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El fiscal Centro Norte retrucó la solicitud de la defensa de levantar el secreto de la investigación, o de reducirla a 20 días de los 40 iniciales. “Si hace esto, no sabemos si se va a repetir. Y es una investigación que está en curso, que está recién empezando”, señaló.
El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, sostuvo durante la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa de Manuel Monsalve que el exsubsecretario solicitó a detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) que se acercaran a la funcionaria pública que lo denunció por violación antes de que se estampara la denuncia. Esto durante las primeras diligencias que encargó para que revisaran las cámaras del restaurante al que fueron con anterioridad.
“Nosotros sabemos que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado. Ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que no solo asistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”, señaló Armendariz.
La desclasificación la hizo el persecutor durante la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa de Monsalve, representada en la sala por Cristián Arias y Lino Disi. En ella los abogados solicitaron una serie de datos sobre la causa que hasta el momento desconocían: el estado de las investigaciones y sus resultados, la primera declaración de Monsalve ―dada durante la noche del 15 de octubre― y la 2° orden de incautación del celular del exsubsecretario y el levantamiento del secreto de la investigación.
Durante el desarrollo de la audiencia en el que se abordaron los distintos puntos presentados por los abogados defensores, el fiscal Armendáriz solicitó que se negara a la defensa el acceso a los registros policiales antes de que los tuviera a mano el propio Ministerio Público.
“Los hechos ocurrieron del 22 al 23 de septiembre (…) Pasaron casi tres semanas hasta el 10 de octubre en que esta gestión no se hizo. Y el imputado no comunicó esta situación a nadie en función de su cargo. Y tres semanas después se preocupó de que tenía la memoria borrada (…) Creemos que aquello no obedece a una situación de esa naturaleza, sino que el señor Monsalve comenzó a pensar que iba a ser denunciado de un delito de violación”, señaló, agregando sus sospechas respecto a la intención de Monsalve de “ejercer algún tipo de enmascaramiento” del caso.
Razonamiento que compartió la abogada recientemente fichada de la querellante, María Elena Santibáñez. “Resulta manifiesto las posibilidades de que el imputado pueda obstaculizar la investigación, toda vez hay antecedentes claros de que ya ha hecho gestiones en ese sentido”, señaló.
Por lo mismo agregó posteriormente que “entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra. Pero además no es cualquier jefe. Es una figura pública. Es una figura que tiene peso en el ámbito social. Tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe”.
En esa misma línea Armendáriz sostuvo en su siguiente intervención de que el exsubsecretario del Interior no sólo solicitó diligencias a la PDI sobre las cámaras de seguridad del restaurante al que concurrió con la denunciante en la noche del 22 de septiembre.
“El primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad, hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado”, dijo el fiscal.
“¿Qué es lo que se ha hecho?”, continuó el persecutor. “Se acercaron a su departamento. Y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones, una funcionaria de la Policía de Investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si hace esto, no sabemos si se va a repetir. Y es una investigación que está en curso, que está recién empezando”, señaló el persecutor.
Dentro de las resoluciones deñ juez del 7° Juzgado de Garantía, Ponciano Sallés, estuvo la mantención del secreto de la investigación por 40 días, negándose así a la solicitud previa de la defensa de reducirla a sólo 20.
“Para que investigue estos hechos (denunciados) y segundo, para que reconstruya, si es necesario reconstruir aquellas circunstancias que puedan estar contaminadas respecto de esta investigación preliminar que se habría realizado previo a la denuncia recibida el 14 de octubre”, justificó el magistrador.
