Conflictos socioambientales e industrias homogeneizantes

Chiloé no es una excepción. Durante los últimos años han proliferado movimientos sociales a lo largo de todo Chile, relacionados a temáticas ambientales que exigen que tanto el Estado como las empresas se hagan cargo de las consecuencias negativas de sus mega-inversiones a nivel territorial. Mineras, forestales, hidroeléctricas y ahora pesqueras se han visto interpeladas por una ciudadanía cada vez más empoderada y consciente de su entorno y de sus derechos –o la falta de ellos. El más reciente Mapa de Conflictos Socioambientales del Instituto de Derechos Humanos, actualizado el 2015, muestra la existencia de 118 conflictos vigentes distribuidos por todo el territorio nacional, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad. La cantidad y persistencia de estos hechos da cuenta de una creciente problematización de los asuntos ambientales por parte de la sociedad chilena actual.

Ronald Inglehart, presidente fundador de la Encuesta Mundial de Valores, explicaría este fenómeno dando cuenta del nivel de desarrollo que ha alcanzado Chile desde el retorno a la democracia, planteando que estas preocupaciones serían un reflejo de valores posmateriales propios de un país desarrollado. Desde este punto de vista, el cambio del sistema de valores –entre ellos, las preocupaciones ambientalistas- se produce primero en sociedades más desarrolladas económicamente, en tanto han satisfecho sus necesidades básicas.

Sin embargo, esta teoría ha sido refutada más recientemente por autores (Martínez Alier; Folchi, entre otros) que sostienen que existen otras formas de ambientalismo que no surgen necesariamente en condiciones de máximo desarrollo, sino también ahí donde hay mayor escasez y pobreza, justamente por necesidad y mayor dependencia de los recursos naturales. Sin ánimos de buscar una única explicación para los actuales conflictos socioambientales que, sin duda, provienen de múltiples actores y motivaciones, el reciente conflicto en la Región de Los Lagos parece asemejarse más al segundo planteamiento, en tanto por las condiciones geográficas la dependencia a los recursos marinos es muy alta.

[cita tipo=»destaque»] El caso de Chiloé nos invita a pensar en defender territorios diversos económica y socialmente, donde los habitantes -y no las empresas- sean los protagonistas de las decisiones de desarrollo y se empoderen de sus proyectos futuros como comunidad. Esto requiere de un nuevo modelo político más participativo, más democrático y horizontal desde el territorio –el espacio local-, que es el espacio óptimo para la organización social.[/cita]

Lo atractivo de los conflictos socioambientales en Chile es que aún tenemos mucho que aprender de ellos. Permiten abrir nuevos espacios de acción, nos obligan a interpelar al otro, escuchar e intentar entender su punto de vista, y sobre todo, nos obligan a clarificar posturas, intereses y visiones de desarrollo. El peor error que se puede cometer es intentar solucionar un conflicto a través de la evasión, del “ninguneo”, de una visita corta y seguimos, de una mesa de acuerdos que se acaba donde empezó, de oídos sordos.

Con las aguas más calmas pero no más limpias, el conflicto de Chiloé parece apaciguarse. Las movilizaciones ya han terminado, se restablecieron insumos en la Isla, se entregarán los bonos negociados, etc.  Sin embargo, el asunto es que la crisis atravesada durante las últimas semanas en Chiloé tiene ahora más que ver con una cuestión de falta de planificación comunitaria y de desarrollo territorial, que con microalgas y salmones. Es ahí, en la discusión por el desarrollo territorial, donde podemos plantearnos la pregunta por el modelo de desarrollo que se está promoviendo, que en el caso de nuestro país es profundamente neoliberal.

Parte importante de los conflictos socioambientales en Chile se originan con comunidades insatisfechas respecto al actuar de inversionistas externos al territorio que deciden explotar un recurso natural determinado. Las divergencias de opinión se hacen latente no sólo en el ingreso de estos capitales, sino también en el modo de gestión, la calidad del empleo que se estarán ofreciendo, y las consecuencias ambientales de la “inversión”.

En el desarrollo territorial, la participación activa de los ciudadanos es fundamental en la decisión sobre el plan de desarrollo. Si bien se ha avanzado en mecanismos de participación local, estos siguen siendo escasos. Los distintos artefactos de participación (como los promovidos por el Convenio 169 de la OIT, o los incluidos en el Servicio de Evaluación Ambiental) han resultado en meras apariencias de democracia, siendo simplemente consultivas y no vinculantes. La participación ciudadana no debe reducirse a esto. Es fundamental que los tomadores de decisión a nivel local y central focalicen sus esfuerzos por escuchar a la ciudadanía, promoviendo espacios de participación legítimos y efectivos.

El enfoque territorial propone analizar tres elementos fundamentales en un territorio: la estructura productiva; las instituciones y la capacidad de agencia de los habitantes. El Informe Latinoamericano de Pobreza 2015-Género y Territorio, propone este análisis para Chiloé, dando cuenta del impacto social que ha tenido la inserción de la industria salmonera en la matriz productiva de la provincia.

El caso de Chiloé ilumina el impacto que han tenido las industrias extractivas en Chile: un efecto homogeneizante en las prácticas laborales. De pronto, se convierten en la “mejor opción laboral” para todos los habitantes, dejando atrás los demás oficios y saberes, que dejan de ser competitivos ante la nueva oferta. El riesgo que esto genera es la alta dependencia a una fuente laboral ambivalente, siendo a la vez la puerta de ingreso al desarrollo pero con condiciones laborales y ambientales explotadoras. A su vez, la alta dependencia a una sola fuente laboral conlleva el olvido de los saberes tradicionales y la pérdida de la diversidad cultural que se expresa también en la fuerza de trabajo. Por último, con altas tasas de dependencia hacia una fuente laboral homogeneizante, el territorio se vuelve frágil frente a las crisis de la industria (ambientales, sociales y económicas), y su capacidad de respuesta queda subyugada a la intervención del centralismo para solucionar las urgencias. El territorio pierde resiliencia para enfrentar crisis complejas.

Considerando lo anterior, el caso de Chiloé nos invita a pensar en defender territorios diversos económica y socialmente, donde los habitantes -y no las empresas- sean los protagonistas de las decisiones de desarrollo y se empoderen de sus proyectos futuros como comunidad. Esto requiere de un nuevo modelo político más participativo, más democrático y horizontal desde el territorio –el espacio local-, que es el espacio óptimo para la organización social. La descentralización se hace cada vez más urgente, así como también se requiere considerar de manera activa nuestro impacto en la naturaleza.