Opinión
No hay plazo que no se cumpla, el 10 de febrero del año 2010 se publicó la Ley 20422, que estableció un plazo de 8 años para que los bienes nacionales de uso público sean ACCESIBLES.
La accesibilidad es el medio para fortalecer la seguridad y facilidades para que todas las personas puedan acceder, circular y usar los entornos y espacios, sin importar su condición de movilidad.
Ciudad Accesible es una organización sin fines de lucro que trabaja fomentando la accesibilidad universal hace 20 años en nuestro país. Creando la primera página web sobre el tema accesibilidad y discapacidad en Chile con una propuesta basada en la difusión y derecho de las personas por el diseño y accesibilidad universal, con el fin de aumentar y equiparar las oportunidades de desarrollo de todas las personas a través de un entorno amigable y accesible. Ciudad Accesible cuenta con un equipo de arquitectos especialistas en accesibilidad universal que realizan asesorías tanto a empresas públicas como privadas.
Hoy hacemos un balance de la situación de nuestro país referente al cumplimiento de la normativa.
Veredas peatonales, el concepto de “ruta accesible” establecido en la ley, asegura el desplazamiento continuo y seguro de peatones, facilitando el desplazamiento a todos (con o sin discapacidad). Es aplicable a veredas, cruces peatonales y a toda ruta que conecte parques, plazas, estacionamientos, paraderos, acceso a la edificación, etc.
Para lograr que una persona con discapacidad pueda circular por nuestras veredas debe existir una continuidad de la ruta accesible entre paraderos, transporte, veredas, pasarelas peatonales, estacionamientos, acceso a edificaciones etc. Concepto que llamamos “cadena de accesibilidad”.
Al día de hoy las implementaciones de accesibilidad sólo han sido realizada parcialmente en algunos casos. En el caso de los paraderos existen algunos bien ejecutados, sin embargo, en muchos de estos no están conectados con la vereda o la interacción del bus con los paraderos es muy deficiente.
Esta situación hace que los esfuerzos para avanzar en un transporte público accesible se anulen al no contemplar paraderos accesibles para crear una cadena,en la que cada uno de los eslabones se una al siguiente garantizando la seguridad y condiciones que necesita el usuario con discapacidad.
En el caso de transporte público lamentablemente solo podemos referirnos a Santiago, ya que ninguna otra región del país cuenta hasta ahora de un sistema de transporte accesible, una de las grandes deudas e incumplimientos a la Ley 20.422. Se han perdido grandes oportunidades de renovación de flota y nuevas líneas de buses para incorporar al menos un porcentaje creciente de buses accesibles existiendo una notoria discriminación en este aspecto en todo el resto de Chile.
Referente a los estacionamientos para personas con discapacidad, a partir del 2011 Ciudad Accesible introdujo en Chile la sugerencia del color azul para demarcar los estacionamientos para personas con discapacidad con el fin de destacarlo en forma importante y disminuir el uso incorrecto de estos espacios.
Esta exigencia ha ayudado a alertar a los usuarios que es una zona exclusiva que debe ser solamente usada por aquellos conductores o acompañantes que exhiban en el parabrisas la credencial de discapacidad. Sin embargo, la exigencia establece que en todas las vías públicas donde esté permitido estacionar deberán establecer dos estacionamientos cada tres cuadras (Ley del tránsito 18.290). Estamos lejanos a cumplir la exigencia en cantidad y menos en diseño, los estacionamientos también deben estar conectados a una ruta accesible a las veredas o accesos a la edificación, además, deben cumplir con requisitos de diseño, los cuales deben ser más anchos para permitir a un usuario de silla de ruedas, por ejemplo, pueda maniobrar su silla y subirse al auto.
Al 10 de febrero de 2018, no solo las vías públicas, veredas y transporte debían ser accesibles… también las pasarelas peatonales y parques. Larga tarea por delante que debemos comenzar a asumir y planificar para mejorar las condiciones y calidad de vida de muchos chilenos. El plazo ya está vencido y está aún todo por hacer.
De acuerdo a nuestra experiencia y trayectoria, la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones marca el proceso de un país más accesible, impulsando con una mejor y más contundente normativa la instalación de esta práctica.
Las herramientas para su fiscalización son escasas y poco funcionales, y adicionalmente, siendo un concepto transversal presente en toda actividad, se hace necesario acciones más fuertes para educar y capacitar.
