Yo opino
Las últimas cifras publicadas por el Servicio Médico Legal indican que durante el 2018 se realizaron 6310 pericias por sexología forense y que el 66,8% fue a menores de 15 años. Durante 2019, el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) señaló que 649 menores de 14 años ingresaron al programa prenatal y, por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio cuenta que del total de nacidos vivos durante el 2015, 717 tenían madres menores de 14 años. Si bien estas cifras no son tan recientes, el propio INE señala que se han mantenido estables por varios años, por lo que la variación a la fecha no tendría necesariamente que ser significativa.
Estos datos son alarmantes. Dan cuenta del estado de desprotección en que viven las niñas y adolescentes en nuestro país. Las cifras confirman que el embarazo adolescente es producto de relaciones no consensuadas, muchas de ellas al interior del espacio familiar y doméstico.
[cita tipo=»destaque»] No podemos descuidar a las niñas y adolescentes. Y tenemos que pensar en mecanismos especiales para su protección. El rol del Estado es cuidar y protegerlas, especialmente durante la crisis que atravesamos, garantizando su derecho a una vida libre de violencia a la vez que, cuando sea el caso, facilitar su acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, eliminando activamente cualquier obstáculo para su acceso. [/cita]
Por su parte, el último reporte del Ministerio de Salud, reveló que sólo 124 mujeres constituyeron causal por violación en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante 2019, y la mitad de ellas fueron menores de edad. Sin embargo, sabemos que la cantidad de peritajes sexológicos y denuncias por abuso sexual y violación es significativamente mayor a eso: por ley de transparencia como Corporación Miles tenemos antecedentes que durante el 2018 el 37,5% de los peritajes sexológicos realizados en el SML fueron a niñas entre 0 y 10 años y un 44,7% a niñas y adolescentes entre los 11 y 20; en total suman alrededor de 4700 casos. Además, sabemos que nuestra legislación estipula que todo embarazo ocurrido hasta las 14 años es considerado como efecto de una violación, entonces cómo podemos entender que en el 2019 sólo 27 niñas menores de 14 años pudieron constituir dicha causal en el país.
Es urgente que visibilicemos esta realidad y le demos un espacio en el debate actual. Durante las crisis sanitarias, como la que atravesamos hoy, la violencia por razones de género se agrava. Así lo confirma el aumento de un 70% que han tenido las llamadas al 1455 durante la cuarentena. Pero qué pasa con las niñas y las adolescentes que no pueden utilizar estos mecanismos o que, por miedo, no denuncian. Sabemos que la violencia aumentará con el confinamiento y lo hará especialmente en aquellos grupos más desprotegidos. Por eso, no podemos descuidar a las niñas y adolescentes. Y tenemos que pensar en mecanismos especiales para su protección. El rol del Estado es cuidar y protegerlas, especialmente durante la crisis que atravesamos, garantizando su derecho a una vida libre de violencia a la vez que, cuando sea el caso, facilitar su acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, eliminando activamente cualquier obstáculo para su acceso. Por nuestra parte, como Corporación Miles, seguiremos monitoreando, fiscalizando y levantando información para diseñar mecanismos de cumplimiento y responsabilidad estatal respecto a los derechos sexuales de las personas, con especial consideración en las niñas y adolescentes de nuestro país.
