Silenciosamente, la División de Educación Superior del Mineduc a cargo de Sally Berdensky ha recopilado información durante los últimos dos años relativa a las universidades públicas y privadas y los centros técnico profesionales. Amparados en una ley de 2006, el equipo tiene amplias atribuciones a la hora de solicitar información. De hecho, ya empezaron a pedir los balances y uno de los objetivos es lograr hacer una exhaustiva fiscalización en relación a las instituciones que reciban recursos estatales. Duela a quien le duela.
Repetidamente se ha criticado la falta de transparencia existente en la entrega de información relacionada con los centros de educación superior. Realidad reflejada por tercer año consecutivo por el Barómetro de la Educación Superior de la consultora Mori, que mostró un negro panorama: no existen políticas claras sobre la entrega de información a los jóvenes y se ha dejado en manos de la libre competencia el desarrollo del sistema.
Porque si bien existen datos en línea, como el compendio estadístico del Consejo Superior de Educación (CSE), donde es posible encontrar la oferta académica universitaria y técnica, modalidades, condiciones básicas, costos y datos institucionales, hay información que no está disponible.
Por ejemplo, la diferencia de los currículos de estudio, las tasas de deserción y de retención al segundo año que alcanzan las casas de estudio, o las tasas de titulación oportuna, es decir cuántos años en promedio dura realmente una profesión.
En este sentido, el asesor de la Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo estudiantil de la Universidad de Santiago, Francisco Henríquez, explica que estos datos son relevantes porque permiten visualizar la calidad docente y la eficiencia académica.
Y aunque señala que se ha ido transparentando la información «cuando comparas las distintas bases de datos no necesariamente son iguales. Por ejemplo si sacamos referencias del Consejo Superior de Educación (CSE) o del Mineduc, en ocasiones difieren. Porque las universidades se dan cuenta de que dependiendo de para quién es la información, son los datos que pueden o no entregar«.
Tampoco es posible saber si el arancel que se está pagando refleja realmente el costo que una determinada carrera genera. Según detalla el ingeniero comercial en el caso de las instituciones privadas «así como cualquier empresa tus costos son tu secreto mejor guardado». Y en el caso de las públicas «la realidad es que no se ha avanzado aún en determinar esos costos, ya que para ello es necesario llegar a un acuerdo sobre cuáles serán los parámetros que se van a considerar para tener uniformidad al respecto».
División Superpoderosa
Este escenario podría cambiar en el mediano plazo. Esto, porque la ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior promulgada en 2006, entrega a la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc la obligación de desarrollar y mantener un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
El objetivo es contener los antecedentes necesarios para lograr una amplia y completa transparencia académica, administrativa y contable de las Instituciones de Educación Superior (IES).
Para ello, la ley especifica que la obligación de las IES es «recoger y proporcionar a Divesup el conjunto básico de información que ésta determine, la que considerará, a lo menos, datos estadísticos relativos a alumnos, docentes, recursos, infraestructura y resultados del proceso académico, así como la relativa a la naturaleza jurídica de la institución; a su situación patrimonial y financiera y al balance anual debidamente auditado, y a la individualización de sus socios y directivos».
Lineamiento que da una manga bastante ancha a la división a cargo de Sally Bendersky. Lo que para su equipo se justifica plenamente, ya que en el marco de la gran autonomía que tienen las instituciones, el foco del rol del Estado está precisamente en la entrega de información.
«En otros modelos se tiene facultad para crear mallas curriculares, test de salida, u otros puntos. Pero en Chile la autonomía sólo está limitada por la LOCE que tiene muy pocas barreras. Por lo tanto el objetivo de la división va a ser el manejo de la información y cómo distribuirla para que se aceleren procesos internos y al mismo tiempo se entreguen detalles de relevancia para los postulantes y otras entidades», dicen en el Mineduc.
