Yo opino
¿Qué sucede con la salud mental de las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que deben asumir un embarazo no deseado? ¿Qué consecuencias conlleva enfrentar una maternidad romantizada, idealizada y socialmente impuesta? Chile carece de una educación sexual efectiva para las niñas, niños y jóvenes, donde el Estado debiese asegurar un aborto libre, no sujeto a causales, ya que se encuentra en deuda con las mujeres chilenas especialmente de clases sociales bajas. En este sentido, coincidiendo con las declaraciones de Humberto Maturana, el aborto es “(…) un tema de clase ya que las mujeres ricas pagan abortos seguros en clínicas privadas, las mujeres pobres en cambio se mueren o son detenidas”.
El aborto no hace mucho estaba prohibido en Chile, el que actualmente es legal en base a tres causales específicas: salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o por violación (Ley N° 21.030).
Resulta paradójica esta aprobación puesto que, al recordar la historia de nuestro país, podremos distinguir que Chile era uno de los pocos países en el mundo que en el siglo XX contaba con leyes sobre aborto terapéutico.
Sin embargo, este derecho fue arrebatado en el periodo de la dictadura militar, en manos de hombres blancos, militares y ciudadanos con estudios y poder en la época. De manera que dicha prohibición fue el último acto de violencia que nos dejó la dictadura de Augusto Pinochet, como si no hubiese bastado con todas las vidas arrebatadas en este oscuro periodo, un acto que traería consigo un futuro de desprotección, angustia y sumisión para aquellas mujeres que lo necesitaran y desearan.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), señala en el artículo 16° letra E que ellas tendrán “(…) los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y -tendrán- acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.
[cita tipo=»destaque»] Es necesario cuestionarnos aquellas falsas creencias de que la mujer trae consigo un instinto e ideal de la maternidad como si fuera una meta en su vida. Así como es fundamental exigirnos como sociedad el cumplimiento de los Derechos Reproductivos. Y si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por objeción de conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios, como consigna la Organización de las Naciones Unidas. [/cita]
Lo anterior, aun cuando formaba parte de un derecho humano establecido en años paralelos a la prohibición del aborto en Chile, el cual cabe recalcar ha sido parte desde los orígenes de la ONU (1945) y ha compartido los derechos que promueven la equidad y realización integral de todas las personas.
Tal situación deja de manifiesto que hemos retrocedido en cuanto a derechos fundamentales, específicamente en aquellos que velaban por la igualdad y eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres.
«Apio Verde», la película contestataria a la represión heredada por la dictadura militar sobre la prohibición absoluta del aborto, nos muestra la realidad y el sufrimiento de una mujer joven de nombre Adriana.
Quien padece un embarazo inviable, donde su médico le informa que “en Chile es ilegal interrumpir un embarazo, aun cuando tu bebe va a morir, la vida del feto es protegida desde la concepción”. Posteriormente es diagnosticada con un cáncer uterino, y en consecuencia a la realidad de la época, ella no podrá optar a un aborto terapéutico -aunque tenga cáncer-, ni podrá optar al tratamiento de quimioterapia por encontrarse embarazada de un bebé que no vivirá.
Adriana representa a una de las tantas mujeres-víctimas de una sociedad regida por leyes patriarcales, las que además de negar la legítima decisión de optar por un aborto seguro, niega e invisibiliza el sufrimiento físico y psicológico de todas aquellas mujeres que no desean llevar su embarazo a término por diferentes motivos.
Donde el Estado como figura de autoridad máxima, anula todo razonamiento lógico y personalmente válido de mujeres que no quieren ser madres, porque entendamos que «ser mujer» al igual que con la muñeca Barbie, “los accesorios vienen por separado”.
Es decir, la maternidad debiese ser un “accesorio” que nosotras podamos decidir libremente si queremos incorporarlo a nuestras vidas o no, pero en un Estado y sociedad regida por el patriarcado, esto al parecer es incomprensible.
Si consideramos que, según Amnistía Internacional, “se practican aproximadamente entre 60.000 y 70.000 abortos clandestinos al año, mientras que otros creen que la cifra se aproxima más a 160.000 abortos al año”, llama profundamente la atención -y a la vez no sorprende- que la aprobación del aborto terapéutico haya sucedido en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, la única presidenta que ha tenido nuestro país.
De esto se desprenden ciertas interrogantes ¿por qué los cuatro gobiernos democráticos anteriores no se pronunciaron acerca de volver a establecer el aborto legal considerando las cifras alarmantes del aborto clandestino?
