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Crédito: UAHC
Este planteamiento surge a raíz del grave daño ocular sufrido por unas 200 personas como consecuencia de la utilización de estos elementos por parte de Carabineros, en el marco de las movilizaciones ciudadanas. Uno de los casos más graves corresponde al de Gustavo Gatica, estudiante de Sicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quien recibió balines en ambos ojos y que podría perder por completo la vista.
Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago interpusieron rectores de 8 universidades exigiendo que Carabineros se abstenga por completo de usar escopetas antidisturbios y sus municiones, en el contexto de las manifestaciones.
Este planteamiento surge a raíz del grave daño infringido a unas 200 personas que han sufrido pérdida ocular como consecuencia de la utilización de estos elementos, en el marco de las movilizaciones ciudadanas que se desarrollan en todo Chile desde el 18 de octubre.
Uno de los casos más graves corresponde al de Gustavo Gatica, estudiante de Sicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quien recibió balines en ambos ojos en la manifestación del viernes pasado, y que podría perder por completo la vista.
“Uno de nuestros estudiantes ha sido víctima como muchos otros y otras ciudadanas de este país producto de la utilización de escopetas que dañan irremediablemente la vida y la salud de personas. En este caso, el uso de balines disparados de manera totalmente discrecional, a quemarropa y de manera masiva está generando un problema humanitario», indicó el rector de la Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Álvaro Ramis.
El académico manifestó su preocupación de que «la autoridad no cambie los protocolos (…) No basta simplemente un compromiso episódico. Hacemos un llamado a que el gobierno y la responsabilidad política del mando de la autoridad policial pueda establecer la erradicación de estos elementos”.
Ramis fue uno de los firmantes del recurso de protección junto a los rectores Claudio Elórtegui (PUCV), Eduardo Silva (UAH), Juan Manuel Zolezzi (USACH), Aldo Valle (U. de Valparaíso), Ignacio Sánchez (Pontificia U. Católica), Ennio Vivaldi (U. de Chile), Carlos Peña (U. Diego Portales) y Harald Beyer (U. Adolfo Ibáñez).
En el escrito, las autoridades académicas además solicitan al tribunal que se informe exhaustivamente acerca de la normativa que rige a Carabineros y de las medidas de capacitación sustantiva que esa institución haya desarrollado para que la misma sea efectivamente respetada por sus funcionarios y funcionarias.
A través del recurso se demandó también que Carabineros informe en detalle acerca de qué tipo de elementos de disuasión pretende usar específicamente en las manifestaciones sucesivas que se desarrollen.
El Consejo de Rectores además emitió una declaración pública, en donde sostiene que el “orden público no es un sistema de coacción física de hecho sobre la población ni puede garantizarse mediante la lesión física masiva, porque ello representa el orden del miedo y una violación sistemática a los derechos humanos”.
“Este hecho es un grave atropello a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que resulta intolerable en un Estado de Derecho”, dijo el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Aldo Valle, quien consideró “inaceptable que se esgrima como argumento la existencia de un protocolo policial que autoriza dicho uso”.
El rector Valle sostuvo que “hacemos esta declaración atendido que el Director General de Carabineros, Mario Rozas, ha dicho que se va a restringir a un uso acotado. Nos sorprende esa declaración porque los protocolos existentes a la fecha establecen precisamente que ese uso debe ser acotado. Desgraciadamente, de esta declaración se deduce que se ha estado incumpliendo ese protocolo del mismo cuerpo de Carabineros de Chile”.
La declaración del Consejo además desestima que dicha institución pueda hacer uso de estos elementos en casos restringidos. “Lo que procede es que la autoridad política disponga la prohibición absoluta del uso de estos elementos, pues no basta con regular su uso, dejando al arbitrio finalmente de la misma policía su utilización”, aseguran los rectores. En la misma línea, sostienen que “la restricción para casos que la propia policía determinará sigue representando una amenaza y una vulneración para la seguridad e integridad de quienes disienten en estas manifestaciones públicas”.
En este contexto, “decimos a las autoridades y, desde luego, al ministro del Interior, que el orden público no es un sistema de coacción física de hecho sobre la población ni puede garantizarse mediante la lesión física masiva, porque ello representa el orden del miedo y una violación sistemática a los derechos humanos”.
Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, indicó que “nuestra disposición como rectores, y la mía por ser rector de una universidad pública y estatal, siempre va a ser de diálogo con las autoridades y el gobierno. (…) Pero creo que, en la medida que se disparan perdigones a los ojos de los jóvenes, van a haber cada vez más personas dentro de nuestras universidades que van a pedir que no podemos reunirnos con autoridades que respalden este tipo de conductas. El diálogo es fundamental, pero que se entienda que para poder dialogar tienen que cumplirse requisitos mínimos”.
