Yo opino
Créditos: Foto de Movilh
Estamos en año de elecciones, período en que las distintas cosmovisiones chocan en discusiones y debates que definen el destino del país. Hace cuatro años la ley de Identidad de Género estuvo presente en las campañas y movilizó esperanzas pero también miedos. En ese entonces luchamos para que Chile reconociera nuestra existencia.
Hoy se redefinen los horizontes, se consolidan cambios culturales y la aspiración ciudadana es enfrentar las desigualdades y construir una sociedad sin abusos, sin segregación, sin exclusiones y donde la dignidad de cada persona sea el eje central de las políticas públicas. Las personas trans aspiramos a lo mismo.
Aún habitamos en los márgenes de la sociedad y somos uno de los focos de la guerra cultural para las posiciones reaccionarias. Reconocer nuestra existencia implica desafiar la concepción de que los niños son celestes y las niñas rosadas, es un cambio de paradigma que nos llama a entender que los genitales de una persona no deben restringir sus posibilidades en la vida, los lugares que habita, ni la identidad que expresa. No le compete al estado normar nuestro lugar en la sociedad en base a nuestra biología.
[cita tipo=»destaque»]No nos falta esfuerzo, menos mérito, la discriminación es la principal barrera.[/cita]
Ese choque con preconcepciones tan enraizadas configura resistencia al cambio y un marcado desfase en políticas públicas para la inclusión de las personas trans. Aún somos invisibles a muchos niveles del Estado: no fuimos consideradas en el Censo, nos omitieron de la encuesta CASEN y quedamos excluidas de la encuesta complementaria de bienestar. Nuestras necesidades están tan abajo en las prioridades que el acompañamiento a infancias trans comprometido en la ley de identidad de género, a más de dos años de su promulgación, aún no cuenta con presupuesto.
A pesar de la falta de estadísticas oficiales, la precariedad y violencia que enfrentan las personas trans se evidencia. La CIDH estimó que el promedio de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es menor a 35 años, los niveles de desempleo en la población trans en realidades comparables como son Uruguay y Argentina superan el 70%, somos un grupo que enfrenta violencia y crímenes de odio.
Ante este escenario se requieren acciones concretas para reparar el daño causado por décadas de discriminación y acortar la enorme brecha social. Se requiere una respuesta integral.
Un primer ámbito es el reconocimiento de la identidad para niños, niñas y adolescentes sin mediar por procedimientos judiciales cuando cuenten con el apoyo de sus familias. Un sistema que presupone desconfianza ante una decisión que sólo impacta en un documento cuyo cambio puede revertirse, predefine a las identidades trans a espacios de marginalidad, sin autonomía. También se deben reconocer legalmente a las identidades no binarias, es decir, a las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres.
Ante las alarmantes tasas de desempleo se requieren políticas de acción afirmativa que consideren cupos laborales para el sector público e incentivos a la contratación en el sector privado, que podrían incluir subsidios económicos equivalentes al programa de empleo joven o incentivos a la capacitación similares a los de personas mayores. No nos falta esfuerzo, menos mérito, la discriminación es la principal barrera.
El acceso a la salud trans se encuentra significativamente restringido, sólo un puñado de establecimientos tienen cobertura de terapias hormonales o cirugías; son muchas las ciudades y regiones que no tienen ningún tipo de cobertura, mucho menos médicos con los conocimientos necesarios; no existe un protocolo de derivaciones para asegurar la atención y el trato discriminatorio en los establecimientos es una denuncia frecuente.
En los establecimientos educacionales los estudiantes trans enfrentan bullying y discriminación. A pesar de la existencia de una circular del Ministerio de Educación que establece que se deben respetar sus identidades, no hay capacitación ni sensibilización al personal para asegurar que se cumpla su objetivo. Los últimos años hemos tenido situaciones como el suicidio de José Matías por bullying transfóbico, un fallo de la corte suprema contra el Colegio Adventista de Copiapó, obligándolos a respetar la identidad de una joven trans y permitir que usare el uniforme adecuado a esta, e incontables casos que no llegan a las noticias de familias que deben enfrentar a toda una comunidad escolar para proteger a sus hijos, sin apoyo de las autoridades de la institución educativa ni el interés del gobierno.
Tenemos que hacernos cargo del impacto que tuvo la marginación de las personas trans y posterior criminalización del trabajo sexual, que fue la única alternativa que tuvieron muchas mujeres trans para sustentarse. Años atrás la sola expresión en espacios públicos podía implicar la detención y una marca en los antecedentes que las excluía de cualquier espacio de empleo, todo esto por el exclusivo hecho de ser trans. Durante ese periodo muchas sufrieron violaciones a sus derechos humanos, y las instituciones responsables de velar por estos derechos no los hacían extensivos a las personas trans. Ante este daño causado por el Estado corresponde reparación.
Estos son los ámbitos que abarcó la ley integral trans aprobada en Uruguay y que trazaron el camino a seguir para avanzar en inclusión, justicia e igualdad, son el mínimo que esperamos ver en los planes de gobierno y que se debe poner en discusión. Como sociedad, sólo podremos hablar de dignidad cuando ese concepto incorpore a todas las personas que habitamos Chile y cuando se tomen todas las medidas necesarias para que esa noble aspiración pase de ser un principio etéreo a una experiencia cotidiana.
