Yo opino
Crédito: Dragomir Yankovic / Aton Chile
Es común leer que desde un sector político se profetice la ruina del país si se aprueban ciertos cambios. La experiencia y el tiempo se han encargado de enseñarnos que dichas amenazas son falaces y solo responden al ímpetu desesperado por mantener un sistema que beneficia a unos pocos. No es necesario ser un experto en derecho para entender que las normas que rigen a una sociedad deben ser concordantes a la evolución de las necesidades y personas a las que van dirigidas. El derecho no es una cuestión estática en el tiempo y en general se encuentra supeditado a una evolución constante.
Sin embargo, existen algunas temáticas que son más sensibles y generan mayor resistencia al cambio. Un ejemplo claro es lo que ocurre con el matrimonio y las parejas del mismo sexo. El Código Civil, al no contar con una definición completa que considere a las diversidades existentes, genera efectos que repercuten en diferentes aspectos de la vida de dicha comunidad. Esto se traduce a una condena que nos obliga a vivir invisibilizados para la sociedad, en un lugar en donde la conquista de cada derecho se torna un desafío contra el sistema y el Estado.
[cita tipo=»destaque»] El progreso nos llama a cumplir de manera seria nuestras obligaciones internacionales con los derechos humanos. [/cita]
Hace unos meses atrás, el Tribunal Constitucional señalaba expresamente que no todas las relaciones afectivas pueden ser protegidas de la misma manera que las que tienen por base al matrimonio, mereciendo estas últimas una mayor atención. ¿Por qué solo una parte de la sociedad puede acceder a esto? Unos se apresuran a responder y apuntan a que el matrimonio debe mantenerse tal como está, apelando a un discurso basado en premisas religiosas o simplemente manteniendo una posición mañosa al cambio. Esta respuesta es errada y contraria a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Suprema ya han zanjado. El acceso a la institución del matrimonio es un derecho inherente a la persona, por lo que es totalmente discriminatorio que su ejercicio dependa de cuestiones como la orientación sexual de quienes lo contraen.
En el mundo, luego de que Holanda aprobase el matrimonio igualitario en el 2001, más de 30 países se han sumado. Sin ir más lejos, en Argentina, el pasado 15 de julio, se cumplieron nada menos que 10 años desde que se aprobaron las uniones entre personas del mismo sexo. En Chile, por otro lado, el proyecto de ley ha tenido un escaso movimiento en el Congreso, y desde el Poder Ejecutivo guardan silencio, al no considerar la mencionada demanda en la agenda de gobierno.
La falta de voluntad política para el avance en una materia tan crucial crea una escalera de desigualdad. En la cúspide de ella se encuentran aquellas parejas que cumplen con todos los requisitos que exige la ley y que gozan de las protecciones que el sistema les proporciona. Pero en otros peldaños de la misma escalera, podemos ver que la vulnerabilidad y desigualdad aumentan, conforme las personas se alejan de dichos estándares.
La filiación y las consecuencias patrimoniales que conlleva, son algunos de los efectos concretos que provienen del matrimonio y repercuten directamente en mejorar la vida de las parejas que deciden libremente acceder a él. El progreso nos llama a cumplir de manera seria nuestras obligaciones internacionales con los derechos humanos y emanciparnos de aquellos pensamientos arcaicos que impiden que tengamos una verdadera sociedad inclusiva, que reconozca el valor de su diversidad.
