El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, abordó la evolución de la emergencia desatada por los incendios forestales en el centro-sur del país, y el impacto en los productores agrícolas como uno de los grupos más afectados en las zonas con mayores índices de pobreza a nivel nacional. "Es una situación muy dramática donde la ruralidad profunda ha tenido un daño significativo. (...) Un 45% son mujeres, quienes tienen una economía de subsistencia y autoempleo muy significativa", señaló. Asimismo, detalló las principales medidas en curso para el proceso de reconstrucción productiva y las proyecciones respecto al desarrollo de un modelo agroforestal más seguro. "Hay voluntad de acuerdo para trabajar juntos sin demonizar al otro, sin trincheras. (...) Estamos trabajando para que el primer semestre de este año tengamos una legislación robusta y enfrentemos la temporada de incendios de manera mucho más corresponsable", indicó.
El académico de la UAH y uno de los 14 juristas que integrarán el Comité Técnico de Admisibilidad, se refirió a cómo operará el denominado "árbitro" que deberá velar por el cumplimiento de las 12 bases en el nuevo proceso constituyente, instancia que comenzará su trabajo junto a la instalación de la Comisión de Expertos el próximo 6 de marzo. "Eventualmente si hay una impugnación de una propuesta de norma llegaríamos a conocerla, no de oficio o a mutuo propio, sólo cuando se produzca una disconformidad en la discusión. (...) Por lo tanto, es un órgano que acompaña", señaló. Asimismo, agregó que las bases constitucionales son fundamentos que "habilitan la discusión democrática", principio que da espacio para las distintas miradas constitucionales durante el proceso. El abogado también se refirió a lo que, a su juicio, son dos claves fundamentales para el éxito de este nuevo proceso: "Ampliar el acuerdo político que sostenga el pacto constitucional chileno y la legitimidad ciudadana".
El arquitecto y máxima autoridad comunal se refirió a los principales desafíos que enfrenta Puerto Varas, luego del explosivo aumento poblacional a partir de la pandemia y la reciente auditoría que reveló pérdidas millonarias ocurridas durante la administración municipal anterior, entre diciembre de 2016 y junio de 2021. El aumento en la densidad demográfica es uno de los temas prioritarios para la comuna, por lo que el trabajo ha estado enfocado en la actualización del Plan Regulador Comunal, la regularización en los cambios de uso de suelo en zonas rurales, entre otros temas. Gestión municipal cruzada por objetivos de desarrollo sostenible para el territorio, que buscan convertir a Puerto Varas en un referente de la Agenda 2030, transformándose en la primera ciudad chilena en integrar la Red Latinoamericana de Biodiverciudades.
El doctor en Derecho y miembro de la Comisión de Expertos constitucionales, designado por el PS, señala que el principal rol de este espacio será "poner la técnica al servicio de la política democrática" y aspirar a una "Constitución que no cierre la democracia, sino que la habilite". En ese sentido, plantea que la cláusula de Estado social -en las doce bases constitucionales- es una oportunidad para reencontrarnos con la historia constitucionalista de Chile y "conectar con parte importante de lo que han sido las discusiones políticas en los últimos años en relación a fortalecer los derechos sociales". "Lo debemos expresar en todo el texto constitucional, a través de una arquitectura institucional de derechos. Todo el espectro político acordó que vamos a reencontrarnos con el constitucionalismo social y que vamos a pasar del Estado subsidiario al Estado social, (...) y espero que seamos leales a esa decisión política", agregó.
El analista y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, comentó los últimos episodios que han marcado la agenda de política exterior chilena y las principales conclusiones de la Cumbre de la Celac 2023. Respecto a la polémica por la filtración de audio en Cancillería, Holzmann apuntó a que el hecho "instala una duda más amplia en todo el quehacer del gobierno del Presidente Boric", y los riesgos en "la calidad del proceso de toma de decisiones". En relación a la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, señala que "las problemáticas internas de los países, más allá del signo ideológico de quien gobierne, superan por mucho las voluntades de poder concurrir a un frente común", y donde la Celac "termina siendo un lugar donde convergen una serie de discursos", sin una hoja de ruta con propuestas concretas ante los desafíos de la globalización.
