Opinión
El 29 de mayo de este año apareció una noticia proveniente de Malasia. El país devolverá a sus países de origen, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, 3.000 toneladas ―60 contenedores navieros― de desperdicios no reciclables: plástico, cables, cartones de leche contaminados y CDs, todo importado ilegalmente. La ministra del medio ambiente del país asiático, Yeo Bee Yin declaró que “Malasia no será el vertedero del mundo, contraatacaremos”.
No es el único caso. Entre los años 2013 y 2014, más de 100 contenedores fueron trasladados desde Canadá a Filipinas por una compañía privada canadiense. El contenido había sido declarado, engañosamente, “material reciclable” por la empresa privada que lo exportó. Pero, se trataba de 2.500 toneladas de desechos domésticos, entre otros botellas plásticas y pañales de adultos usados. Algunos de estos contenedores han permanecido almacenados cerca de Manila hasta hoy.
En el año 2016, Filipinas comenzó a gestionar con Canadá la repatriación de los contenedores con desperdicios, pero el gobierno canadiense argumentaba que las leyes le impedían traer los desperdicios de regreso. Cansado de la negativa canadiense, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, le dio a Canadá un plazo perentorio para que embarcara los contendores: el 15 de mayo. Además, amenazó, no muy diplomáticamente, que, si Canadá no los retiraba, ordenaría embarcar la basura “para que fuera desparramada en las hermosas playas canadienses”. Para aquellos que están al tanto de la personalidad y excentricidades del presidente su exabrupto no fue sorprendente.
Cumplido el plazo, sin que el gobierno canadiense tomara una decisión, el vocero del gobierno filipino, Salvador Panelo, declaró estar decepcionado por la actitud canadiense. Canadá, dijo, trata a Filipinas como un vertedero de su basura y no toma este asunto en serio. Un par de días después, Manila ordenó el retiro de su embajador, el cónsul y otros funcionarios de su embajada en Canadá.
Ante esta medida, finalmente, el gobierno canadiense reaccionó. Días después, el 22 de mayo, la ministra del medio ambiente y cambio climático, Katherine McKenna, declaró en Ottawa que Canadá valoraba la larga y tradicional relaciones con Filipinas y que traerían de vuelta los desechos. Días después trascendió que el gobierno canadiense contrató una empresa naviera para traer de regreso los contenedores, cuyo contenido será incinerados en una planta cerca de Vancouver. Todo esto, por supuesto, pagado por el gobierno canadiense.
Totalmente diferente y con consecuencias trágicas es lo que sucede en Chile. Durante los años 1984 y 1985 la empresa sueca Boliden embarcó aproximadamente 20.000 toneladas de residuos tóxicos a la periferia de Arica. Los residuos, derivados de su planta de Rönnskär no fueron vendidos, sino que la compañía sueca pagó aproximadamente US $1.200.000 a la compañía chilena Promel para, claramente, deshacerse de ellos. Promel, los importó, supuestamente, para ser “procesados”, sin embargo, jamás lo fueron y permanecieron en el sitio donde fueron vertidos hasta 1997, año en que el Servicio de Salud de Arica trasladó la totalidad de los desechos a otro lugar. Diez años antes, el gobierno había construido un conjunto habitacional en un área colindante, pero en el año 2009 las autoridades declararon el lugar insalubre por su alta contaminación con arsénico, plomo y mercurio.
Boliden sabía que el lodo constituía un eminente peligro para la salud. De hecho, ellos mismos habían solicitado, antes de exportarlo, una patente para una nueva tecnología suya para remover el arsénico del lodo, argumentado que era el único procedimiento apropiado de desintoxicación.
A partir del año 1990, los habitantes de Cerro Chuño y población Los Industriales en Arica comenzaron a desarrollar una serie de enfermedades, incluyendo cáncer pulmonar, abortos espontáneos, eczemas en la piel, problemas respiratorios, malformaciones y daño neurológico en niños, y presentaron niveles excesivos de arsénico en la sangre.
