Tomás Laibe y la polarización de la centroizquierda en Normas Transitorias: «Tenemos diferencias de fondo(…)entre el minimalismo y el maximalismo»

“Hay un tema que es el más complejo de todos, en el cual no tuvimos acuerdo, el agua y la transición de los derechos de agua a las autorizaciones”, dijo este lunes el convencional del Colectivo Socialista y miembro de la comisión de Normas Transitorias, Tomás Laibe. Se refería a dos artículos que presentó la centroizquierda por separado para la última votación de normas transitorias en el hemiciclo de este martes.

“Ahí hay una propuesta desde el Bloque Popular y otra desde el Frente Amplio (FA) y el Colectivo Socialista. Creemos que nuestra propuesta da mucha más certeza a las personas que tienen derechos de agua hoy que van a sufrir un cambio del régimen de sus autorizaciones. De todas maneras es algo que se está conversando entre los colectivos, y esperamos que no afecte al conjunto de las otras disposiciones”, agregó el lunes Laibe.

Quienes fueron parte de la elaboración de artículos del grupo de la centroizquierda aseguran que la transición de los derechos de agua a autorizaciones fue uno de los puntos más álgidos de la discusión entre el Bloque Popular, conformado por la Coordinadora Plurinacional, Pueblo Constituyente y Escaños Reservados, y los colectivos considerados al interior del ex Congreso más oficialistas, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista. De esta forma presentaron dos indicaciones por separado.

La norma permanente sobre agua dicta que “las autorizaciones de uso de agua —que vienen a reemplazar al derecho de agua— serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”.

Ambas proponen que, si se aprueba y entra en vigencia la nueva Constitución, todos los derechos de aprovechamiento se considerarán autorizaciones de uso. La principal diferencia entre las dos indicaciones es que la presentada por el Frente Amplio y el Colectivo Socialista —con el nombre de Jeniffer Mella (FA) como la primera firmante— especifica que mientras no se dicte la normativa permanente, o en el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, se aplicarán reglas especiales y una de esas aborda las transferencias de autorizaciones.

Establece que la Dirección General de Aguas (DGA) o su sucesor jurídico si es que se aprueba la Constitución, la Agencia Nacional de Agua (ANA), “podrán autorizar cambios de titularidad en las autorizaciones administrativas de uso aguas o actos jurídicos que impliquen que una persona distinta de la titular las ejerza, siempre que estén fundadas en la satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento, o la disponibilidad efectiva de las aguas”.

Convencionales del Bloque Popular aseguraron que el plazo de tres años para transferencias podría generar que se cedan autorizaciones a “cercanos” y que así la misma persona propietaria siga controlando derechos, pero que no los tenga oficialmente.

Mientras que el lunes algunos socialistas dijeron que no votarían a favor de la indicación presentada por el Bloque Popular, este martes aseguraron que es algo que está en conversaciones con los otros colectivos y que por ahora estarían llanos a aprobar las dos para que después la comisión de Armonización arregle las incoherencias entre ambos artículos. Esto, según fuentes socialistas, por el temor de que los colectivos de independientes puedan rechazar normas transitorias fundamentales para ellos como aquellas que tienen que ver con la Corte Constitucional y los jueces.

-¿Por qué tanto el Colectivo Socialista como el Frente Amplio presentaron una indicación por separado de la que ingresó el Bloque Popular en la transición desde derechos de agua a autorizaciones?

-Nosotros tenemos una diferencia con la propuesta del Bloque Popular porque creemos que hay que generar mayores certezas respecto de qué implica la norma permanente que ya hemos aprobado. Hay varios elementos ahí, una discusión sobre los gravámenes y las transferencias. En la comisión de Medio Ambiente se discutió sobre las transferencias y el artículo original hablaba de que no eran transferibles las autorizaciones de agua, lo que se eliminó. Pero al no quedar explicito que son transferibles, la discusión giraba en torno a explicitar esto para el mandato al legislador y para las adecuaciones normativas que haya que hacer en la transición. Creemos que la nuestra es más completa, da más certeza jurídica a quienes tienen derechos de agua y cambia su régimen de aprovechamiento de agua. Ese nuevo régimen es mucho más estricto, pero requiere certezas.

