La diputada del Partido por la Democracia (PPD) Adriana Muñoz solicitó este jueves a la Iglesia Católica que medie en el conflicto que llevó a 11 vecinos de la localidad de Caimanes, iniciar una huelga de hambre para exigir el cierre del relave de desechos mineros El Mauro, propiedad de Los Pelambres.
«No podemos seguir esperando y más aún cuando las señales desde el gobierno son negativas», afirmó la diputada PPD, luego que el ministro de Minería, Laurence Golborne, afirmara que el conflicto se trata de un problema entre privados y que deben recurrir a la justicia.
Por esta razón, dijo Muñoz «hago un llamado a la Iglesia, en particular a monseñor Ricardo Ezzati, presidente de la Conferencia Episcopal para que intervenga a la brevedad y podamos instalar una mesa de diálogo que concrete una solución definitiva para los habitantes de Caimanes».
La legisladora subrayó que ya van 60 días de la huelga de hambre que ejecutan los comuneros de Caimanes en la sede del Colegio de Profesores de Illapel y aún no hay respuesta. Por lo mismo, dijo «es necesario que la Iglesia tome un rol activo en este conflicto, ya que hasta ahora no hay ninguna señal positiva de las partes, ni del Gobierno que permita vislumbrar una solución».
La Minera Los Pelambres pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals; y en un 40% al consorcio japonés integrado por Nippon LP Invesment (25%) y MM LP Holding BV (15%). El yacimiento ubicado en la comuna de Salamanca, en la Región de Coquimbo, y a más de 3 mil 600 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, produce 339 mil 200 toneladas de cobre fino al año y subproductos como concentrado de molibdeno.
El Mauro, fue construido a un costo de US$ 580 millones y corresponde al depósito de relaves mineros más grande de Latinoamérica y el tercero en el mundo, con una capacidad de mil 700 millones de toneladas.
El grupo de huelguistas se considera amenazado por un eventual desborde del depósito y reclaman por la contaminación que estaría produciendo en sus tierras y aguas la empresa que en septiembre de 2009 fue sancionada por la Corema de Coquimbo con una multa de 82 millones de pesos por cuatro incidentes ambientales registrados en la zona.
«Es preocupante que las personas tengan que exponer su vida en una huelga de hambre para reclamar su derecho a vivir en un lugar libre de contaminación y que es deber de Estado resguardar que ello ocurra. Lamentablemente, en este caso no ha sido así y los ciudadanos se han visto en la obligación de llegar a medidas de presión que hasta ahora no han tenido los resultados esperados», expresó la legisladora de oposición.
Muñoz llamó a flexibilizar las posiciones y a instalar una mesa diálogo encabezada por la Iglesia que logre deponer la huelga para resguardar la vida de las personas, y «se busque una solución que termine con la exposición de las familias de Caimanes a la contaminación, y con la amenaza que significa para sus habitantes la presencia de un relave de material tóxico que se registra como el más grande de Latinoamérica y el tercero en el mundo».
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