Para el diputado Juan Santana la definición del Partido Socialista sobre si acudir a una o dos listas electorales para la elección del Consejo Constitucional, "no es un debate meramente electoral, sino que estrictamente político", donde la lista única "responde a un mínimo de lealtad con el Gobierno" y que -a su juicio- los socialistas deben ratificar. "La idea de las dos listas esconde la tesis completamente errada de que hay partidos de la centroizquierda que podrían eventualmente capitalizar el descontento que la población tiene con el Gobierno, es un error histórico pensar que eso va a ocurrir", señaló. Asimismo, calificó como "una imprudencia" la opción de que el PS integre una lista solo con Socialismo Democrático, más la DC como partido no oficialista. "Me parece que es impresentable en política, uno no puede estar con el Gobierno cuando le conviene y tomar distancia cuando las cosas andan mal, así se pierde credibilidad".
El secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, se refirió a los efectos particulares y sistémicos en el modelo de salud, luego de que la crisis de las isapres se agudizara tras el fallo de la Corte Suprema que ordena la aplicación de la nueva tabla de factores para los afiliados y la devolución de cobros en exceso. En ese sentido, señala que la forma en cómo la Superintendencia decida aplicar esta resolución "va a ser una luz en el corto plazo" para la estabilidad del sistema, por lo que es necesario pensar en cambios estructurales que "apunten hacia la universalización y a que las inequidades entre lo público y lo privado vayan disminuyendo".
¿En qué momento se jodió el Perú? Es la legendaria pregunta de Mario Vargas Llosa y que el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales busca responder ante la actual crisis política del país vecino. En conversación con El Mostrador, el diplomático profundiza sobre las semejanzas con el estallido social chileno, la viabilidad de una salida institucional y los antecedentes históricos que permiten explicar el descrédito de las instituciones peruanas. "La crisis actual viene del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992, que quiso ser copiado burdamente por el expresidente Castillo. (...) Desde entonces no se pudo reconstituir el sistema de partidos. Son elementos históricos que se van a ir concatenando hasta este momento culminante que ya estaba anunciado", señala Rodríguez Elizondo. En ese sentido, agrega que por ahora una salida constitucional no es viable, ya que no existen "nuevos elementos democráticos" en la estructura partidaria, al tiempo que precisa que "por mala que sea la situación de la institucionalidad peruana, es preferible al salto al vacío". "El llamado a elecciones para el 2024 es el plazo mínimo para forjar partidos conscientes de lo que se está jugando", subraya.
El secretario general del PPD confirmó la decisión partidaria de concurrir con dos listas oficialistas a la elección de consejeros constitucionales, cuyo plazo de inscripción de candidatos finaliza el próximo 6 de febrero. "Tenemos la convicción de que en la situación actual es necesario ampliar la base de apoyo social y política que este Gobierno tiene. Debemos salir del nicho electoral, y hablarles a los sectores moderados y de centro", señaló Toro Kemp. En ese sentido, agregó que, si bien "mantienen el firme convencimiento de lealtad y apoyo hacia el Gobierno", no están dadas las condiciones para una lista única con Apruebo Dignidad, debido a las diferencias identitarias, expresadas, por ejemplo, en la polémica por los indultos. "Yo no me imagino a los candidatos de Socialismo Democrático teniendo que dar explicaciones por afirmaciones o comentarios de Apruebo Dignidad. Es complejo y eso se tiene que evaluar en la construcción de una lista electoral", indicó.
El doctor en Economía y académico de la UACh, Cristian Colther, abordó los principales desafíos para las regiones en materia de desarrollo y crecimiento económico, a propósito de las proyecciones de recesión para el 2023 y las deudas en materia de descentralización que persisten en nuestro país. "Una de las grandes dificultades es que no se puede planificar en un horizonte de incertidumbre. Las capacidades regionales para impulsar crecimiento son más difíciles ", señaló. En ese sentido, apuntó a la urgencia de acelerar el traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales, mediante "un proceso de descentralización administrativo que permita una transferencia efectiva de ciertas funciones que se canalizan a nivel central, y que se puedan decidir en las regiones". "También es relevante la descentralización fiscal en torno a los impuestos y la generación de recursos propios en las regiones", agregó.
