Abogada Camila Maturana de Juntas en Acción: “Nos preocupa sobremanera la total ausencia de legislación referida a la reparación de las mujeres víctimas de violencia”

El virus ha precipitado una realidad: “la violencia de género, masiva en tiempos normales, se exacerba en contextos de crisis”, asegura Camila Maturana, encargada de incidencia de Juntas en Acción y abogada de Corporación Humanas. Y continúa: “el riesgo de violencia psicológica, económica, física, sexual e incluso femicidios en el actual contexto es enorme para mujeres y niñas. Muchas se encuentran confinadas con sus agresores, aisladas de sus redes habituales, en condiciones de mayor dependencia y control, y además, dadas las restricciones en el funcionamiento de las instituciones y servicios públicos, como los establecimientos de salud, centros de atención, policías, fiscales y tribunales de justicia, se ve obstaculizada la posibilidad de recibir ayuda y protección”.

Maturana conversó con El Mostrador Braga y destacó los puntos clave en materia legislativa y planes de reparación, en el inminente manejo de la situación de violencia a la que muchas mujeres se ven enfrentadas hoy en el confinamiento.

Dentro de las principales acciones emprendidas por la plataforma “Juntas en acción”, destacan dos recientes. Se trata –en primer lugar- de un proyecto de ley que propone robustecer y tratar de forma integral las materias legislativas que atañen a la protección y derecho de las mujeres. En segundo lugar, de un documento que propone claves en el abordaje en prevención, educación y reparación a víctimas.

Frente a estas iniciativas, surge un interrogante difícil de responder sobre un constante escenario de cambio en medidas sociales, que convulsiona semana a semana al país, el que lejos de permitir realizar proyecciones, exponen la urgencia de conocer cuáles son los caminos de salida de esta crisis para las mujeres y en qué consiste a la reparación de daños que dejan las diversas manifestaciones de violencia de género.

Plataforma “Juntas en acción” y materias legales pendientes

La plataforma trabaja en torno a tres ejes: violencia de género, autonomía económica y participación política. Es impulsada por ComunidadMujer y Humanas, con el apoyo de la UE (Unión Europea), que reúne alrededor de 20 organizaciones de mujeres entre las que están el Observatorio contra el Acoso, Mujeres del Pacífico, Rompiendo el silencio, Laboratoria, Observatorio de Género y equidad, Instituto de la Mujer, Red de investigadoras, La Rebelión del cuerpo, entre otras.

Juntas en acción y preocupadasde velar por los derechos, autonomía y participación de la mujer, han diseñado una propuesta que busca robustecer y aglutinar los proyectos en materia legislativa que se encuentran en el Senado. Este documento expone la violencia de género como una evidente violación a los derechos humanos, puesto que da cuenta de la inacción del Estado en la elaboración de políticas públicas efectivas para proteger a las mujeres.

Por otra parte, el documento titulado “Violencia de género en Chile. Avances, desafíos y propuestas”, tiene por objetivo fortalecer la gestión en materia de derecho de las mujeres,  destacando que no existe un abordaje integral en estas materias acorde a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.

En esta línea la abogada Camila Maturana explicó que“en los últimos años se han debatido en el Congreso Nacional numerosas reformas legislativas referidas a diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que abordan de manera fragmentada este problema de derechos humanos” revelando el estado actual en esta materia, a lo que agrega: “la violencia contra las mujeres se ejerce en múltiples ámbitos, en el espacio privado, en lo público y también por agentes del Estado y por ello no puede ser abordada de manera parcial. De ahí la importancia de contar con un marco jurídico integral frente a la violencia de género, que la conceptualice de manera adecuada y que garantice medidas de prevención, sanción a los agresores y la debida atención, protección y reparación de las víctimas”.

De acuerdo a lo expresado por la abogada, queda de manifiesto que el punto fuerte de la cuestión sería el carácter fragmentado del tratamiento legislativo y la necesidad de robustecerlo apuntando a mirar las problemáticas de las mujeres de una forma integral.

Proyectos urgentes

Maturana expresa que “para la plataforma a la que representa y a diversas organizaciones de mujeres y feministas, resulta de la mayor preocupación priorizar la prevención de la violencia de género y la atención y protección de víctimas. Situación que ha sufrido un grave aumento a partir del contexto de emergencia sanitaria por Covid-19”.

