Inclusión
La propuesta incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, junto con una mayor fiscalización.
El proyecto de acuerdo de personas en situación de discapacidad exige a la Dirección del Trabajo incrementar el número de fiscalizaciones, abarcando aquellas de naturaleza aleatoria y no solo por denuncias, relacionadas con la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la ley.
En esta línea, se propone establecer un plan estratégico para aumentar las inspecciones durante el próximo año fiscal, el que debería considerar la asignación de recursos adicionales, la implementación de medidas de capacitación y el fortalecimiento de la colaboración con otros organismos competentes.
El presidente y fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), MatíasPoblete, señala que “consideramos pertinente el acuerdo unánime que ha alcanzado el Senado para fortalecer los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Hace cinco años venimos insistiendo, a través de distintos informes y conversando con diversas autoridades respecto de la necesidad de que se aumente la fiscalización para que exista un cumplimiento efectivo de la ley”.
Cabe destacar que el acuerdo también plantea que la Dirección del Trabajo informe periódicamente al Senado sobre el avance y los resultados de las inspecciones relacionadas con la inclusión laboral de personas con discapacidad, con el fin de evaluar elmimpacto de las medidas implementadas y realizar los ajustes necesarios.
Respecto al sector público, se insta a que la Contraloría General de la República asuma un rol activo en la fiscalización del cumplimiento de esta norma.
El Consejo Constitucional, en medio del debate respecto a temas de inclusión, se dejó estipulado que texto de la futura Carta Magna contará con la norma que promoverá la participación activa y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.
En esta línea, obliga al Estado a velar por las formas de comunicación apropiadas de las personas, así como en las medidas de acceso a la información que necesiten.
Al referirse a esta histórica decisión, Poblete expresa que es un gran avance. “En la actual carta magna no existe ninguna mención relacionada con la discapacidad, por lo tanto, con esta propuesta existe un compromiso para fomentar la participación y resguardar las formas de acceso a la información y comunicación de las personas en situación de discapacidad”, señala.
La FCHD dio a conocer un estudio que complementa los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide) del 2022, con el objetivo de entregar una visión respecto a cómo se encuentra el país en esta materia.
Entre los hallazgos destacados, se evidencia que un 70% de las personas encuestadas afirma buscar empleos inclusivos o que sigan los principios de inclusión laboral, sin recurrir al respaldo de instituciones u otras personas.
Por otro lado, más del 50% de aquellos que no buscan empleo bajo los términos de la Ley de Inclusión Laboral, señala que su razón principal es el desconocimiento de esta regulación. Sin embargo, el 35% expresa que no lo hace porque las oportunidades laborales contempladas en dicha normativa no concuerdan con el tipo de empleo que aspiran obtener.
El estudio también aborda la realidad de las personas que trabajan bajo la Ley de Inclusión Laboral o Ley 21.015.
Específicamente, un 59,4% afirma trabajar con el fin de alcanzar independencia económica, un 15,6% lo hace por ser cabeza de familia, un 22% señala que no se realizaron ajustes en su puesto de trabajo a pesar de necesitarlos, un 31,3% experimentó discriminación debido a su discapacidad durante la búsqueda de empleo, y un 50% asegura sentirse muy satisfecho con el ambiente laboral en su empresa.
