BRAGA
El proyecto de ley que crea el nuevo “Servicio de Protección Especializada”, iniciativa conocida como el “nuevo Sename” ha sido ampliamente criticado respecto de si realmente hace el cambio de fondo y forma necesarios en la institución, o si es tan sólo un cambio de nombre. Sin embargo, más allá de eso, el artículo transitorio incorporado en comisión mixta, el cual amarra su promulgación a que también se apruebe al mismo tiempo la Ley General de Garantías de la Niñez ha desatado el conflicto entre bancadas y vuelto a posponer el debate. Lamentablemente, la crisis sanitaria pareciera haber dejado en segundo plano esta discusión dejando a niñas, niños y adolescentes invisibles en una crisis que no solo es de salud, sino que también de derechos humanos.
Muertes en “extrañas” circunstancias, denuncias por abuso sexual y violación de menores; niñas, niños y adolescentes corriendo por los techos, saltando vallas con tal de salir, ¿qué tiene todo esto en común? Una sola figura: el Sename.
Desde hace años que dejó de ser secreto que el Servicio Nacional de Menores (Sename), se ha convertido en el infierno en vida de miles de menores de edad a lo largo de todo Chile. Niñas, niños y adolescentes que han tenido que vivir a su corta edad, constantes situaciones que vulneran sus derechos, incluso desde antes que llegaran a estos hogares que se suponía iban a cuidarlos.
Uno de los casos más recientes que estremecieron a nuestro país, fue el de explotación sexual, ejercido por Evelyn Oñate, la exdirectora de un centro colaborador del Sename conocido como “Nido” ubicado en Hualpén. En este recinto, dos menores de 6 y 8 años fueron sometidos a prostitución infantil y obligados a tener prácticas sexuales con animales.
Este repudiado hecho dado a conocer los últimos días de abril pareció reactivar en los parlamentarios la sensación de urgencia para que se legisle por “un nuevo Sename”, pero por sobre todo, por una Ley General de Garantías de la Niñez. Sin embargo, este proceso no ha tenido más que obstáculos, principalmente ideológicos.
“La Ley General de Garantías de la Niñez lleva cinco años durmiendo en el Congreso, pero lleva 30 esperando ver la luz. Chile firmó la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez en el año 1990 y desde ahí que estamos en deuda con el compromiso de poder mejorar nuestra institucionalidad dedicada a la infancia, poniendo a los niños en el centro como sujetos de derecho y no como objetos de protección”, expresó la diputada Natalia Castillo (RD), quien conversó con El Mostrador Braga sobre esta temática, al igual que la defensora de la niñez, Patricia Muñoz.
El proyecto de ley que crea el nuevo “Servicio de Protección Especializada”, iniciativa conocida como el “nuevo Sename” ha sido ampliamente criticado respecto de si realmente hace el cambio de fondo y forma necesarios, o si es tan sólo un cambio de nombre.
Para la diputada Castillo, este proyecto lo que hace es separar el Sename en dos. “Es un cambio más bien administrativo, pero no es un proyecto que establezca algún cambio estructural dentro de la dinámica que se da dentro del Sename. La oferta sigue siendo principalmente privada. Tampoco cambia el modelo de financiamiento (…) no implican una reforma estructural y no terminan con el Sename”, expresó.
Misma postura comparte la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien sostiene a nombre de la Defensoría, que el nuevo Servicio de Protección Especializada, “no es una reforma estructural desde la perspectiva, de que efectivamente mantiene el sistema de financiamiento basado en la subvención, el cual ha sido duramente criticado por el Comité de los Derechos del Niño, en razón de la precarización que hace del resguardo efectivo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) que se encuentran bajo el cuidado del Estado”, explicó.
Por tal razón es que cuando el proyecto fue aprobado, se trabajó en la Comisión Mixta para poder hacer algunas adecuaciones, particularmente en lo que dice relación con “la posibilidad de imponer restricciones a los organismos colaboradores que hayan vulnerado derechos humanos”, narró Muñoz. Para que de esta manera no se repitan situaciones como las ocurridas en Hualpén.
Precisamente en esta comisión mixta se implementó un artículo transitorio que ha provocado la molestia de la UDI, al punto de solicitar mediante una carta al ejecutivo, que este sea vetado. El artículo transitorio es de autoría de la diputada Castillo, y deja supeditada (amarrados) la vigencia del nuevo Servicio de Protección Especializada a la promulgación de la Ley General de Garantías de la Niñez, la cual como se mencionó anteriormente, lleva cinco años durmiendo en el Senado.
