El costo de la delincuencia para el país supuso el desembolso de US$5.978 millones en 2012, y desde el 2000 éste creció en un 172%, según un estudio realizado por el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) hecho público este lunes.
Según la investigación, el costo total en 2012 de la delincuencia representó en términos per cápita US$344, aproximadamente un 2,23% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2000, el costo total fue de US$2.198 y el per cápita de US$143. Entre el 2000 y 2012, señala el estudio, el costo creció un 172%.
La investigación se centra en la serie de costos en que incurren las personas y el Estado para enfrentar el problema de la delincuencia y que son susceptibles de ser cuantificados. En lo público se consideran los costos en prevención y disuasión, costos de investigación de los delitos e identificación de los culpables, y costos en sanción, rehabilitación y reinserción. En lo privado se toman en cuenta los costos en prevención y disuasión, y otros.
Respecto a la participación, la relativa al Estado supuso, en 2012, el 63,6%, mientras que la privada un 36,4%. En 2000, la brecha era menor, ya que la pública constituía un 60% de los costos, en tanto la privada un 40%.
El estudio de LyD concluye al respecto que «el que los privados estén siendo básicamente co-financistas en la producción de un bien público puro, nos dice bastante acerca de la preocupación que existe en la ciudadanía y las empresas en materia de seguridad, y la necesidad de tener que enfrentar altos costos para garantizarse una mejor protección».
En detalle, el área de gasto del Estado relativo a la prevención y disuasión supuso, en 2012, US$1.762 millones, seguido por investigación de delitos e identificación de culpables con US$1.276 millones, y aplicación de sanciones, rehabilitación y reinserción con US$763 millones. La tendencia en la composición del gasto público se mantiene desde el 2000.
El estudio señala que del costo público total, siempre en 2012, los mayores recursos fueron asignados a Carabineros con US$1.590 millones (41,8%); Gendarmería con US$532 millones (14%); Policía de Investigaciones (PDI) con US$396 millones (10,4%); Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia con US$362 millones (9,5%); Ministerio Público con US$240 millones (6,3%); y Servicio Nacional de Menores (Sename) con US$212 millones (5,6%).