Y es que las medidas de confinamiento han profundizado una realidad que requiere ser vista y tratada de manera urgente, “por ello es clave mantener campañas públicas de sensibilización e información, promoviendo la detección de la violencia y el apoyo a las víctimas para que puedan denunciar. También se deben fortalecer los sistemas de protección, garantizando la concurrencia de las policías cuando existe una denuncia, agilizar la dictación de medidas cautelares por parte de los tribunales y especialmente monitorear su cumplimiento. Además, se debe asegurar el debido funcionamiento de los servicios estatales para la atención de mujeres y niñas que sufren violencia, la orientación telefónica, los centros de atención, los establecimientos de salud y garantizar la representación jurídica de quienes lo requieren”, expone la abogada.

Sin prejuicio de lo anterior, resulta positivo destacar que han existido avances en materia legislativa con la aprobación de la Ley Gabriela o la Ley de Acoso Callejero. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, lo que se ha reflejado en el aumento de la violencia hacia la mujer en variadas materias, lideradas por las denuncias de violencia doméstica.

Continuadas por otras denuncias de violencia, como violencia económica producto de la precarización o la pérdida de los trabajos ocasos de ciber acoso o difusión ilegítima de material íntimo, la ley se ha observado débil en estos asuntos. En atención a estas y otras situaciones que abandonan legalmente a la mujer, se hace importante poner urgencia a los proyectos que esperan en el congreso.

A este respecto Maturana dice que“Chile ha firmado tratados internacionales en esta materia que deben plasmarse en la legislación nacional, que actualmente es insuficiente pues se enfoca solo en la violencia intrafamiliar y no establece obligaciones claras para los órganos del Estados. Por ello creemos que el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia representa una oportunidad importante para mejorar la respuesta estatal frente a la violencia”, dijo.

El proyecto al que hace referencia la abogada encabeza siete las peticiones en materia legislativa para la mujer presentes en el congreso “fue presentado durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y ha sido apoyado posteriormente por el Presidente Sebastián Piñera, que le ha asignado urgencia legislativa”, explica.

“Este proyecto debe dar cuenta y abordar todas las violencias a las que están expuestas las mujeres, no sólo desde un punto de vista sancionatorio, sino también preventivo y educativo y asegurando la atención y protección de las víctimas. Es decir, se debe incluir una conceptualización amplia del continuo de violencia contra las mujeres, pero fundamentalmente incorporar mandatos y obligaciones específicas a los diversos órganos del Estado, asegurando políticas de prevención de la violencia, formación especializada de los y las funcionarias públicas, mecanismos de protección eficaces, servicios de atención integral para las víctimas y su reparación”, profundiza.

Por tanto uno de las materias urgentes a intervenir sería la reparación de los daños causados a las mujeres que han experimentado una de las consecuencias más lamentables de la crisis sanitaria. Es claro que las acciones dirigidas a mejorar la situación de las miles de mujeres afectadas involucra responsabilidades y costos asociados, en esta línea la abogada expresó que“todo ello requiere recursos y por eso consideramos que no basta con apurar la tramitación de la ley si no se asigna un presupuesto suficiente para su implementación, y eso hasta ahora no se ha debatido con claridad”, expone.

Responsabilidad pendiente para el gobierno en esta materia

En atención a lo expuesto por la abogada Camila Maturana, resulta positivo contemplar de qué trataría un proyecto de reparación a las víctimas, que sin lugar a dudas, serán absolutamente necesarios dadas las condiciones actuales y que constituirá una tarea principal para el gobierno.

“Nos preocupa sobremanera la total ausencia de legislación referida a la reparación de las mujeres víctimas de violencia, frente a la grave afectación a sus derechos y libertades fundamentales”, expresó.

Y explica que “La reparación presenta varias dimensiones siendo una de ellas el acceso a la justicia, por eso es preocupante la impunidad en que queda la inmensa mayoría de los casos denunciados. Además, lógicamente la reparación de los daños causados, pero los procesos judiciales en el mejor de los casos solo establecen una sanción al agresor y en muy pocas oportunidades su obligación de indemnizar los daños. Pero la reparación también incluye servicios de atención integrales para las víctimas, de salud física y mental, sociales y de carácter jurídico que le permitan salir de la situación de violencia en que se encuentra, desarrollarse plenamente y sin riesgos de volver a ser violentada”, finalizó.