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Crédito: Aton
La decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema generó una ola de reacciones, como la del abogado del exministro Mañalich, Gabriel Zaliasnik, quien dijo que «es una resolución apegada a derecho” y que deja en mal pie al Ministerio Público. El senador Alejandro Navarro, querellante en el caso, apuntó a los abogados integrantes (Jorge Lagos y María Cristina Gajardo), que inclinaron la balanza a favor del acceso parcial a la información. Mientras, el diputado Víctor Torres (DC) sostuvo que “el fallo no establece criterios precisos» y el diputado Leonardo Soto (PS) consideró que la resolución “limita de manera notable las facultades que tiene el Ministerio Público para hacer investigaciones en materia de corrupción y negligencia pública”.
Fueron semanas de expectativas que este jueves llegaron a su fin. En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema decidió otorgar acceso parcial a la Fiscalía a los correos del Ministerio de Salud (Minsal) en el marco de la investigación por las muertes por COVID-19.
La decisión del máximo tribunal generó reacciones. Para el abogado del exministro de Salud Jaime Mañalich, Gabriel Zaliasnik, el fallo de la Suprema «es lo correcto». «Es una resolución apegada a derecho, lo que creo deja en evidencia el fundamento que tenía el ministro Paris al oponerse en su momento. El Ministerio Público en ese sentido no estaba actuando con sujeción a la norma procesal específica que invocó el ministro», dijo a Emol.
Agregó que la resolución del máximo tribunal «reivindica, frente a las críticas de algunos en su momento, la actuación del ministro Paris. Él actuó conforme a Derecho y la Corte Suprema en ese sentido le ha dado la razón».
En tanto, sostuvo que lo ocurrido debería «invitar» al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a reflexionar sobre el actuar del Ministerio Público: «Es algo que nosotros hemos dicho desde hace bastante tiempo al Fiscal Nacional, señor Abbott, que debe revisar esta situación; que hay malas prácticas, que el Ministerio Público debe hacerse cargo».
Finalmente, criticó que «el Fiscal Nacional es bueno para la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Y me parece por lo mismo que cuando la Corte Suprema se pronuncia y da cuenta de los fundamentos que tenía el ministro Paris para oponerse, creo que por lo menos invita a reflexión al Fiscal Nacional».
Cabe recordar que la decisión de la Corte Suprema también fue valorada por el ministro de Salud, Enrique Paris. Durante la entrega del informe COVID-19, el secretario de Estado fue consultado al respecto, y si bien señaló que “no hablaría de triunfos ni derrotas”, manifestó que “la Corte Suprema ha actuado muy correctamente”.
“Nosotros lo que pedimos fue que la Corte Suprema nos ordenara cuáles y qué tipo de correos entregar. Nosotros creemos que es lo correcto, porque la primera petición fue entregar todo, a ciegas, sin ninguna indicación, ni ninguna dedicación especial a ciertos tipos de correos. Nosotros hicimos ver que al entregar todo se pone en peligro la seguridad nacional y sobre todo se contravenía la ley de derechos y deberes de los pacientes”.
Distinta es la opinión del senador Alejandro Navarro, querellante en el caso, quien recalcó que dos de los tres votos de mayoría pertenecen a abogados integrantes (junto al ministro Carlos Künsemüller votaron los abogados integrantes Jorge Lagos y María Cristina Gajardo), mientras quienes estaban por la entrega total de información, son ministros titulares (Haroldo Brito y Jorge Dahm).
«Vamos a revisar (a) los abogados integrantes, porque parte importante de la Sala de la Corte estuvo por entregar los correos para que haya transparencia, para que se cumpla el objetivo de buscar justicia y no haya impunidad. Yo lamento la decisión de la Corte, pero vamos a seguir insistiendo, en todos los niveles, para que haya transparencia en el proceso de la pandemia, porque impunidad no va a haber», subrayó.
Asimismo, sostuvo que “la negativa de entregar la parte concerniente a la compra de ventiladores nos pone en una disyuntiva. El ministro de Bolivia fue destituido porque pagó sobreprecio por los ventiladores y no sabremos, por lo tanto, cuánto le costaron al Estado de Chile. Eso no es seguridad nacional, es presupuesto nacional”.
En otras reacciones del mundo político, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, diputado Ricardo Celis (PPD), señaló que «me parece oportuno, porque no va a poder esgrimirse que hay datos sensibles que tengan que ver con la seguridad nacional».
«Lo que Chile quiere saber es si hubo manipulación de información por parte del gabinete del exministro Mañalich. Lo que está señalando la Corte Suprema apunta en el sentido correcto de que vamos a conocer los correos. Eso es lo esencial», agregó el parlamentario.
Para Celis, el argumento esgrimido por el Gobierno respecto a que en esos mails habría información sensible son una «excusa de la defensa. Siempre el objetivo del fiscal Armendáriz fue la búsqueda de la información respecto a si se habían manipulado o no los datos de información respecto a pacientes fallecidos y contagiados».
Una opinión distinta es la que tiene el diputado del Partido Socialista (PS) Leonardo Soto, quien consideró que el fallo de la Suprema representa un «retroceso en el camino hacia la transparencia que había experimentado nuestro país».
A juicio del parlamentario, el escrito «tiene dos problemas muy graves. Primero, limita de manera notable las facultades que tiene el Ministerio Público para hacer investigaciones en materia de corrupción, negligencia pública, etc. Le pone un límite muy grande, un obstáculo a la investigación, en circunstancias que esta institución es la única facultada para poder indagar cuando se han cometido delitos en la administración pública».
Asimismo, argumentó Soto, que «se permita una reserva parcial de la información de los mails, que puede ser ciertamente atendible cuando existen razones de seguridad nacional, pero lo que no parece razonable es que la Corte Suprema le haya entregado la facultad de decidir cuáles son los mails que están sujetos de reserva al propio Ministerio de Salud».
Según el diputado, “la Corte Suprema debió haber entregado criterios al Minsal para poder discriminar qué es de seguridad nacional y qué no, e igualmente debió haber obligado a que se exhibieran esos antecedentes, pero tachando los nombres de las personas involucradas o las circunstancias que sí pudieran afectar la seguridad del país”.
Además, el diputado Víctor Torres (DC) sostuvo que «me hubiese gustado que la Corte Suprema hubiera establecido la posibilidad de tener un acceso amplio a dichos correos, entendiendo que existe información que puede ser muy útil tanto para esta investigación como también para otros acápites que han sido cuestionados, vinculados, por ejemplo, a la compra de insumos y otros elementos».
«El fallo, además de entregarle al Ministerio de Salud amplias posibilidades de determinar aquello que puede ser o no considerado de seguridad nacional, no establece criterios que sean más precisos y, desde esa perspectiva, también nos entran dudas sobre qué pasaría si existiese una investigación que requiera esa información que hoy no se puede entregar», agregó.
En ese sentido, consideró que «lo óptimo hubiese sido que la Corte Suprema estableciera una fórmula, para que se entregaran todos los correos y se pudiera tarjar aquellos párrafos determinados como datos sensibles o eventualmente aquellos que precisamente pudieran involucrar la seguridad nacional».
«De esta forma podríamos facilitar a la Fiscalía su proceso investigativo y cumplir también con estándares de transparencia, que es lo que uno esperaría en una situación como la que estamos viviendo en esta pandemia que, como hemos insistido, ha generado impacto en la credibilidad de lo que fue el manejo del Ministerio de Salud mientras estuvo a cargo el exministro Jaime Mañalich y obviamente sus implicancias, que pudo haber tenido tanto en la cantidad de contagios como también de fallecidos», finalizó.
