Ley Inclusión Laboral: prejuicios y confusión dejan sin trabajo a personas con discapacidad visual

Este jueves 1 de mayo se conmemora un nuevo Día Internacional del Trabajador. Feriado para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, pero ¿qué pasa con aquellas personas que, aunque quieran, se les niega el trabajo por su discapacidad visual?

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide), en Chile hay aproximadamente 153.560 personas adultas ciegas (1% de la población) y 4.683.567 personas con pérdida de visión, encontrándose ocupadas solo un 28,8% y 46,6% respectivamente.

“Soy masoterapeuta y tengo discapacidad visual. Me llamaron de un spa para una entrevista laboral y fui sin contarles de mi situación, para que no me cancelaran la cita. Apenas me senté frente a la mujer que sería mi futura jefa, me dijo que no contaban con una infraestructura especial… Entonces la interrumpí preguntándole: ‘¿A qué tipo de infraestructura se refiere? Porque mi problema es visual’”, cuenta Alicia Godoy (55).

Cómo no supieron qué contestar, ella continuó: “Yo trabajé en el exclusivo Spa One&Only durante 5 años y allí no corrieron ni una planta ni un mueble para que yo trabajara, solo me costó un par de semanas adaptarme”.

Le replicaron que además de atender a los clientes, tenía que asear la cabina y hacer el cobro. Entonces respondió: “Cada vez que hago un masaje me encargo de asear el lugar… No sé usar la máquina de redcompra, porque donde trabajaba había recepcionista, pero puedo aprender”.  Pero no consiguió el trabajo: “No hubo caso, me dijo que no igualmente. Es que no quieren trabajar con personas con discapacidad”.

El caso de Alicia es el de muchas personas con discapacidad que día a día se enfrentan a la discriminación cuando buscan trabajo. En 2018 entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral (21.015) en Chile, que promueve la inclusión laboral de estas personas, tanto en el ámbito público como en el privado.

Esta dicta que los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras contraten al menos el 1% de personas con discapacidad. Las empresas que, por razones justificadas, no puedan cumplir esta ley, deberán darle cumplimiento donando dinero a proyectos, programas de asociaciones, fundaciones y corporaciones cuyo objeto social sea: capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos o inserción laboral de las personas con discapacidad.

Han pasado siete años desde su entrada en vigencia, sin embargo, no se ha cumplido a cabalidad en el sector público y solo el 48% de las empresas han reportado las medidas que adoptarán para ejecutarla.

Stefany Cespedes, coordinadora del programa Inclusión Laboral de Fundación Luz declara que “esta ley ha hecho que avancemos bastante en inclusión, antes no habían cuotas, no se le exigía a las empresas tener que dar cumplimiento con un número de personas con discapacidad dentro de la organización, era netamente un tema de buena voluntad”.

Por eso detalla que “a lo largo de estos años la ley se ha ido modificando con decretos y elaboraciones de nuevas leyes que la complementan, como la Ley del Gestor (21.275) del 2022 que exige que una figura de Recursos Humanos de las empresas u organizaciones se encargue de los procesos de inclusión”.

En ese contexto, y para obligar a un mayor cumplimiento, es que en agosto de 2024 se aprobó la Ley N° 21.690 que reúne todas las modificaciones y mejoras de la Ley de Inclusión laboral, y lo más importante, aumenta la cuota de contratación de personas con discapacidad progresivamente de 1% al 2%, además de cambiar el régimen de multas ante el incumplimiento y aumentando la fiscalización tanto en el sector público como privado, la regularización de las donaciones y entre otros.

“Hay mucho desconocimiento respecto a la Ley de Inclusión, falta de acceso a la información y poco acompañamiento. Una empresa promedio de 100 trabajadores, solo tiene 1 ó 2 profesionales encargados del área de Recursos Humanos y se sobrecarga el rol”, y continúa “es primordial que haya un profesional que se encargue exclusivamente de estos procesos, que investigue y esté al día con la información, porque hay modificaciones de la ley dos o tres veces en un mismo año, y no son fáciles de entender, lo que obviamente dificulta que se cumplan”.

Diálogo social

Actualmente, la subsecretaría de derechos fundamentales del Ministerio del Trabajo se encuentra realizando un Diálogo Social con organizaciones y gestores de inclusión de las empresa para conocer de cerca cuáles han sido los principales desafíos para aplicar este reglamento.

En agosto de este año, se publicará oficialmente un nuevo reglamento donde, a partir de las conclusiones de estos encuentros, se explicará en detalle lo que no ha quedado claro sobre la ley y sus modificaciones, y cómo aplicarlas en el lugar de trabajo. Temas como el protocolo de ambientes laborales; o las mejoras en procesos de reclutamiento y selección, que actualmente integra la ley, pero que en pocos lugares se han efectuado.

“Hay voluntad por parte de las empresas de cumplir con la ley, pero sus recursos en RR.HH. son escasos. Hoy en día una empresa puede crecer y alcanzar los 100 trabajadores de repente, y no darse por enterados que que a partir de ese momento debe cumplir con la Ley de Inclusión. En Chile no existe, por ejemplo, un sistema que notifique a esta empresa para que comience a llegarle información sobre el tema. Son pasos que tenemos que dar, pero que como todo cambio, lleva tiempo y un acostumbramiento cultural”.

Es importante señalar que sólo un 38,9% de las personas con discapacidad visual, ganan un sueldo mayor a $286.000 pesos, es decir, que aunque tengan trabajo no salen de la línea de la pobreza. Por otro lado, el emprendimiento en Chile ha mostrado un crecimiento sostenido y la mayoría tiene menos de 100 personas trabajadores, es decir, no se adhieren a la Ley de Inclusión y en ese sentido es clave que más allá de la legislación, para lograr una real inclusión, necesitamos tener conciencia, apertura de mente y ganas de incluir.