Yo opino
Créditos: Foto de Orlando Barría / EFE
Debido a la crisis sanitaria que nos ha afectado y las restricciones que ésta ha causado, los Derechos Reproductivos y Sexuales de las Mujeres han pasado a segundo plano. Según una investigación del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, junto a Avenir Health, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y la Universidad Victoria de Australia, la pandemia por Coronavirus ha tenido un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres. Según este estudio se estima que 47 millones de mujeres en países de renta media y baja no tendrán acceso a anticonceptivos lo que podría generar 7 millones de embarazos no deseados si la Pandemia se extiende por un año.
Extrapolando esta problemática a la realidad de nuestro país, en junio de este año la Corporación Miles, en su segunda Encuesta de Acceso a Salud Sexual y Reproductiva, alertó sobre la preocupante situación de la salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia, principalmente en el acceso a atenciones de salud y anticonceptivos. Según el mismo monitoreo el 45% de las encuestadas presentó dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, mientras que un 56% de las mujeres no pudo acceder a métodos anticonceptivos.
[cita tipo=»destaque»] La Ley 21.030, aún con sus limitaciones que no alcanzan a abordar todas las realidades por las que las personas abortan, ha entregado a miles de mujeres, personas con útero y niñas embarazadas el poder de decidir sobre sus cuerpos para tener esa vida digna. [/cita]
Sumado a lo anterior, como sociedad hemos sido testigos en los últimos meses de diversas alertas sanitarias respecto a fallas en la composición de distintos anticonceptivos, lo que agrava aún más la situación; no solo el acceso ha disminuído, sino que el acceder tampoco nos asegura contar con métodos efectivos que nos permitan tener control sobre nuestra salud sexual y reproductiva.
En este contexto, como miembras de la Asociación de Internas Feministas de Chile ASIFEM, y en representación de ésta, ante el manifiesto publicado el día domingo primero de noviembre por un grupo de profesionales de la salud autodenominados “Médicos por la Vida” en el diario El Mercurio en donde se llama a desestimar la Ley 21.030 o Ley que despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales en la nueva constitución, es que nos es menester alzar la voz y rechazar tajantemente esta postura.
En dicho comunicado se alude al acto heroico de salvar vidas en esta terrible pandemia y se simplifica la ecuación, reuniendo las situaciones y sufrimiento de diferentes personas como uno solo, haciendo una burda comparación entre un embarazo con un feto inviable con personas en situación de discapacidad, personas mayores y personas enfermas en fase terminal. En este punto queremos ser claras. El aborto es un hecho, ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo, y la invalidación, persecución y criminalización de este constituye una gravísima violación a los derechos humanos de las mujeres y personas con útero, que desconoce su condición de sujetas de derechos, de ciudadanas plenas y de soberanas de sus cuerpos. En un Estado Democrático de Derecho y Laico las creencias religiosas y las conductas que de ellas se derivan no pueden ser impuestas a todas las personas a través de la constitución ni de una legislación, mucho menos que su no cumplimiento se castigue mediante el Código Penal.
En cuanto a la dignidad de la vida que se menciona en el manifiesto, debemos hacer énfasis en que la prolongación de la vida como tal no nos garantiza la dignidad de ésta. La Ley 21.030, aún con sus limitaciones que no alcanzan a abordar todas las realidades por las que las personas abortan, ha entregado a miles de mujeres, personas con útero y niñas embarazadas el poder de decidir sobre sus cuerpos para tener esa vida digna.
La Ley que despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales es un derecho ya otorgado por el que múltiples organizaciones y personas naturales lucharon durante mucho tiempo, en concordancia con los tratados de derechos humanos internacionales a los cuales Chile ha adherido. La nueva constitución que crearemos como sociedad, así como las leyes que la acompañen, no pueden de ninguna forma socavar derechos ya alcanzados, sino que deben garantizar a cada persona aquellos que aún nos faltan.
Quienes ejercen como profesionales de la salud y quienes nos formamos para ello no podemos tener una supremacía moral frente a quienes se nos presentan como pacientes, no podemos estar por encima de sus valores ni decisiones. Nuestro deber debe ser informar, dar opciones y acompañar para que puedan tomar la mejor decisión según su propio contexto. Esta decisión nunca es fácil y no podemos caricaturizar el proceso socioemocional y físico que viven quienes deciden interrumpir su embarazo. Es por esto que hoy alzamos nuestra voz por ellas, por las que pasaron y por las que vienen, porque queremos ser entes facilitadores y no obstáculos en su camino.
No queremos más personas presas ni muertas por abortar. El primer paso para combatir al patriarcado, entendido como un dispositivo de dominación, es el reconocimiento de la soberanía del propio cuerpo. Debemos alcanzar el derecho a decidir sin restricciones y siempre teniendo en cuenta que lo personal es político; lo que compromete a unas nos compromete a todas. Solo hay acción colectiva para una solución colectiva.
