BRAGA
Crédito: Agencia Uno
Desde la Red de Atención Primaria de Salud de la Región Metropolitana señalan que han disminuido «notablemente» las atenciones referentes a interrupciones del embarazo, al igual que en las urgencias hospitalarias. En tanto desde la Mesa de Acción por el Aborto, informan que la situación en el caso de las mujeres que acceden al aborto por su cuenta, también es compleja, dado que hay un déficit de fármacos, situación que lleva a las mujeres a acceder a antiguos métodos que ponen en riesgo su vida. En ese contexto, conversó con El Mostrador Braga, la coordinadora de la Mesa y ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira, sobre la situación del aborto en tres causales y la interrupción del embarazo que no está legalizada.
La salud sexual y reproductiva de las mujeres en Chile se ha visto fuertemente afectada por la crisis sanitaria que ha dejado el Covid-19. Según reveló una encuesta realizada por la Corporación Miles, desde que se decretó el Estado de Emergencia en nuestro país, 4 de cada 10 chilenas vieron dificultado el acceso a salud sexual y reproductiva, de ellas, el 34% no pudo acceder a métodos anticonceptivos en distintos centros de salud público, principalmente por una falta de stock disponible y respecto del acceso particular a través de farmacias, un 30% de las encuestadas denuncian que han visto incrementado el precio de los anticonceptivos.
Esta situación puede significar un aumento de los embarazos no deseados y de abortos que exponen la vida de las mujeres al someterme a procedimientos sin los resguardos necesarios. Sobre esta situación y más se refirió la coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira, quien profundizó en el abordaje en medio de la pandemia del aborto en tres causales y en la interrupción del embarazo voluntario que no está legalizado.
Desde la Mesa de Acción por el Aborto señalaron que “no hay información disponible sobre los casos atendidos durante el primer semestre de este año. La pandemia se desata en el país, llega a mediados de marzo y no tenemos información de cuántos abortos, cuántos embarazos en tres causales se han detectado en el país y cuántos fueron interrumpidos por decisión de las mujeres. ¿Cuál es la situación del acceso al aborto legal? No hay información”, dijo Gloria.
“Nosotras hicimos el monitoreo el año pasado de la implementación de la ley, en momentos que diría de habitualidad en la atención, o sea sin pandemia, y ya detectamos que habían problemas para el acceso a este derecho. Problemas de información a las usuarias, problemas en la acreditación de las causales y problemas en el acceso expedito a la interrupción producto, entre otras cosas, de la extensión de la objeción de conciencia que ha permitido el ministerio. Entonces, sabiendo que ese era el escenario base, en este momento que estamos en pandemia, lo que nosotras evaluamos, es que esos obstáculos se han incrementado”, afirmó Maira.
Añadiendo que este fenómeno habría incrementado producto del “confinamiento, de la imposibilidad de hacer pesquisa o de que no hay pesquisa sobre casos de violencia sexual, de que hay una priorización para efecto de la atención a la pandemia, por sobre otras atenciones”.
Desde la Mesa afirman que de lo que sí tienen certeza es que “hay dificultades con la atención en salud sexual y reproductiva, por lo tanto en el acceso al aborto legal, y eso estaría hablando de un escenario muy complicado para las mujeres”.
En ese sentido se refieren “en términos de su salud y en términos de verse enfrentadas a situaciones que no quieren en particular. Desde la atención primaria, por ejemplo, hay dificultades de anticonceptivos, que sabemos que las hay, eso significa que van a aumentar los embarazos no deseados y eso puede incluso llegar a aumentar los embarazos o los abortos… los abortos libres, los abortos en que las mujeres se hacen ejerciendo su autonomía y recurriendo a métodos invasivos que ponen en riesgo su salud”, dijo Gloria.
Momentos antes del cierre de esta nota desde el Ministerio de Salud, tras nuestra incesante solicitud para acceder a los datos, hizo público el reporte sobre los casos de aborto en tres causales realizados en el trimestre de enero a marzo de este año, presentando una baja en comparación al 2019.
El año pasado se hicieron 768 abortos, 92 de ellos en clínicas y 676 en hospitales. Según el último reporte, en el primer trimestre de este año se realizaron 142 interrupciones de embarazo, en tanto el 2019 se registraron 175 abortos en tres causales.
