esta tutela no aplica para los funcionarios públicos.
La situación -que ha generado declaraciones cruzadas entre ambos órganos- fue calificada por el titular de Justicia como «extraordinariamente delicada y grave», e hizo un llamado a «dirimir esta contienda de competencias» que aseguró no está resuelta en el orden constitucional.
«La situación que se ha producido a raíz de un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema con el Tribunal Constitucional, nos preocupa. Nosotros creemos que un conflicto de esta naturaleza, en una contienda de competencias de esta índole, es extraordinariamente delicada y grave, porque de alguna manera pone en cuestión nuestro ordenamiento institucional. Y por lo tanto, creemos que es importante actuar con la mayor ponderación posible, y en ese sentido, como gobierno hacemos un llamado a ambas instituciones a que de común acuerdo, busquen un camino de solución a esas diferencias que se han manifestado públicamente», dijo el ministro Larraín.
El secretario de Estado agregó que «Nosotros no somos como gobierno un órgano llamado a dirimir esta contienda de competencias, y no está resuelta en el orden constitucional (…) por eso, es importante que sean las propias instituciones las que busquen una solución a esta diferencia de opinión».
«Esperamos que eso resuelva un tema que ya se viene arrastrando desde hace algún tiempo, pero en todo caso nos reservamos también el derecho de intervenir de una manera normativa, es decir, propiciando reformas constitucionales, cambios a la ley orgánica, propiciando leyes que puedan de alguna forma contribuir a resolver esta situación si acaso no lo han hecho directamente ambas instituciones», complementó.
Por otra parte, Larraín explicó que en la Constitución no está establecido una forma para resolver estas diferencias. «Hay muchas contiendas de competencias entre órganos del Estado que tienen caminos de solución, pero ésta en particular no. Se supone que el Tribunal Constitucional tiene un ámbito específico de competencia, determinado por la Constitución, y que la Corte Suprema tiene otro, que por lo tanto no debería haber traslape de funciones jurisdiccionales, y que ambos deberían actuar dentro del ámbito propio que la Constitución les ha señalado».