-¿Ves una fragmentación al interior de la centroizquierda entre un grupo oficialista e independientes causada por las discusiones dentro de la comisión de Normas Transitorias?

-Tenemos diferencias de fondo que se han reflejado durante todo el proceso. Que tienen que ver con discusiones entre el minimalismo y el maximalismo, sobre la desconfianza al legislador versus los que tenemos más confianza en la institucionalidad. Esos dos ejes han sido transversales durante todo el proceso. Claramente a la hora de definir la transición se vuelven a marcar, porque hay una realidad, hay un Congreso con una cierta conformación política, y un Ejecutivo de un cierto color. Pero sí creo que hemos podido llegar a un equilibrio en estos acuerdos en el sentido de acelerar ciertas materias que nos parecen prioritarias, pero también dejar que el Congreso y el Ejecutivo evalúe cuáles son los otros proyectos que también quiere presentar. Y que sean las propias instituciones quienes adecúan sus ritmos sin un mandato expreso en disposiciones transitorias.

-¿El Bloque Popular surgió en la discusión de Normas Transitorias?

-El Bloque Popular viene de antes. En Derechos Fundamentales se nombraron así, por ser la comisión que más claramente se fijaron los polos y se ordenaron las fuerzas ideológicas más claramente. El Colectivo Socialista, Frente Amplio e Independientes por una Nueva Constitución (INC) eran una fuerza política coordinada, y el resto era el Bloque Popular. Y estas dos fuerzas se juntaban para tratar de llegar a acuerdo. Pero ahí se armaron los dos bloques.

-¿Dentro de Transitorias el PC ha estado más en conversaciones con ustedes?

-El Colectivo Socialista siempre ha tenido bilaterales con el PC. Efectivamente hoy día somos Gobierno y tenemos intereses comunes. Que al Gobierno le vaya bien, que pueda haber una buena implementación, eso ha reforzado un diálogo no solamente bilateral sino que entre las fuerzas que estamos en el Gobierno.

En Transitorias es donde más nítidamente han estado presentes estas tres fuerzas, Frente Amplio, Chile Digno (independientes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social) y nosotros (Colectivo Socialista), porque estamos mirando la transición e implementación, que es claramente responsabilidad de nuestro Gobierno.

Por un lado, nosotros tenemos la responsabilidad de que la transición sea ordenada pero si haya certezas respecto de los plazos y cuándo ocurrirán ciertas cosas, y tenemos diferencias de repente con las otras fuerzas en relación a la cantidad de presión que se le puede poner al Gobierno y al Congreso en la implementación. Porque nosotros entendemos que esto es un proceso complejo. Entonces uno no puede priorizar todas las materias que están en la Constitución como elementos que se deben tramitar en los primeros años desde la entrada en vigencia de la Constitución. Porque hay una cuestión material que lo hace difícil.

-¿El grupo más oficialista buscó minimalismo en la creación de las disposiciones transitorias?

-Claramente lo que éramos parte de las fuerzas de gobierno buscábamos no fijar plazos para cada una de las disposiciones constitucionales, sino más bien definir prioridades que a todos nos hicieran sentido. Y por eso llegamos a un acuerdo en el que dijimos, de todos los derechos fundamentales vamos a concentrarnos en los sistemas. En el Sistema Nacional de Educación, en el Sistema Nacional de Salud, Sistema de Seguridad Social, y ahí vamos a definir plazos. Para el resto rige la regla general que son cuatro años de adecuación normativa.

-En la primera propuesta se fijaron cinco años, los convencionales de colectivos conformados por independientes y movimientos sociales querían tres años, ¿se llegó a un punto medio?

-Nosotros planteábamos cinco años, porque creemos que un gobierno es una expectativa razonable. Pero hay que pasarse un poco del Gobierno en el sentido de que es probable que buena parte de la legislación y las normativas se adecúen en este Gobierno, pero viendo otros procesos constituyentes siempre se supera, es más de un Gobierno. Entonces nos parecía razonable un plazo de cinco años,  pero también entendemos que hay certezas necesarias por parte de los convencionales que están acá y que no están representados por la institucionalidad, y que querían apurar un poco esos plazos. Por eso llegamos a los cuatro años.