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Día del Orgullo Gay: menos esloganes, más políticas públicas

por 25 junio, 2019

Día del Orgullo Gay: menos esloganes, más políticas públicas

Crédito: Agencia Uno.

Las más de 100 mil personas LGTBI+ que marcharon en Chile para conmemorar el Día del Orgullo Gay -como lo hicieron otros hace 49 años en Nueva York-, ya se cansaron de los gestos para la cámara y del marketing de apoyo a la “diversidad sexual”. Se aburrieron de ser vistos sólo como “víctimas” de un sistema, a quienes hay que “integrar o incluir”, como si ello fuera una obligación de lo políticamente correcto, más que un derecho ciudadano.
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Este jueves 28 de junio se cumplen 50 años del hito que originó una de las conmemoraciones más populares de la actualidad: el Día Internacional del Orgullo Gay.

Ese hito estuvo marcado por los disturbios que se produjeron en el bar Stonewall Inn, (Nueva York, EE.UU.) en 1969 y que significaron el comienzo del movimiento de liberación sexual en los Estados Unidos y luego, en el resto del mundo.

¿Qué ocurrió allí? Las leyes de Nueva York prohibían la homosexualidad en público, y las empresas y los establecimientos frecuentados por homosexuales y personas trans eran con regularidad el blanco de redadas y cierres.

Ese día gays, lesbianas, bisexuales y transexuales se enfrentan a la policía, generando a una rebelión que hoy es considerada como uno de los hechos más importantes del movimiento por los derechos civiles de la población LGTBI+.

Un año después de los disturbios, en 1970, se organizó una marcha para conmemorar las protestas, que fue masiva y que se configuró en la primera Marcha del Orgullo Gay.

Eran tiempos en que en EE.UU. -y en la mayoría de los países- las relaciones entre adultos del mismo sexo se consideraba "sodomía" y era ilegal, es decir, terminabas en la cárcel si alguien te denunciaba por ser LGTBI+.

Ser homosexual era motivo de despido, si eras arrestado, publicaban tu nombre y dirección en los periódicos como una forma de exponerte públicamente y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) clasificaba la homosexualidad como una enfermedad mental "sociopática", clasificación que mantuvo hasta 1973, cuando las investigaciones científicas se encargaron de desmentir esas ideas.

En Chile, la Marcha del Orgullo Gay, realizada este sábado 22 de junio, congregó 100 mil personas sólo en Santiago. Y aunque se han promulgado leyes que han permitido pequeños avances en la no discriminación de la población LGTBI+, como la ley de Unión Civil, la ley Zamudio y la ley de Identidad de Género, o se han distribuido documentos como las “Orientaciones para promover una escuela inclusiva” (Mineduc, 2013) o la “Vía Clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género” (Minsal, 2010), las deudas siguen siendo grandes y estructurales. La razón: muchas veces estas políticas no bajan a la cotidianidad y a los servicios públicos.

Marchan por reivindicaciones que parten por políticas serias que permeen todo el sistema público, por leyes civiles y de derechos de filiación o adopción, por nombrar solo algunos. Ya no bastan los eslóganes ni los gestos de buena crianza. Es tiempo de derechos.

Porque no basta con izar banderas, hacer gestos públicos de reconocimiento y teñir con los colores de la diversidad sexual las fachadas de empresas y o de la misma Moneda, si muchas de esas entidades no tienen ninguna política de igualdad de trato y respeto para sus empleados LGTBI+.

Y desde el Estado, no se ve una intención clara de crear una política pública transversal que abarque todo el aparato estatal y permita enfrentar las desigualdades que vive este colectivo al ser encerrado en la consideración de "minoría".

Con ello, poco se avanza en erradicar prejuicios, malos tratos e inequidades en áreas como educación, justicia, derechos sociales y salud, entre otros.

Sólo dos ejemplos: Hay hospitales públicos que atienden a población transexual sin ser centros de referencia, lo que en la práctica significa que los profesionales de la salud que hacen estas atenciones las hagan informalmente y que los pacientes dependan de su voluntarismo.

Cuando lo que debería suceder -ya hace muchos años- es que el Ministerio de Salud asigne recursos específicos para que cada hospital tenga unidades de atención como sucede en otros países.

Otro problema cada vez más visible: no existe la obligación de impartir clases o talleres de educación sexual integral en los colegios, ni siquiera de poner en práctica las mismas circulares y protocolos que el Ministerio de Educación ha impartido para tales fines.

Esto que no sólo incide en que se perpetúen fenómenos como los embarazos adolescentes y la trasmisión de enfermedades sexuales, sino que también, en el bullying homolesbotransfóbico que sufren muchos niños y adolescentes en los colegios de este país.

Las más de 100 mil personas LGTBI+ que marcharon este sábado 22 de mayo en Chile para conmemorar el Día del Orgullo Gay -como lo hicieron otros hace 49 años en Nueva York- ya se cansaron de los gestos para la cámara y del marketing de apoyo a la “diversidad sexual”. Se aburrieron de ser vistos sólo como “víctimas” de un sistema, a quienes hay que “integrar o incluir”, como si ello fuera una obligación de lo políticamente correcto, más que un derecho ciudadano.

Marchan por reivindicaciones que parten por políticas serias que permeen todo el sistema público, por leyes civiles y de derechos de filiación o adopción, por nombrar solo algunos. Ya no bastan los eslóganes ni los gestos de buena crianza. Es tiempo de derechos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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