El diputado PS, Leonardo Soto, se refirió a la propuesta de crear un recinto penitenciario exclusivo para imputados y condenados provenientes de pueblos originarios, iniciativa que impulsa junto a otros parlamentarios y que actualmente se encuentra en evaluación técnica por parte del Ministerio de Justicia. "El Convenio 169 de la OIT obliga a todos los países donde habitan pueblos indígenas a que, en los casos de personas privadas de libertad, haya una adecuación de los recintos penales que pueda recoger la interculturalidad", señaló. Asimismo, agregó que no se trata de otorgar un espacio de privilegio, sino que de "un recinto penal con condiciones de seguridad estándar pero con pertinencia cultural y religiosa, que permite resolver un problema de Estado".
La máxima autoridad regional se refirió al alcance de las medidas anunciadas por la ministra Carolina Tohá respecto al fortalecimiento del control fronterizo, luego de su visita a la Región de Arica y Parinacota, y las principales urgencias que persisten por la "profunda" crisis migratoria en el norte del país. Dentro de los compromisos destacó la modificación de "las fórmulas de cálculo para que las dotaciones de Carabineros y PDI, que se incorporarán a frontera, sean con una fórmula distinta a la del resto del país y considere el factor fronterizo". Además, enfatizó que como Gobierno Regional realizaron una inversión de 6.200 millones de pesos para implementar un "sistema de registro biofacial, biométrico y de voz de todas las personas que han ingresado por pasos irregulares", debido a que hoy no existe un catastro claro al respecto.
El profesor de Derecho Constitucional UC se refirió al acuerdo constituyente alcanzado por los partidos políticos, valorando el "esfuerzo de las fuerzas democráticas por reconocer los errores que han cometido en el pasado", junto con destacar la idea de un proceso mixto con varios actores, a diferencia de lo que hubiese sido "un órgano mixto con componentes no democráticos". Respecto a las dificultades que podría presentar esta nueva etapa del proceso, señaló que "hay un riesgo en que se vuelva elitista y que esté solamente circunscrita a las fuerzas políticas". "La ciudadanía va a participar eligiendo al Consejo Constitucional y, luego, en el plebiscito ratificatorio de salida. Yo digo que es insuficiente, porque este pacto se da en un escenario de fatiga constitucional, por lo que trataría de ser muy creativo para abrir las puertas y que haya participación ciudadana. (...) Se requiere capital social, porque la legitimidad de los partidos no es suficiente", sostuvo.
El sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, se refirió al estado actual de la política chilena luego del plebiscito del 4 de septiembre y la viabilidad de transformaciones que resuelvan las deudas sociales que persisten en esta nueva etapa de discusión constitucional. "Que desaparezca el proceso transformador podría ser uno de los escenarios y ese es el proyecto de la derecha. (...) Un proyecto llamado de restauración conservadora", señaló. También abordó el desafío que implica para el oficialismo "reconstituir mayorías" tras la derrota electoral. "Esto supone una recomposición de la alianza de Gobierno, una coalición que se homogeniza en términos de tener un proyecto común. Establecer claramente una ruta que implique transformaciones estructurales que marquen un horizonte y tengan relación con los problemas cotidianos del país", indicó. Finalmente, enfatizó que "no basta con esto si no hay una nueva forma de mirar a la sociedad chilena, y la capacidad de la política no solamente de entenderse entre ella, sino que entender este nuevo mundo".
El senador DC se refirió al nuevo proceso de elección del jefe del Ministerio Público, en un contexto de críticas hacia los estándares de transparencia en la selección de los postulantes. En tal sentido, apuntó particularmente al desconocimiento sobre los criterios aplicados por la Corte Suprema, luego de conocerse que Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez fueron los elegidos para completar la quina de candidatos. "Hay mucha opacidad, no pongo en duda la calidad humana de los jueces, pero entendamos que los procedimientos deben ser distintos", señaló. Asimismo, afirmó que el mecanismo es "una camisa de fuerza" para el Gobierno, donde finalmente el Senado solo "debe poner el dedo para arriba o el dedo para abajo". "¿Dónde está la plantilla con los requisitos que deben cumplirse, dónde está todo eso que pudiera ser conocido para que el sistema, casi de manera automática, pueda elegir a las y los mejores? Esta opacidad es mi crítica", puntualizó.