Según la carta firmada por la jefa de la bancada UDI, María José Hoffmann “pasaron casi dos años para que el proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada pudiera ver la luz” y que “en un acto de chantaje nunca antes visto, la oposición ha logrado retrasar esta importantísima ley, supeditando la entrada en vigencia a la aprobación del proyecto de ley de garantías de la infancia”. La bancada considera este artículo transitorio como un “chantaje de la izquierda, que, una vez más, metió la ideología en una materia tan importante”.
Hoffmann finalizó la carta expresando que “retrasar un proyecto mientras no se apruebe la ley de garantías a la niñez, el cual tiene un alto contenido ideológico, es no entender nada de lo que necesita nuestra juventud. Por ello pedimos que el presidente ejerza el veto presidencial para eliminar este artículo y entreguemos una legislación moderna y eficaz a los que lo necesitan ahora”.
Castillo, en respuesta a la carta encabezada por Hoffmann, expresó que cada vez que se levanta una alerta en cuanto a la legislación, la UDI acusa un “obstruccionismo” que “ya a esta altura lo usan como comodín para cualquier cosa”. Pero en este caso, lo que realmente le preocupa la UDI, según la diputada, es que la Ley General de Garantía cambia la visión sobre la infancia, poniendo a los niños como sujetos de derecho y no como objetos de protección. “Eso implica reconocer su autonomía progresiva, por ejemplo, para que ellos, en la medida en que vayan creciendo, adquiriendo mayor grado de desarrollo y de madurez, puedan tomar sus propias decisiones y decidir sobre cómo ejercer su derecho”, explicó.
Para la diputada, eso tiene que ver con el derecho a la identidad, a poder asumir ciertas decisiones por sí mismos. “Y eso es lo que le complica a la UDI, porque creen que se ve amenazado el derecho preferente de los padres en cuanto a la crianza de los hijos. Es ese el error, creo yo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra: esto es más bien una forma de darle gusto a los sectores ultraconservadores que promueven slogans como “con mis hijos no te metas” e intentar seguir frenando una reforma estructural al sistema, un cambio de mirada que se adecue a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez”.
Este proyecto da el marco general de la protección de los derechos de la niñez, poniendo el foco primero en la prevención, luego en poder detener aquellas vulneraciones de derechos que se puedan resolver por la vía administrativa, y finalmente, inserta el Servicio de Protección de la Niñez Especializada.
Desde la Defensoría de la Niñez, han entregado diversas opiniones a través de oficios para procurar fortalecer esta ley. Ya que les parece que es “imprescindible y necesaria”. Y es que Chile, es el único país de la región que no tiene una ley de este tipo, una que permita establecer el marco de acción para el cumplimiento efectivo del mandato que como país, tenemos desde el año 90: asegurar a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, no sólo el trato, sino también el “respeto en su calidad de sujetos de derecho y por lo tanto, permitirles ejercer todos sus derechos de manera efectiva, con garantías explícitas que permitan, de esa manera, la ejecución de aquellas acciones, ya sea a nivel social o estatal para lograr concretar esos objetivos”, dijo la defensora.
Niñez, adolescencia y covid19
Lamentablemente la crisis sanitaria pareciera haber dejado en segundo plano esta discusión. Desafortunadamente, NNA han sido invisibles en una crisis que no solo es de salud, sino que también de derechos humanos.
El mensaje de la defensora Patricia Muñoz es para todos, pero particularmente para el Ejecutivo, a través de quienes lideran hoy día la situación de pandemia. “Ya lo hemos solicitado formalmente en la mesa social Covid, también en otras instancias, que NNA sean visibles y que, por tanto, de esa manera tengan la posibilidad de ser sujetos de medidas públicas que efectivamente atiendan y/o estén destinadas directamente a su bienestar y a su desarrollo psicosocial en términos adecuados”.
Misma postura comparte la diputada Castillo, a pesar de que ya han pasado dos semanas desde la última discusión, hoy más que nunca se hace urgente no dejar que se diluya y que el proyecto se siga aplazando, y de esta manera poder tener una ley que ponga el primer foco en la prevención de las vulneraciones de derechos, en poder atajar a tiempo aquellas que no han llegado aún a ser graves. Y que cuando estas vulneraciones graves se produzcan, “que el Estado llegue bien, llegue entregando servicios de calidad donde se le pueda asegurar a los niños que no van a seguir siendo maltratados, que el Estado va a poner todos los recursos necesarios para reparar el daño que se les ha causado”. Para que, de esta manera, una vez que salgan de algún programa del Estado, puedan tener las herramientas para poder desarrollar una vida feliz.
