Los diputados Andrea Molina (UDI), Enrique Accorsi (PPD) y Alfonso De Urresti (PS) manifestaron este miércoles su preocupación por el acuerdo que indica que los Tribunales Ambientales no ejercerán funciones jurisdiccionales dentro de un plazo de 60 días por no contar con las condiciones materiales, administrativas de personal y presupuestarias suficientes para aquello.
En este sentido, los legisladores indicaron que no les parece adecuado que habiendo entrado en vigencia la ley que crea este nuevo instrumento y establecido su funcionamiento, este no ejerza una de sus principales funciones, como es la jurisdiccional, más aún, con los argumentos que se esgrimen para dicha situación.
Al respecto la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Andrea Molina señaló que es su deber velar porque los ambientales sean implementados los antes posible, ya que lo requerimientos que tiene nuestro país en estos temas son de urgencia extrema.
«Solicito humildemente pero con toda la fuerza, como presidenta de la comisión, que este proceso se acelere al máximo y que ojala en menos de 30 días podamos tener implementados nuestros Tribunales Ambientales, para que las denuncias que hoy existen tengan donde llegar y que se generare una acción inmediata de respuesta a todos los petitorios que hoy tenemos a nivel nacional», explicó la diputado UDI.
Igualmente Molina indicó que «es nuestra responsabilidad velar por los intereses de quienes representamos, y si bien sabemos que pueden recurrir a los jueces de letras en lo civil, nos parece que no se cumple con el objetivo que se planteó al crear por ley los tribunales ambientales, consistente en disponer de un organismo jurisdiccional de carácter exclusivo para cuestiones ambientales».
En la misma línea, el diputado Alfonso de Urresti, señaló que «es fundamental que el funcionamiento de este tribunal cumpla toda las obligaciones establecidas en la ley tanto en forma como en tiempo de ejecución. No es posible que se haya suspendido su funcionamiento juridiccional por 60 días y creemos que es fundamental hacer todas las gestiones para que no ocurra lo mismo en los otros dos juzgado, tanto de Antofagasta como de Valdivia».
Agregó que con la reforma que crea los tribunales ambientales «nosotros buscamos generar un alto estándar, donde efectivamente se administre justicia en todos los conflictos ambientales y por lo mismo es que creemos que deben tener un funcionamiento acorde a las expectativas que la ciudadanía se ha formado».
Por su parte, el diputado PPD, Enrique Accorsi sostuvo que este problema no radica en una deficiencia legislativa, toda vez que «nosotros tomamos en cuenta todas las consideraciones que se requerían para poner en marcha los tribunales ambientales, pero son ellos mismos los que deben ocuparse de contratar a sus profesionales y ver donde funcionan».
«Nosotros entregamos incluso los recursos para eso, así es que hoy no nos queda más que preguntarle respetuosamente al Presidente de la Corte Suprema, dónde debemos llevar hoy los recursos o litigaciones que tienen relación con controversias en materias medioambientales», planteó el legislador del PPD.
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