BRAGA
Crédito: Agencia EFE
Lucía, de 11 años, violada por la pareja de su abuela, pidió abortar. Pero su caso se demoró casi un mes y finalmente fue sometida a una cesárea. ¿Por qué no se respetó su derecho legal a interrumpir el embarazo?
“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, dijo Lucía (nombre ficticio) a una psicóloga del Hospital del Este Eva Perón, donde ingresó con 19 semanas de gestación el pasado 31 de enero de 2019.
Según su historia clínica, la pequeña desarrolló comportamientos autolesivos y conductas suicidas debido a su embarazo, producto de la violación de la pareja de su abuela, un hombre de 65 años.
Prácticamente un mes después de su ingreso y con 23 semanas de gestación, el 26 de febrero de 2019, a Lucía se le practicó una cesárea.
Según fuentes médicas, la niña violada se encuentra en buen estado de salud, y el bebé, que pesó 600 gramos, está ingresado en Neonatología con los problemas habituales de una criatura nacida con tan poco peso. Una de las ginecólogas que atendió a la pequeña aseguró en declaraciones a la cadena argentina «Todo Noticias» que, con la intervención, había salvado la vida de Lucía, que al parecer padecía preeclampsia, lo que ponía en peligro su vida.
El caso añade aún más fuego al encendido debate sobre el derecho al aborto en el país, un tema que polariza a los argentinos y que seguirá dando que hablar en 2019. Pero, cuando se trata de menores de edad, las cosas parecerían estar claras desde el punto de vista legal. El Código Penal argentino establece la figura de «aborto no punible» o «interrupción legal del embarazo para los casos de violación” sin importar el tiempo de gestación, es decir, que se trata de un derecho consagrado, ratificado por la Corte Suprema en el año 2012.
Como los casos de embarazos de menores siempre se consideran una violación, Lucía estaba en su derecho legal a solicitar un aborto. ¿Por qué se demoró tanto la intervención? Y, sobre todo ¿por qué no se respetó el derecho legal de Lucía a interrumpir su embarazo, practicándosele en cambio una cesárea?
Su caso responde a la complejidad existente en la normativa nacional. La provincia de Tucumán es la única de Argentina que se declaró “provida” y no está adherida al protocolo nacional de interrupción del embarazo. “La normativa nacional es un problema” explica a Deutsche Welle Valeria Llobet, que trabaja en temas de infancia y de género en la Escuela de Humanidades y el Conicet. “Hay dos normas: el protocolo, que es normativa de salud y que, si no hay adherencia expresa, no rige. Por otro lado está la ley penal, con la jurisprudencia de la Corte Suprema. Esta última es de aplicación federal, pero obviamente hay muchas maniobras para evadir su aplicación y se apela a interpretaciones contrapuestas”, dice la experta.
Llobet asegura que la demora en la intervención de Lucía se debió a una “maniobra del estado provincial y del poder judicial bajo el argumento de proteger al no nacido”, con el fin de judicializar y dilatar en el tiempo la situación y procurar que, “ante la viabilidad del feto”, sea más difícil justificar la interrupción del embarazo, “sobre todo con una opinión pública enardecida contra la interrupción legal del embarazo”, destaca Llobet.
“La Convención y el Comité de Derechos del Niño reconocen el derecho de las niñas y adolescentes a ser escuchadas en todas las decisiones que les afectan, lo que incluye los aspectos relacionados con sus derecho a la salud y sus derechos sexuales y reproductivos”, dice al respecto a Deutsche Welle Catalina Martínez Coral, directora para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, organización sin ánimo de lucro que trabaja para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.
Martínez Coral recuerda sobre el caso de la pequeña Lucía un precedente tratado en el marco Naciones Unidas: “El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció en 2005 el derecho que tenía la adolescente K.L. de que se le practicara un aborto y ordenó a Perú garantizar que nunca más se volviera a presentar un caso similar en el país en el que a una menor de edad se le negó el aborto a pesar de cumplir con los requisitos legales. Las personas que promueven que se impongan barreras adicionales al acceso al aborto pueden someter a las mujeres embarazadas que no quieren continuar con su embarazo a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como nos lo enseña el caso de K.L.”
Por su parte, Clara Franco, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos GIGA, con sede en Hamburgo, destaca que el aborto es un “tema muy debatido”, con “narrativas enfrentadas”. En el caso de Lucía, “si el protocolo indicaba un curso de acción y no se siguió, existió una violación a una norma”, dice Franco. “Pero el discurso que se llama a sí mismo “provida” cuestiona el derecho al aborto en sí mismo. Y ahí entramos en el tema de la ‘legalidad’ y el de la ‘legitimidad’. La legitimidad es una percepción que va evolucionando conforme el mundo avanza”.
Los medios de comunicación contribuyen dando voz a ambas narrativas, generando polémicas incluso con el derecho al aborto en el caso de menores violadas, como el reciente editorial del diario La Nación titulado “Niñas madres con mayúsculas”.
El artículo generó repudio generalizado incluso en los propios trabajadores de la publicación, que acabó retirándolo. “En el aborto hay una brecha insalvable de legitimidad que va a seguir muchos años existiendo”, asegura la investigadora del GIGA.
