En su informe a la Corte de Apelaciones indicó que los correos no son actos formales, con lo cual quitó valor a las instrucciones que dio el encargado de la evaluación técnica de los proyectos a los consejeros regionales de la Región del Biobío en 2014, funcionario que asistió a Chillán ese año y a quien los consejeros le hicieron las consultas por email.
El pasado 4 de febrero, la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) envió un informe a la Corte de Apelaciones de Concepción. No lo firmó su titular, Renato Hamel, quien fue desvinculado cuatro días después, sino Karl Dietert, quien lo estaba subrogando.
El documento respondía al requerimiento de la Corte para que la entidad pública emitiera su opinión acerca de los cuestionamientos hechos por Chillan Casino Resort, la sociedad ligada al grupo Boldt Peralada que por tercera vez apeló ante el tribunal de alzada contra la votación del Consejo Regional del Biobío, que lo dejó afuera de la carrera por obtener la concesión del casino de Chillán.
Pero la Superintendencia esquivó las consultas y advirtió que no puede opinar sobre lo obrado por el Core sureño, pues este es autónomo y, en consecuencia, a la SCJ no le corresponde comentar dichas decisiones.
Sin embargo, en su primera respuesta, la entidad –que hasta el lunes dirigió Renato Hamel– se hizo del único emplazamiento hecho por el abogado de Boldt, Ricardo Abdala, quien acusó al Core de no seguir las instrucciones dadas por la SCJ.
La alusión de Boldt apunta al oficio enviado por la Superintendencia de Casinos y en especial a los correos que el jefe de la división de autorizaciones y estudios, Luis Rodríguez, intercambió con el funcionario de la unidad de programas y estudios de la división de planificación y desarrollo regional del Gobierno Regional de Biobío en junio de 2014, antes de la primera votación que hizo el Core y que dio inicio al largo proceso judicial y administrativo que aún no concluye y tiene a la ciudad de Chillán a la espera de que se elija el proyecto de más de US$ 50 millones que Marina o Boldt realizarán en el sur.
En dichos correos, Rodríguez –despedido por Hamel en 2015– explica a Adriazola la forma en que se debe votar en el Core.
El martes 10 de junio de 2014, Rodríguez escribe un correo a Adriazola, quien antes le pregunta cómo se hace la votación. El funcionario de la SCJ le explica que el Core solo se pronuncia respecto del “mérito” de la comuna donde debe instalarse –en este caso no hacía diferencias, pues todos los proyectos (incluido el de Dreams, que finalmente renuncia) son en la misma ciudad– y del impacto de dicho emplazamiento en la estrategia de desarrollo regional. Y, a continuación, le indica que al Gore (a través del Core) “no le corresponde pronunciarse sobre las particularidades de los proyectos”.
Estos correos, revelados en noviembre pasado, parecen no haber sido considerados por el Core, que dio el puntaje total a Marina del Sol y dejó sin él a Chillán Casino Resort.
La justificación del Core ha sido que la ubicación del proyecto de Boldt –a un costado de la Universidad Pedro de Valdivia– podría tener impacto, a nivel de ludopatía en la juventud y –según las argumentaciones expresadas en la tercera votación de noviembre pasado– por la falta de autosuficiencia energética de la iniciativa de Boldt. El primer argumento, el Core lo vincula con la estrategia de desarrollo regional, recordando un capítulo de ella, donde se alude a propender a hábitos de vida saludable en la región.
Más allá de la contradicción del Core respecto de sus actuaciones en otras licitaciones en el pasado, la superintendencia refutó implícitamente la información otorgada por Rodríguez en junio de 2014.
“El recurrente (Boldt) alude a una supuesta falta de cumplimiento de instrucciones de esta Superintendencia, pues bien, sobre el particular cabe señalar que de conformidad a lo establecido por la Ley N°19.995, esta Superintendencia es representada por su superintendente, quien es la única persona facultada para emitir instrucciones, órdenes o interpretaciones oficiales de la Superintendencia de Casinos y Juegos, en el ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias. Cabe precisar que otras comunicaciones, por ejemplo, correos electrónicos, no son parte de las instrucciones formales emanadas de la Superintendencia”, señala el escrito de la SCJ ingresado el 4 de febrero pasado.
