Casi el 40 por ciento de las víctimas pertenecían a grupos indígenas, lo que refleja un interés en los recursos naturales como minerales, madera, tierra y la energía hidroeléctrica que a menudo se encuentran en zonas remotas.
Berta Cáceres era una asidua activista ambiental radicada en Honduras, que se oponía al proyecto de la presa de Agua Zarca, que se construirá en las tierras de los lenca, el pueblo indígena al que pertenecía. La lucha de ella terminó el 3 de marzo, cuando dos hombres ingresaron a su casa y la asesinaron a tiros.
El caso de Berta Cáceres es uno de los 185 casos que señala el nuevo informe entregado por Global Witness, una organización sin fines de lucro dedicada a exponer los abusos al medioambiente. La información, entregada en el diario The New York Times, indica que esas muertes ocurrieron en 16 países distintos.
La cifra es alarmante, pues muestra un aumento de un 59% en comparación con los casos registrados el 2014. La situación empeora cuando la misma Global Witness señala que es el porcentaje más alto desde que ellos realizan el informe (desde el 2002). «El medioambiente se ha convertido en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos», dijo Billy Kyte, un líder de la campaña de Global Witness y autor de la investigación.
Desglosando las cifras, 50 de estos asesinatos ocurrieron en Brasil, donde los medioambientalistas luchan por expansión agrícola y la tala ilegal en la selva tropical del Amazonas; en Filipinas hubo 33 muertos y en Colombia, 26. En estos últimos países, las actividades mineras y agroindustriales están respaldadas por grupos paramilitares, dijo Kyte. Casi el 40 por ciento de las víctimas pertenecían a grupos indígenas, lo que refleja un interés en los recursos naturales como minerales, madera, tierra y la energía hidroeléctrica que a menudo se encuentran en zonas remotas.
En Global Witness analizan los datos sobre las tasas de arrestos y condenas, aunque la organización dice que la gran mayoría de los delincuentes escapan de la justicia. Desde la organización esperan que los gobiernos locales muestren mano dura ante estos crímenes y no queden impunes, como el caso de Berta Cáceres.
