Yo opino
Crédito: Aton Chile
Es indiscutible que la educación es la principal herramienta a la hora de guiar o conducir el conocimiento, el cual cobra utilidad en la medida en que permite mejorar las condiciones de vida tanto a nivel personal como del entorno. Teniendo en cuenta esto, es coherente pensar que la educación es bienvenida en todas las áreas vinculadas al ser humano, sin excepción. Surge la interrogante entonces de ¿por qué educar sobre salud sexual despierta tanto resquemor y aún más, resistencia, en algunos grupos de la población? ¿A qué se debe que la educación sobre un aspecto tan intrínseco a la condición humana, como lo es la sexualidad, genere una oposición que impide transformar el conocimiento en conductas preventivas que posibiliten el disfrute de una sexualidad plena y segura?
En primer lugar, se debe tener presente que la educación sexual es un asunto de salud pública que trasciende ampliamente el tema de conservar o revocar ciertos valores. En sus orígenes, la educación sexual hizo posible combatir problemáticas como la mortalidad materna, a través de la reducción del aborto por medio de la regulación de la fertilidad, para luego atender otras preocupaciones como la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)-Síndrome de Ia Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y embarazo adolescente. No obstante, a la fecha, los resultados han siendo infructuosos llegando a portar en los últimos años el desalentador récord de ser el país líder latinoamericano en la tasa de incremento de nuevas infecciones de casos de VIH.
Entonces, cabe preguntarse ¿cómo hacer más eficiente las estrategias hasta ahora implementadas? ¿de qué prescinden los programas de educación sexual que no han logrado avances sustantivos en la materia?
[cita tipo=»destaque»] El Estado no puede marginarse de este proceso y en su rol garante de la Educación como un bien Público, debe asegurar que todas/os accedan a una educación sexual completa, libre de sesgos y validada por la evidencia científica disponible. [/cita]
Como primer elemento a estas interrogantes se debe señalar que si se busca reducir la prevalencia de ITS/VIH-SIDA y del embarazo adolescente se debe iniciar un diálogo en una etapa temprana del ciclo vital, que invite al conocimiento y reconocimiento del propio cuerpo, propiciando un trato amoroso y respetuoso consigo mismo y hacia los demás. Si hay una autoestima dañada o un concepto negativo de sí mismo desde la niñez es muy probable que no se adopten medidas de autocuidado en una etapa futura como lo pueden ser el uso de métodos de barrera para evitar el contagio de ITS, o se desarrollen interacciones que sigan perpetuando la violencia de género como una expresión latente de una cultura que reproduce estereotipos y modelos de relaciones machistas, incluyendo el verse más expuesto a sufrir situaciones de violencia sexual. En este sentido, resulta inconcebible y altamente prejuicioso negarse a educar en esta materia desde el origen.
La Ley de Educación Sexual Integral busca que desde la etapa pre-escolar niñas y niños se eduquen en materia de salud sexual y afectividad, ajustando la entrega de los contenidos educativos a su nivel de comprensión y etapa evolutiva, con metodologías de enseñanza pertinentes y por parte de personal idóneo y competente. Con respecto a sobre qué educar, de manera aclaratoria, cabe mencionar que el foco de enseñanza estaría en temas que van desde el cuidado de la higiene personal hasta cómo establecer relaciones interpersonales seguras que prevengan situaciones de abuso sexual, al tener en consideración que la vulneración de derechos en niñas y niños existe mucho más allá de lo que hacemos consciente.
Aun cuando históricamente la educación sexual se ha vinculado con temas como estos, la sociedad actual exige un abordaje mucho más completo como el que se busca implementar mediante la Educación Sexual Integral, la que viene a dar respuesta a una sentida necesidad no solo de parte de los sectores educación y salud, sino a la sociedad en su conjunto, en la medida en que nos permite ampliar la concepción de la sexualidad mucho más allá del acto sexual, teniendo presente que esto representa una mínima parte en el todo que la constituye, en el cual se integran diversas aristas como afectividad, relaciones interpersonales, género, entre muchas otras que forman parte de una extensa lista.
Además del sobre qué educar, otro de los cuestionamientos sobre el cuál basan su desaprobación los grupos opositores a la ley de Educación sexual Integral se relaciona con quiénes estarán a la cabeza de la enseñanza sobre estos temas. Para explicar este punto es fundamental entender que las acciones u omisiones en la salud individual repercuten de formas más o menos directa sobre la salud de otros, a modo de ejemplo, el hecho de que se decida usar o no un método de barrera al momento de tener relaciones sexuales, impactará tanto en la vida propia como en la de la otra persona. Esta particularidad hace que el argumento de relegar el abordaje de la sexualidad únicamente a la esfera privada se desvanezca.
Es evidente que a la familia le compete un rol trascendental en la formación de sus hijos, incluyendo el área de la sexualidad y afectividad, sin embargo, esta puede verse mermada según el nivel de conocimiento, creencias, (in) experiencias y otros elementos que repercutirán en el desarrollo psicosexual y afectivo de niñas y niños. Es por ello que el Estado no puede marginarse de este proceso y en su rol garante de la Educación como un bien Público, debe asegurar que todas/os accedan a una educación sexual completa, libre de sesgos y validada por la evidencia científica disponible.
Es un hecho que la sociedad actual nos presenta nuevos desafíos y para dar una respuesta eficiente a estos sería nefasto, e incluso peligroso, seguir operando con las mismas estrategias que surgieron hace décadas en un país cuyo contexto sociocultural y requerimientos eran distintos.
Mi invitación es avanzar hacia el goce de una sexualidad plena y segura para todas/os teniendo en consideración que en ella convergen el dominio personal y público, por lo que deben hacerse partícipes las familias, los colegios, los centros de salud y otras instituciones que trabajen de manera articulada y coherente, poniendo en práctica y llevando a una evaluación sistemática los compromisos declarados y donde el respeto a los derechos sexuales sea la piedra angular.