¿Era necesario que estuviera una mujer a cargo del país para recuperar lo que nos arrebató la misoginia de la dictadura? La respuesta a la primera interrogante fue respondida por la misma presidenta en una entrevista a la BBC de la siguiente manera: “(…) la clase política no quiso entrar en controversias (…) Ha habido un importante rol de las iglesias en Chile en contra de terminar la criminalidad del aborto y eso genera distintas posturas”.
Resulta inadmisible que la “clase política” no quisiera entrar en controversias ya que su rol y esencia es preocuparse, ocuparse y gobernar los asuntos que afectan a todos los grupos y sectores de la sociedad. ¿O acaso las demandas de las mujeres no existen para la clase política? ¿Aunque tengamos derecho a voto u otros derechos que buscan erradicar las injusticias vividas a lo largo de una historia que nos ha borrado sistemáticamente de sus escritos?
A su vez, las iglesias siempre se han manifestado en contra del aborto, tratando de manipular y hacer creer a las mujeres que es un acto de pecado máximo, donde el sacrificio-femenino pasa a ser su segundo nombre.
Por lo demás, el sufrimiento psíquico y emocional de las mujeres jóvenes y adultas que no desean ser madres y que reciben los calificativos de “putas”, “inconsecuentes” y “que si les gusto abrirse de piernas que ahora se lo banquen”.
La Organización Mundial de Salud (OMS) ha expuesto un comunicado informando la problemática de los embarazos no deseados de mujeres a nivel mundial, el que evidencia: “(…) Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades pobres, poco instruidas y rurales (…) Algunas muchachas no saben cómo evitar el embarazo, pues en muchos países no hay educación sexual. Es posible que se sientan demasiado cohibidas o avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepción; puede que los anticonceptivos sean demasiado caros o que no sea fácil conseguirlos o incluso que sean ilegales…”.
Si comparamos esta declaración con la realidad que viven las mujeres chilenas, específicamente las jóvenes de clases sociales bajas, ellas no cuentan con programas curriculares obligatorios sobre educación sexual o en las instituciones educativas se aborda la sexualidad de manera biologicista, superficial y medicalizada.
Lo que tiene consecuencias en las altas cifras de embarazo adolescente en los últimos quintiles socioeconómicos, un claro ejemplo de esta problemática se muestra en el famoso y morboso programa de televisión “Mamá a los 15”, donde se exhibe la vida de niñas y adolescentes que quedaron embarazadas por desconocer el desarrollo de sus sexos, cuerpos y sexualidades.
Consiguientemente, Chile carece de una educación sexual efectiva para las niñas, niños y jóvenes, donde el Estado debiese asegurar un aborto libre -no sujeto a causales- ya que se encuentra en deuda con las mujeres chilenas especialmente de clases sociales bajas.
Coincidiendo con las declaraciones de Humberto Maturana, el aborto es “(…) un tema de clase ya que las mujeres ricas pagan abortos seguros en clínicas privadas, las mujeres pobres en cambio se mueren o son detenidas”.
Quienes son obligadas a ser madres sin que sea su verdadera decisión, por lo que la opción del aborto no existe para ellas dado que la maternidad se encuentra romantizada e idealizada en nuestra sociedad.
¿Acaso no le parece extraño que no existan programas de televisión para madres adolescentes de clases sociales altas? ¿Dónde ellas exponen su precoz maternidad como ejemplo para la sociedad?
El aborto disfrazado de apendicitis y la exhibición de madres de 15 años es el vil ejemplo de que el aborto existe -sea legal o no-, sobre todo para aquellas que pueden pagar y ocultarlo gracias a las redes de su clase social.
En relación a esto es preciso recordar las declaraciones de la exministra de salud Helenia Molina: «(…) En todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas» (…) las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos».
Si profundizamos en las ideas anteriores, surgen angustiosas interrogantes: ¿Qué sucede con la salud mental de las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que deben asumir un embarazo no deseado? ¿Qué consecuencias conlleva enfrentar una maternidad romantizada, idealizada y socialmente impuesta?
Quienes además deben asumir la responsabilidad del cuidado, la dedicación exclusiva de la crianza y la constante presión de la maternidad, teniendo que olvidarse por completo de lo que significa la esencia de su ser, puesto que serán castigadas si se dan tiempo para sí mismas, si no siguen la norma consuetudinaria de las madres o si trabajan jornada completa como si no estuvieran criando a su hijo o hija.
En relación a esta problemática, el Informe sobre Salud y Derechos Reproductivos señala: “(…) En lo que respecta a las excepciones a la prohibición del aborto para proteger la vida o la salud de la mujer, la salud de la mujer ha sido entendida ampliamente para incluir la salud mental” .
