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El proyecto de despenalización del aborto en tres causales fue despachado este lunes desde la Comisión de Salud luego de rechazarse la objeción de conciencia institucional, además de normar en 14 semanas como máximo, la interrupción del embarazo para menores de 14 años que hayan sido víctimas de violación.
Tras una larga jornada dividida en dos sesiones, y luego que el Gobierno le pusiera urgencia, se despachó este lunes desde la Comisión de Salud del Senado a la Comisión de Constitución de la misma corporación el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de la vida materna, inviabilidad fetal y violación.
Durante el paso de la iniciativa, que se encuentra en segundo trámite legislativo, por la Comisión de Salud se aprobaron las tres causales del proyecto, además de un programa de acompañamiento y la objeción de conciencia individual, rechazando que ésta sea extensiva al equipo o a la institución, lo cual impediría que los centros de salud se nieguen a realizar el procedimiento de aborto en el marco de las tres causales. Además, se determinó que la objeción de conciencia podrá ser individual, siempre que el profesional lo haya comunicado al director del establecimiento en forma escrita y previa, ante lo cual la dirección del recinto de salud debe garantizar que otro profesional realice el procedimiento o la derivación de la paciente.
El presidente de la comisión, Guido Girardi, explicó el alcance de esta indicación: “Si una mujer decide interrumpir el embarazo tendrá resguardado su derecho a decidir y tendrá que materializarse este derecho, por lo que en las clínicas y hospitales podrá existir objeción de conciencia individual de algunos profesionales, pero esa institución tendrá que disponer de un segundo médico que pueda concretar y viabilizar la decisión de la mujer. Si no lo tiene, estará obligada a derivar a otro centro a esta mujer para que se cumpla la decisión que ella ha tomado”.
En tanto, el médico ginecólogo Manuel Donoso, representante del movimiento en contra del aborto Médicos por la Vida, calificó como “grave” que se negara la posibilidad de objeción de conciencia institucional indicando que “las instituciones tienen un ideario y cualquier institución, ya sea un equipo de fútbol, una universidad, una empresa de retail, etc. tienen algunas cosas por las cuales vela y hay cosas que no transan”.
“A las instituciones como la Universidad Católica o la Universidad de los Andes les interesa que sus valores se representen, sobre todo en un país donde se habla tanto del respeto de la libertad y la igualdad”, dice el médico.
Consultado por la causal de violación, Donoso fue enfático: “Estamos en contra. Así como está el proyecto cualquier mujer puede decir que fue violada hace un mes y medio y va a poder realizarse un aborto porque no se exige denuncia y no hay manera de comprobar que esa mujer fue realmente violada”.
Respecto a las menores de 14 años víctimas de violación, casos donde el proyecto de ley contempla la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, el médico dice que “nadie le esta pidiendo a esa niña de 12 años que cuide a esa guagua, lo que le pedimos es que la tenga, ya que esa guagüita no tiene ni una culpa de lo que pasó, otros la pueden criar si ella no puede”.
En el caso de tratarse de una adolescente mayor de 14 años y menor de 18 para proceder a la interrupción del embarazo, se requerirá de su voluntad, informándose también a su representante legal o a uno de ellos a elección de la menor si tuviese más de uno, o a un adulto responsable. Sin embargo, la Comisión aprobó, con votos de los senadores Francisco Chahuán, Carolina Goic y Jaqueline Van Rysselberghe, la exigencia de pedir autorización al Tribunal de Familia competente para que constate la concurrencia de la causal de violación.
Respecto del programa de acompañamiento se determinó que es deber del prestador de salud informar a la mujer sobre alternativas a la interrupción del embarazo, dando cuenta de estos programas de acompañamiento y apoyo.
El proyecto debe ahora ser revisado en la Comisión de Constitución en donde se determinará si existen aspectos que puedan ser inconstitucionales en el texto, para luego pasar a su último trámite: la votación en el pleno de la sala del Senado.
La discusión se da luego de los últimos resultados de la encuesta de CEP que reflejó que un 27% cree que las interrupciones del embarazo deben estar siempre prohibidas, un 49% estima que solo deben estar permitidos en casos especiales y un 21% piensa que “debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso”.