Desde 1990 han pasado por la moneda los presidentes P. Aylwin (1990-1994), E. Frei R. (1994-2000), R. Lagos (2000-2006), M. Bachelet (2006-2010) y S. Piñera (2010-2014). Ninguno de ellos reclamó a Suecia como lo hizo R. Duterte de Filipinas a Canadá, a pesar que el lodo en Arica es pernicioso para la salud, mientras que los desperdicios en Filipinas y Malasia no lo son y a pesar que la empresa sueca sabía que estaba exportando lodos con veneno.
Tanto el gobierno sueco como el chileno son responsables de este desastre. Los gobiernos son los encargados de fiscalizar a las empresas para impedir que dañen el medio ambiente, tal como se protegieron los glaciares en el caso de Pascua Lama. Por lo tanto, el gobierno chileno tiene todo el derecho a reclamar ante el gobierno sueco. En el fondo, se trata de una transacción comercial que le permitió a Boliden deshacerse de residuos tóxicos a bajo precio, para así incrementar las ganancias de los dueños de una empresa exitosa del primer mundo, sin importarle mucho lo que sucedería con los habitantes de un país del tercer mundo.
No fue hasta el 16 de septiembre de 2013 que una compañía sueca “AricaVictims KB formada especialmente para el caso por tres abogados suecos, presentó una querella en la corte del distrito de Skellefteå, contra Boliden, en representación de 796 víctimas de la contaminación por aproximadamente US $13.900.000. El 8 de marzo de 2018, la corte absolvió de toda responsabilidad a Boliden. (Este fallo se puede apelar).
Cabe preguntarse, ¿por qué nos sometimos al dictado de una corte sueca y no una internacional? Recientemente un informe elaborado por el Parlamento Europeo (“Acceso a recursos legales para las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas en terceros países”) dictaminó que “es un hecho indiscutible que Boliden pagó a Promel US$ 1.2 millones por cuidar los lodos, no para procesarlos”.
Rolf Svedberg, jefe del medio ambiente de Boliden vino a Chile en 1983, visitó Promel y tras dejarse convencer que procesarían los lodos para extraer el arsénico, dio el visto bueno para la exportación de los lodos. En 2009 hizo un mea culpa “Estoy desilusionado de la actitud pasiva de Boliden y del Estado sueco” … “Estimo que Boliden y el estado sueco deben ayudar a los afectados. Es lo único que corresponde moral y humanamente hacer”
Nuestra tradición y apego al sistema legal nos induce a sometemos a arbitrajes de cortes para que fallen “en derecho”. Nuestros presidentes se declaran, con orgullo, ser respetuosos de la “legalidad” internacional y jamás se atreverían a exigir lo que corresponde moral y humanamente de los gobiernos de otros países, como los presidentes de Filipinas y Malasia, aunque los derechos humanos de nuestros ciudadanos sean vulnerados.
La tragedia de las comunidades de Arica afectadas por el lodo contaminado ha sido plasmada en el documental «Los niños del plomo» por el cineasta sueco Lars Edman, que fue presentado en el parlamento sueco. Causó conmoción, pero ninguna acción concreta.
Mientras, un documento con 2.400 firmas ha sido presentado al embajador sueco en Chile, pidiéndole que, entre otros puntos, Boliden repatríe los residuos, especialmente ahora que la empresa ha desarrollado procedimientos para deshacerse de los contaminantes dañinos. Por el momento la empresa rehúsa y Arica continúa siendo el vertedero internacional de lodos contaminados.
Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años, ha generado una protesta masiva de jóvenes de todo el mundo para proteger el planeta del cambio climático. Exige que los gobiernos tomen medidas serias para mitigarlo. A ella, que no viaja en avión para no dañar el planeta, habría que preguntarle qué opina del daño ambiental y sanitario que Boliden, una empresa de su país, ha causado en Arica. Va a participar de la reunión COP25 en Santiago en diciembre. Preguntémosle.
