BRAGA
Créditos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez
“Aunque no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis, es urgente tomar medidas porque, incluso antes del Covid, la violencia contra las mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas y los indicios indican que está aumentando”, asegura a Efeminista la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aunque el Covid-19 llegó más tarde a Latinoamérica, las consecuencias que el confinamiento y el cierre de servicios esenciales está provocando en las mujeres son alarmantes. Organismos internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos ven con preocupación el aumento de la violencia física y sexual en una región que, antes de la llegada de la pandemia, ya tenía 14 de los 25 países del mundo con el mayor número de feminicidios.
Pero no es lo único que preocupa. Durante estos meses, el foco también se ha puesto en el peligro de que las brechas de desigualdad social y económicacrezcan, ya que han sido las mujeres las que más han perdido sus empleos y las que han tenido que asumir una mayor carga de trabajo de cuidado en el hogar.
“Aunque no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis, es urgente tomar medidas porque, incluso antes del Covid, la violencia contra las mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas y los indicios indican que está aumentando”, asegura a Efeminista la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En América Latina, la violencia afecta en promedio a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, según cifras de ONU Mujeres, y la información más reciente de 33 países de la región da cuenta de que los feminicidios superan los 3.800.
“Aunque estas cifras parecen muy altas, se estima que la magnitud real del fenómeno está subestimada, y que la emergencia sanitaria lo está agravando aún más”, afirma Vaeza.
Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como las restricciones de movilidad, asegura la directora regional, están generando mayores riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, intensificando su aislamiento y generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también maneja cifras inquietantes. “A nivel mundial hay alrededor de 2-3 muertes violentas de mujeres por 100.000 habitantes y en Centroamérica y el Caribe estaríamos en casi ocho muertes por 100.000 habitantes, lo cual nos indica el nivel del problema”, explica a Efeminista Luis Felipe López, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe.
Según López, hay países como Costa Rica en los que la violencia ha aumentado en un 17 y 20 %, mientras que en otros, como Guatemala, el crecimiento es mayor al 50 o 60 %.
Ese incremento de la violencia machista, sumado a la impunidad y al silencio de los gobiernos, es lo que ha provocado que cientos de mujeres en países como México, donde 10 mujeres son asesinadas al día, hayan salido a las calles a exigir cambios urgentes en las políticas públicas y acceso a la justicia.
En muchos países de la región, los estados han tomado el aumento de las llamadas a líneas de emergencia o de asistencia a víctimas como un medidor de casos, ante la imposibilidad que han tenido las mujeres de salir de sus hogares y denunciar.
Según la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, algunos gobiernos locales han dado cuenta de un incremento de hasta un 80 % en las llamadas a las líneas telefónicas que brindan atención y orientación en casos de violencia. Al mismo tiempo, las llamadas por parte de hijos e hijas o familiares de mujeres víctimas de violencia han aumentado también con la cuarentena.
“En Argentina, durante las primeras semanas de la pandemia, el número de llamadas diarias a la línea de ayuda 144 aumentó en un 39 %. En México, se registró un incremento de 53 % en las llamadas de auxilio al 911 por incidentes de violencia contra las mujeres en el primer cuatrimestre del 2020″, señala la directora regional de ONU Mujeres.
Además, en este último país la Red Nacional de Refugios para víctimas de violencia reportó un incremento del 77 % en los ingresos en comparación al mismo período en 2019 durante los dos primeros meses de la pandemia.
En las líneas de atención de Brasil (ligue 180), Colombia (línea 155), República Dominicana (línea mujer 212), Guatemala (línea 1572), Paraguay (línea 137) y Perú (línea 100 y chat 100), también ha aumentado las denuncias tras la cuarentena.
La crisis provocada por la pandemia ha hecho más visibles y ha empeorado las barreras que ya tenían las niñas y mujeres para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
El confinamiento, además de provocar un aumento en los casos de violencia sexual especialmente en menores, ha impedido que las víctimas puedan ser llevadas hacia un centro de salud para ser atendidas adecuadamente. Además, se ha reportado un crecimiento de los embarazos adolescentes como consecuencia de la convivencia de las víctimas con los agresores sumado a la incapacidad de ellas de acceder a anticonceptivos.
Según un reciente informe del Fondo de Población Naciones Unidas (Unfpa), los efectos de la pandemia en adolescentes de América Latina se pueden cuantificar en alrededor de medio millón de embarazos adicionales, ocasionando costos sociales por 606,9 millones de dólares.
Para Selene Soto, abogada de Women’s Link, la falta de acceso a los servicios de salud sexual responde a que ningún estado de América Latina ha manejado la crisis e implementado protocolos con un enfoque de género.
“Esto dejó o está dejando en una mayor situación de vulnerabilidad aquellas mujeres que son víctimas de distintas formas de violencia, incluyendo violencia sexual. Porque entonces, cuando vas a ver cuáles son los planes de respuesta y las prioridades, no está lo relacionado con la atención a víctimas de violencia sexual en este contexto. Ni tampoco los servicios de salud sexual y reproductiva fueron declarados como prioritarios”, asegura.
Este problema ha afectado también, advierte la especialista, a mujeres que han salido de países como Venezuela y que, debido al cierre de fronteras, han tenido que regresar, incluso a pie, exponiéndose a ser víctimas de trata de personas.
“No acceder a estos servicios ha representado un riesgo adicional para la vida de las mujeres. En Ecuador, por ejemplo, las mujeres no estaban recibiendo atención frente a emergencias obstétricas”, agrega.
Para erradicar la violencia contra las mujeres, Luis Felipe López, director regional del PNUD cree que se deben realizar cambios estructurales. Además, implementar un vector de género a toda la cadena de respuesta a estos casos.
“Se ha avanzado mucho en los países de Latinoamérica y Caribe, pero hay muchísimo que hacer. Hay que eliminar estos sesgos, esta parte cultural y normativa con los que las personas normalizan la violencia o victimizan a la mujer“, señala.
El representante del PNUD considera además que no solo hay que tener una línea de atención de emergencia, sino implementar una política de capacitación y de protección para las víctimas.
“Que las mujeres se sientan seguras reportando, que aquellos que reciben el reporte sepan cómo actuar y tratar a la víctima en ese momento. Que los policías, los jueces, el Ministerio Público, los médicos, las enfermeras, todos los que son de primera atención estén capacitados para que las mujeres se sientan seguras y protegidas”, señala López. Sin eso, sostiene, los países no tendrán éxito en su intento por salvar la vida de las mujeres.
También enfatiza en que es necesario que más mujeres estén en los puestos de decisión y creación de políticas sociales. “Si logramos que haya más mujeres en el sistema de justicia, en los cuerpos de policía o en los gobiernos locales, transformaría la dinámica y eso tendrá un impacto sobre la calidad de las políticas”, resalta.