Este fundamento es central para todas aquellas mujeres que sientan amenazada o afectada su salud mental al verse obligadas a ser madres por leyes defectuosas y sádicas que prefieren verlas muertas, detenidas o depresivas ante la imposibilidad de elegir sobre sus cuerpos y futuro.
Una situación que deja de manifiesto el carácter opcional de las obligaciones paternas, donde es natural y esperable que los varones se desentiendan o se rehúsen a ejercer su paternidad.
Consiguientemente, la salud mental constituye un derecho fundamental para las mujeres pertenecientes a los países de la ONU. Los cuales deben modificar aquellos marcos legales o jurídicos que niegan la posibilidad del aborto, ya sea porque velan por la libertad de las mujeres que no está dentro de sus planes la maternidad o porque garantizan el bienestar del ser que está por nacer sobre todo en aquellos casos donde no existe vínculo ni apego favorable.
Es necesario cuestionarnos aquellas falsas creencias de que la mujer trae consigo un instinto e ideal de la maternidad como si fuera una meta en su vida. Así como, es fundamental exigirnos como sociedad el cumplimiento de los Derechos Reproductivos y “(…) si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por objeción de conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios, según consignó la ONU en el 2018.
Por lo que la realización del aborto no es un acto obligatorio para las personas encargadas de los servicios de salud pública y privada, quienes pueden rehusarse a realizarlo sin enfrentar ninguna sanción.
Esto es humillante, violento y negligente sobre todo si consideramos que Chile es un país conservador, donde “la objeción de conciencia” expone a las mujeres a enfrentarse a profesionales que se nieguen a realizar un aborto. Lo que podría ser de suma urgencia y la espera a la derivación de otros procedimientos ocasionaría consecuencias peligrosas, complicaciones innecesarias e incluso la muerte de algunas mujeres.
En tal sentido, el actual presidente Sebastián Piñera se ha pronunciado en contra de la legalización del aborto sin importar las tres causales que actualmente se encuentran vigentes.
Estas declaraciones plantean que su “(…) gobierno es partidario de «defender» la vida, y muy especialmente de los niños que están por nacer, porque son los niños más inocentes, los más vulnerables y los que más necesitan que defiendan el derecho esencial que es el derecho a nacer (…) como presidente tengo esta convicción profundamente en el alma y voy a hacer todo lo que sea necesario para defender la vida de todos mis compatriotas”.
Si leemos entre líneas las palabras de la autoridad máxima de nuestro país, dice que hará lo que sea necesario para defender la vida del que está por nacer, así que podría perfectamente invalidar los derechos recuperados por las mujeres o modificar la ley sobre el aborto terapéutico, reduciéndola o agregando más requerimientos o exigencias.
Lo cual procedió a cumplir en cuanto asumió su gobierno, modificando la norma para ejercer objeción de conciencia creado en el gobierno de Michelle Bachelet, de tal forma que elimino la limitación de entrega de fondos fiscales mediante convenios de prestación de servicio ginecológicas a instituciones privadas que se negaran a realizar la prestación de aborto.
Es decir, aquellas instituciones privadas cuentan con la misma cantidad de fondos aun cuando no proporcionan la gama completa de servicios ginecológicos.
La segunda modificación del protocolo fue eliminar la serie de requisitos y aspectos de regulación para la objeción de conciencia institucional. Cabe recalcar que la objeción de conciencia declarada por la ONU, es de carácter netamente personal, lo cual Chile nuevamente a infringido.
Por lo tanto, es necesario que como ciudadanas y ciudadanos contribuyamos al cambio social y a la realización integral de todas las personas, especialmente de las mujeres, cuyas voces protagónicas siguen luchando para ser escuchadas por autoridades conservadoras y moralistas.
Las que dicen “representar al pueblo” pero excluyen a las mujeres jóvenes y adultas que difieren de los mandatos de la maternidad o las invisibilizan como si no fueran parte de la sociedad chilena.
En este contexto, la salud mental es un tema serio que requiere ser abordado a nivel social e individual, lo que hace necesaria la participación y el compromiso ético de un conjunto de profesionales a fin de garantizar los derechos humanos.
Tal ideal es concordante con nuestra vocación de querer ayudar y contribuir a nuestra sociedad, donde la negación del aborto constituye una problemática primordial debido a que las mujeres son obligadas a ser madres -sin considerar los agravantes de una salud mental desfavorable para la crianza-.
Quienes podrían proyectar sentimientos negativos en su relación con los niños y niñas, perjudicando su desarrollo, identidad y afectividad a lo largo de la vida. Generando una cadena de violencia que se va heredando de generación en generación.
La aprobación absoluta del aborto es el acto más sagrado que podemos otorgar a las mujeres de forma que puedan elegir libremente quiénes quieren ser o hacer en este mundo.
