Opinión
La masiva entrada de generación solar fotovoltaica de pequeña escala bajo el régimen estabilizado, conlleva importantes ineficiencias al sistema y no es financiera ni tecnológicamente neutro.
La ley 19.940 de 2004 estableció un mecanismo de estabilización financiera para los proyectos de generación, que debido a su pequeña escala, no eran atractivos para ser financiados por los grandes bancos de inversiones.
La idea era permitirles a estos generadores vender su energía a un precio estabilizado, que no estuviera expuesto a la volatilidad del mercado, pero que no difiriera del precio spot promedio de la energía que enfrentaban el resto de los generadores. A modo de ilustración, la capacidad de estos proyectos es equivalente a la demanda de electricidad del mall más grande país.
Si bien en sus primeros diez años de vigencia el precio estabilizado no tuvo mayor impacto, la situación cambió hace algunos años, con un aumento explosivo en la conexión de centrales solares fotovoltaicas de pequeña escala.
La explicación radica en que el precio estabilizado es más que suficiente para pagar el costo de una central solar construida en base a paneles solares, dejando atractivas rentas a estos generadores; incluso a costa de sacrificar economías de escala y encarecer el proyecto. Es más, estos proyectos son apetecidos por los generadores de gran tamaño, los que se esfuerzan por incluirlos en sus carteras de inversión y que, probablemente, no tienen mayores problemas de acceso a financiamiento.
La evidente falla en el mecanismo de estabilización, que más que ser un mecanismo de estabilización financiera – según mandata la Ley General de Servicios Eléctricos – se ha convertido en un subsidio encubierto que fomenta la entrada de generación ineficiente al sistema, derivó en 2020 en un cambio en la fórmula de cálculo, pero con una larga transición de 14 años, en donde continúa vigente la opción de acogerse al mecanismo anterior.
Desde junio de 2019, cuando se inició la consulta pública del Ministerio de Energía para cambiar la normativa, y con el fin de poder ser incluidas en el régimen anterior, las nuevas unidades solares fotovoltaicas acogidas al precio estabilizado se incrementaron en 1.300 MW, un aumento superior al 300% respecto de lo que existía al iniciarse la consulta.
Es así que, en la actualidad, estos generadores sobrepasan las 400 unidades, totalizando una potencia conectada de más de 2.600 MW, unas cinco veces la capacidad de la central más grande del sistema interconectado y con casi el 70% en centrales solares fotovoltaicas.
Según los balances del Coordinador Eléctrico Nacional, los pagos recibidos a la fecha por estas centrales solares ya acumulan más de 120 millones de dólares y según algunos cálculos podrían alcanzar los 500 millones de dólares anuales, si se consideran los otros 2.000 MW con su conexión ya aprobada.
Este costo se explica, ya que, mientras el resto de los generadores – incluso de la misma tecnología solar – venden su energía en el mercado spot a precios nulos, e incluso vierten parte de su producción; las centrales solares acogidas al precio estabilizado le venden su energía al sistema interconectado, es decir generadores y clientes, a un precio sustancialmente superior.
Para que el sistema pudiera recuperar el costo de esta estabilización y lograr la neutralidad financiera, se necesitaría que los precios spot de la energía fueran sustancialmente mayores a los actuales; algo bastante improbable de continuar la masiva expansión solar en el norte del país. En palabras simples, generadores y clientes muy probablemente no recibirán su dinero de vuelta.
El colapso de las redes de menor voltaje, a causa de la conexión masiva de estas centrales solares, ya ha sido advertido por el Coordinador Eléctrico Nacional. Según su último reporte, en 2023, el 60% de las subestaciones analizadas habían invertido su flujo y cerca del 50% estaban congestionadas. En buenas cuentas, estas centrales en vez de aliviar a los sistemas zonales y de distribución, los congestionan aun más, anulando cualquier economía que pudiera asociarse a la generación de pequeña escala distribuida en las redes eléctricas.
Con todo, mientras continúe esta falla en la regulación, el costo de la entrada de generación ineficiente probablemente continuará creciendo, como así también los costos de ampliar las redes zonales de transmisión; encareciendo finalmente la cuenta de los clientes bajo la promesa de recibir a cambio, en alguna fecha indeterminada, un dudoso beneficio.