Respecto de todos los cuestionamientos hechos por Boldt –que calificó como arbitraria e ilegal la votación del Core, ejemplificando ello con una serie de contradicciones del organismo respecto de actuaciones pasadas y también en relación con la forma en que ha justificado la decisión– la SCJ solo optó por abstenerse de comentar, advirtiendo que por ley no puede hacerlo.
En este sentido, explicó que los gobiernos regionales, de acuerdo a la ley orgánica que los regula, son un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con atribuciones para cumplir con sus funciones, mientras que la SCJ tiene características similares y además es autónoma. “De esta forma, de conformidad al principio de legalidad que rige todo el actuar de la Administración pública, nos está impedido inmiscuirnos en el ejercicio de las facultades que la Ley entrega a otro Servicio Público como es el Gobierno Regional del Bio Bío”, indica.
Las explicaciones de la SCJ para no intervenir en la disputa entre Boldt y el Gobierno Regional del Biobío y, en particular, las que quitan el piso a las indicaciones de Luis Rodríguez al Gore sureño, podrían ser cuestionadas en tribunales por Boldt.
Por un lado, en el acta de la sesión del Core del Biobío del 28 de mayo de 2014 –un mes antes de votar por primera vez– y donde asiste el propio Hamel junto al mentado Luis Rodríguez, Hamel explica sucintamente la forma en que deben votar, aunque siempre cuidándose de dejar en claro que es una decisión autónoma del Core y que no existe un protocolo o manual que explicite la manera en que deben argumentar los consejeros al emitir su voto.
A tal nivel es la ambigüedad de la ley al respecto, que Hamel mismo les indica que “la ambigüedad en ese caso sirve, en el sentido de que se pueden incorporar criterios que el Consejo estime convenientes”.
Hamel les adelanta que en los siguientes diez días les hará llegar un oficio donde se explica con mayor detalle el proceso. Dicho documento –enviado al intendente de la Región del Bíobío, Rodrigo Díaz– llega el 2 de junio y, luego de dar las ordenes generales ya referidas, Hamel adjunta al final del escrito los datos de contacto con Luis Rodríguez, quien “cumple el rol de coordinador de la evaluación técnica de los proyectos”, siendo además en forma permanente el jefe de la división de autorizaciones y estudios de la SCJ. En el oficio indica su correo, y teléfono.
Por ello, 8 días después, el martes 10 de junio de 2014, Rodolfo Adriazola, del Core, envía los correos ya señalados a Rodríguez, quien da una serie de instrucciones y comentarios, que son los que ahora la SCJ desconoce y asegura son comunicaciones informales, pese a que dichos correos son enviados con copia al abogado del Gobierno Regional del Biobío, Jorge Díaz.
En dichos correos, Rodríguez es explícito. Además de advertir que el Core no debe evaluar proyectos específicos sino solo la correspondencia de la ubicación de cada uno respecto de la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR), señala que “hay otras instancias donde la SCJ evalúa temas específicos”.
Incluso, en dichas comunicaciones Rodríguez le indica a Adriazola que “dado que el Gore se pronuncia a nivel general respecto de la posibilidad de construir un casino en la comuna de Chillán o no, el pronunciamiento puede ser perfectamente a favor de las tres opciones”, si bien recuerda que “siempre y cuando no haya algún impedimento, por ejemplo, en su Plan de Desarrollo Regional”.
Aunque en la primera votación el Core no especifica causales en función de la EDR, como le indicó tanto Hamel en su visita en mayo de ese año como Rodríguez vía correo, sino simplemente evacua un informe acotado que no funda sustancialmente su decisión. El resto es historia conocida.
No fue posible contactar a la SCJ para pedir mayores detalles sobre el fondo de lo que planteó a la Corte, mientras que Boldt no quiso hacer declaraciones respecto del caso.