Por ello, han estado trabajando de cabeza y ya llevan dos años de recopilación de información, que ha estado disponible en distintos frentes, ya que hay diversos departamentos que recogen datos, como el de ayudas estudiantiles o el de apoyo institucional. El próximo paso es centralizarse.
La tarea no ha sido fácil. Pero ya hay avances: tienen la oferta académica por segundo año consecutivo, los aranceles de referencia y algunos datos actualizados del histórico compendio estadístico, como número de matrículas y alumnos.
Disputas de información
A diferencia de la información que recoge el CSE, la Divesup pide información individualizada de cada alumno (como el nombre y rut). Lo que les permite hacer cruces con otros datos. Además de validarla a través del Registro Civil para asegurarse que los rut son reales, si las fechas de nacimiento coinciden o si el género corresponde. Esto porque «a veces envían errores».
Otra desventaja de trabajar sólo con los datos, es que si se entregan ciertas cifras de estudiantes de pregrado o postgrado no tienen cómo discutírselo. «Nosotros nos aseguramos que las carreras de pregrado efectivamente lo sean, porque hay proceso de validación más largo y confiable», añaden en el Mineduc.
Bajo esta estructura es posible saber características de los alumnos, como el quintil de ingreso, colegio de origen o comunas. Así, podrán detectar la deserción y sus características: si son de los quintiles más pobres o con menos puntajes, por ejemplo. Y aunque se augura que el sistema estará 100 por ciento operativo en unos tres años más, la información base ya la tienen en gran medida. Y tendrán un salto importante en marzo. Ese mes, y luego de realizar una serie de cruces de información, presentarán tasas de deserción y retención. Y de todas las instituciones.
En todo caso, lo más probable es que al principio sólo entreguen detalle de las carreras más tradicionales.
«Si hacemos todo lo que podemos llegar a hacer estamos muy cerca de tener datos muy interesantes sobre el sistema. Y nuestra aspiración es que se convierta en una base de datos. Y que salga públicamente», señala Rodrigo Rolando, Jefe del sistema de Educación Superior.
La pregunta que salta a la palestra es qué sucederá con los datos del CSE, ya que con el tiempo habrá un traslape de información y un trabajo doble.
«Es absolutamente absurdo tener un portal de educación superior en el Consejo y otro en el Divesup. Es absurdo que se tengan dos procesos distintos. El problema es que el CSE no es del ministerio y tiene una larga tradición», aseguran fuentes del Mineduc.
Por ello, se prevé que habrá conversaciones al respecto. Y desde el CSE aseguran que se está trabajando en cómo mejorar la información disponible.
Fiscalización «con tutti«
Como bien dice la ley de aseguramiento de la calidad, todas las instituciones deben presentar al Divesup el balance anual debidamente auditado.
La primera petición se hizo en 2008, y tuvo una respuesta cercana al 70 por ciento. Pero fue una suerte de «marcha blanca», ya que este año la meta es exigir que todas las instituciones lo hagan. En caso contrario, podrán ser objeto de sanciones. Y también del rechazo público, ya que se informará abiertamente quienes no han transparentado debidamente estos datos.
Otro gallo canta en cuanto al rendimiento de los recursos. Porque la vara es distinta dependiendo de si las entidades son privadas o estatales.
«Todas las platas estatales sea cual sea su fuente se rinden como platas públicas. En cambio las platas del Estado que reciben las privadas no son rendidas como platas públicas, sino que solamente mediante los convenios con las instituciones que dan la plata», señala Bendersky.
Por eso, enfatiza que «el tema de la transparencia y la rendición de cuentas queremos multiplicarla por un millón. Y vamos a tener que acudir a modificaciones legales para poder hacer una exhaustiva fiscalización en relación a las instituciones que reciban platas del Estado. Porque hoy podemos revisar algunas cosas pero nuestra idea es revisar lo más posible y el único tope va a ser la libertad de enseñanza que es una garantía constitucional. Y la autonomía de la institución».