Recordemos que la despenalización del aborto en nuestro país sólo se puede dar cumpliéndose uno o más de los siguientes casos:
Causal 1: La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. Esta causal puede constituirse a lo largo de toda la gestación, por lo que no contempla límites de edad gestacional para la interrupción del embarazo, si la mujer así lo desea. En este punto se realizaron 44 abortos por esta causal y el año pasado por el mismo motivo se realizaron 55 (las cifras se refieren solo al primer trimestre).
Causal 2: El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Dado a que en esta causal la confirmación diagnóstica puede darse a lo largo de todo el embarazo, tampoco contempla límites de edad gestacional para la interrupción del embarazo, si la mujer así lo desea. Por este motivo en el primer trimestre de este año se realizaron 67 abortos, en tanto el año pasado fueron 93.
Causal 3: El embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas de gestación. Por esta última causal se realizaron 31 abortos en el primer trimestre de este año, en tanto el 2019 la cifra fue de 27.
Desde la Red de Atención Primaria de Salud de la Región Metropolitana, señalaron que habían disminuido «notablemente» las atenciones referentes a interrupciones del embarazo, al igual que en las urgencias hospitalarias. En tanto desde la Sociedad Médica de Urgenciólogos dijeron que no han desarrollado un registro de esa información.
Otra arista que señala Gloria, es sobre la ausencia de directrices de parte de la autoridad sanitaria en términos de cómo dar continuidad a la atención en salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal.
Según señala, eso significa que en la atención primaria, que está principalmente en manos de los municipios, “la forma en que se mantienen estas atenciones, qué atribuciones se mantienen, qué atenciones se les da más espacio en el tiempo, cuales se postergan, queda a decisión de los alcaldes o alcaldesas y de los directores de salud y lo que se ha detectado -incluso hay un documento del Colegio Médico de la Comisión de Higiene del Colegio Médico-, es que la respuesta por parte de los municipios no es homogénea, porque tampoco es homogénea al a realidad de los municipios”.
Entonces, la atención “no es homogénea, porque hay alcaldes que han buscado mantener métodos anticonceptivos y mantener algunos servicios esenciales en salud sexual y reproductiva, pero en otros casos los alcaldes han tomado otras decisiones sin dar prioridad a lo que estoy diciendo por problema de recursos, de personal o sencillamente porque consideran que esos no son servicios esenciales a mantener durante la pandemia”.
Desde la Mesa de Acción por el Aborto destacan que llevan décadas “luchando porque se entienda que la salud sexual y reproductiva es un derecho y que las mujeres no podemos postergar el acceso a anticonceptivos o el acceso al aborto legal, porque las consecuencias sobre nuestra vida son permanentes”.
“Si no accedo a anticonceptivos, si el implante que tenía una joven con vida sexual activa, es necesario cambiarlo y no logra hacerlo… ellas se van a enfrentar a un embarazo no deseado y ante la falta de posibilidades de interrumpir ese embarazo, lo más seguro es que termine asumiendo una maternidad que nunca deseó. Esta es una consecuencia importante en la vida”, aseveró Maira.
También destacó que desde la Mesa son conscientes de que para las mujeres y los cuerpos gestantes en general, una maternidad deseada es una de las cosas más bellas que se puede experimentar, pero “un embarazo no deseado y una maternidad forzada es una tortura que tiene un impacto brutal sobre nosotras, sobre nuestro entorno, incluso sobre sus propios hijos o hijas que se reciben. Entonces, creo que ahí es importante entender que, por lo tanto la salud sexual y reproductiva es esencial y toca mantenerlo”.
Gloria además se refirió al “aborto consentido, es decir, el aborto, que es una interrupción de una gestación que una mujer hace en el ejercicio de su autonomía, pero que no está legalizado”. Señalando que según la información que manejan «la pandemia ha dificultado el acceso al misotrol y que lo disponible es a través del mercado negro y que ha habido estafa a mujeres que han accedido a comprar al mercado negro. Además que están pidiendo una cifra exorbitante por las dosis necesarias para hacer una interrupción del embarazo”.
“Hemos conocido también que ante la falta de miso, las mujeres han recurrido a métodos naturales, pero sin conocer cómo se hacen, entonces hay complicaciones… y también yo no tengo información directa en el país, pero sí de una información, que es un artículo que leí me parece que es el caso argentino, si no estoy mal, que ya ante la falta de medicamentos para poder hacer una interrupción segura, las mujeres han recurrido a los métodos antiguos del gancho o del perejil y eso tiene riesgo evidentes para la salud”, dijo la coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.