El diputado por la Región Metropolitana abordó el complejo escenario de violencia que vive el centro de Santiago y el carácter multifactorial de la crisis, señalando que "nos estamos adentrando a un debate público que intenta simplificar de manera interesada cuestiones que son complejas". Problemática que –a su juicio– debe ser abordada desde diferentes focos, como el control de la migración irregular, la reactivación económica, tener una visión más estricta con el comercio ilegal y ambulante, recuperación de espacios públicos, entre otros. Asimismo, agregó, como otro factor relevante, la necesidad de un eficiente "control de armas", y la "fiscalización de las casas que se encuentran tomadas y con sobreexplotación del inmueble por hacinamiento". El parlamentario se refirió igualmente a los hechos delictuales que persisten en los liceos emblemáticos y a las críticas hacia el Ejecutivo en materia de orden público. "Han querido tratar de dar a entender, algo que a mi juicio es aberrante, que es que el Gobierno del Presidente Boric estaría teniendo una eficiencia menor que el Gobierno anterior respecto al combate de la delincuencia, sobre lo cual no hay ninguna cifra o información para poder afirmar aquello", indicó.
La defensora de la Niñez se refirió a los principales temas presentados en el Informe Anual 2022 sobre derechos humanos de la niñez y adolescencia en Chile, cuyos datos dan cuenta de las deudas que persisten en relación a las responsabilidades del Estado, en un contexto donde diferentes episodios vuelven a instalar la urgencia de la protección de menores en el país. "Una de las grandes frustraciones tiene que ver con la incapacidad del Estado chileno - a pesar del lapidario y vergonzoso informe del Comité de los Derechos del Niño el 2018 - de cambiar radicalmente la situación de los niños que viven privados de su medio familiar en residencias de protección. Eso ameritaba una acción que realmente produjera cambios radicales, y a pesar de nuestras peticiones en el ámbito legislativo, a propósito del servicio que sustituyó al Sename, no lo hemos logrado", señaló.
Christopher White se refirió a las prioridades que buscan instalar desde los municipios en el marco del acuerdo nacional en seguridad impulsado por el Ministerio del Interior, donde –a su juicio– "el fondo del problema tiene que ver con la distribución de recursos entre comunas". En ese sentido, valoró los esfuerzos preliminares de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que buscan equiparar la asignación presupuestaria. "Nosotros nos sentimos muy discriminados cuando nos comparamos con otras comunas en términos de ingreso per cápita. Si yo tengo mayor cantidad de recursos, obviamente voy a tener mayor posibilidad de invertir en materia de delincuencia desde el punto de vista integral", señaló. Asimismo, profundizó respecto a las acciones municipales para avanzar en la recuperación de espacios públicos, así como el trabajo colaborativo con Carabineros para reconstruir la confianza en las policías. Sin embargo, advirtió sobre la urgencia del fortalecimiento de las capacidades investigativas. "Hay que fortalecer la inteligencia y entregar más herramientas a Fiscalía, porque no puede ser que el municipio y Carabineros hagan un esfuerzo gigantesco, pero después no tengamos las herramientas legales para dejar a las personas privadas de libertad", indicó.
La autoridad universitaria se refirió a la discusión sobre la crisis educacional en el país, luego de que el Mineduc diera a conocer las alarmantes cifras de deserción escolar, señalando que esta "crisis estructural tiene que ver con un abandono del Estado –no de un solo Gobierno– respecto al sistema educativo". En tal sentido, abordó la problemática desde la realidad de la educación superior y la formación docente, a propósito del actual déficit de profesores y las complejas condiciones laborales que hoy enfrentan. "Lo concreto es que nosotros no valoramos la función del profesor en Chile, ni a través del sistema de salarios, ni desde el punto de vista de protección de los profesores en las aulas", indicó. Asimismo, agregó que "esto forma parte de lo que llamamos un ambiente integrado del proceso pedagógico. Está la formación del profesor, la infraestructura del colegio en que trabaja, pero además está la situación del contexto familiar en el que se desarrollan niños y niñas". También profundizó sobre los ejes de la casa de estudios para abordar la crisis, que dicen relación con la "formación de personas" mediante el desarrollo de habilidades transversales y las garantías de "igualdad sustantiva" en la comunidad universitaria, como factores que resguardan la salud mental de los estudiantes.
