Opinión
Este 3 de diciembre volvemos a conmemorar el Día Internacional de las personas con discapacidad, el cual busca reforzar los derechos de quienes se encuentran bajo esta condición en todo el mundo. Muchas ONGs a nivel mundial tendrán este año como consigna el «Empoderamiento de las personas con discapacidad para garantizar la inclusión y la igualdad» o simplemente el deseo de seguir avanzando en temas de inclusión en hospitales públicos.
Tenemos que recordar que alrededor de mil millones de personas a nivel global padecen alguna limitación ya sea física, mental, sensorial o psíquica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América, alrededor de 140 millones de personas pertenecen a este segmento, y nuestro país aporta con más de dos millones y medio de ellos, de acuerdo a datos del II Estudio Nacional de la Discapacidad.
Sin embargo, hoy Chile vive una situación especial tras el estallido social y político que ha evidenciado hasta ahora la marginación de los procesos que deberían conducir a una sociedad más inclusiva para todos. Tampoco está definida nuestra participación en la hoja de ruta hacia una nueva Constitución si este es el camino que la ciudadanía tomará en abril próximo.
A ello se suman los problemas del transporte público de la crisis y que ha expuesto las falencias de la Ley de accesibilidad universal. A menudo, cuando se habla de las dificultades de acceso que presentan las personas en situación de discapacidad (PeSD) se tiende a pensar en aquellas barreras arquitectónicas que impiden el desplazamiento autónomo y seguro de usuarios de sillas de ruedas.
Lo anterior solo se enfoca en un tipo de discapacidad y genera una dicotomía a la hora de tomar decisiones que efectivamente permitan a las PeSD utilizar en igualdad de condiciones tanto productos, servicios, informaciones como también entornos que sí son de fácil acceso para la gran mayoría de los chilenos.
Por el contrario, este concepto no se limita a un asunto estructural, sino más bien trasciende a asuntos tan relevantes como estudiar, realizar algún trámite general o alguna transacción bancaria. Se trata de actividades, que especialmente personas con discapacidad sensorial, ya sea de causa auditiva o visual, no logran ejecutar o bien la única opción es firmar documentos que muchas veces son de alta importancia, desconociendo su contenido, y por lo mismo debiendo solo confiar en la buena fe de quién está del otro lado del mesón de atención, o de quién podría estar acompañándoles.
En la actualidad, la accesibilidad universal es además un principio fundamental de la legislación vigente en materia de inclusión, tanto en la Convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como en la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
Por lo tanto, es urgente avanzar hacia una regulación más completa y efectiva, que resuelva los dilemas y las tensiones que existen en torno a la aplicación de los principios de vida independiente y de autonomía de las PeSD y que no solo seamos puestas en la palestra noticiosa cuando se inicia el show televisivo de la Teletón.
Las PeSD estamos solicitando condiciones mínimas para poder vivir en un Chile que hoy está luchando por la igualdad social y la paz. Con todo, llamo a que todas las autoridades políticas, que han ocupado la discapacidad como slogan primordial a la hora de hacer campañas, den prioridad a una regulación más concienzuda en materia de implementación y fiscalización del acceso universal y mayores niveles de participación de votarse por una convención constituyente.