Explicando que estos son métodos que se usaban la época de los 60 – 70, “cuando el aborto era una pandemia que cobraba la vida de miles de mujeres. Las razones eran que ellas interrumpían los embarazos por estos métodos. El gancho perfora el útero. Entonces llegaban muchas con útero perforado, hemorragias y de ahí cuadro de infección, déficits brutales que las llevaban a la muerte a muchas de ellas. En el caso del Perejil también, porque Perejil tiene una cosa que provoca infecciones que pueden llevarte la muerte si no son atendidas con celeridad”.
En ese sentido, “sin entrar en estas descripciones tan lúgubres… lo voy a plantear de otra manera, el hecho de que haya desde hace algunas décadas, por lo menos una década, disponibilidad de medicamentos como el miso y la mifepristona para que las mujeres pueden interrumpir un embarazo no deseado de manera segura, tuvo impacto o ha tenido impacto en términos de la morbimortalidad de las mujeres por aborto consentido, porque ha reducido los riesgos, ha reducido las posibilidades de daño permanente o las posibilidades de muerte”.
En consecuencia, “que las que quieran interrumpir un embarazo no puedan acceder al miso o a la mife, hace que ellas puedan recurrir por tanto a métodos que son absolutamente riesgosos para efectos de su cuerpo. Para efectos de salud, incluso de su propia vida”, dijo Maira.
Por estos motivos desde la Mesa señalaron que esta realidad “está mostrando como la negación de un derecho, de una o de una condición de sujeta de derecho tan elemental como es la autonomía y en particular cuando se trata de una reproducción, una gestación no deseada, tiene implicaciones graves para la vida y la salud de una mujer siempre y en casos de pandemia aún más, porque los recursos disponibles para poder hacer una interrupción segura no están”.
“El no acceder a la atención de salud sexual y reproductiva tiene impacto inmediato. No por nada los organismos regionales especializados han demostrado que no esto, que no haya servicios de esta índole, va a aumentar la mortalidad materna. Hay un cálculo de que por lo menos este año, a nivel global vamos a tener al menos 20 mil mujeres muertas en estado de embarazo. Aumentan los embarazos no deseados y aumenta el aborto inseguro, y eso tiene implicaciones que ya conocemos”, dijo Maira.
Para la Mesa no tomar medidas al respecto significa un retroceso tremendo, “las mujeres se morían como moscas por no acceder a métodos anticonceptivos y por practicarse abortos inseguros. Teníamos un problema sanitario brutal y el país hizo esfuerzos por aumentar la cobertura, por ejemplo, de anticonceptivos… podemos discutir si la política es buena o mala, de todas maneras es una política que se puede mejorar y que puede ser mucho más integral, pero, efectivamente, que esto se tire «para la cola» por decirlo de alguna manera… nos vuelve a poner en una situación muy parecida a la que teníamos hacía décadas atrás”, añadió la ex subsecretaria del Sernam.
El tema para Gloria es aún más profundo. “Hay un retroceso porque no es solamente en materia de salud sexual y reproductiva, si lo miramos de manera más integral… yo creo que esta postergación se suma también, por ejemplo, a la postergación o a la negación del Gobierno a hacer un postnatal de emergencia, de extender el postnatal de emergencia”.
Para Maira, dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos forman parte del mismo paquete de negación de derechos que “las madres y también los padres, no puedan acceder o extender el postnatal en momentos de pandemia y que el Gobierno diga que quienes tienen seguro cesantía se aplique y se aplique la Ley de Protección del Empleo entre comillas y accedan a su seguro de cesantía, no es una respuesta”, añadiendo que “aquí no hay ninguna responsabilidad ni del Estado, ni del empleador, con no precarizar las condiciones en que están la mujer y el grupo familiar y por supuesto el recién nacido”.
Finalmente, Gloria expuso que no se trata solamente de la falta de anticonceptivos o del difícil acceso al aborto o de la negación al postnatal de emergencia, como si fueran hechos aislados, “estás configurando ahí una realidad de vulneración de derechos de las mujeres, particularmente graves durante los tiempos de pandemia”, en ese sentido piensa que “lo mínimo es que el Gobierno debería procurar es coherencia con su propio discurso, respecto de la protección de la vida de la madre y de los hijos”.
