BRAGA
Créditos: Captura de pantalla video Comunidad Haitiana en Chile
“Con ello cerramos de una manera muy histórica y montando un precedente importante de cómo debería ser por parte de los Tribunales de Familia chilenos el tratamiento a sectores de la población de nuestro país que no se encuentran en una igualdad material respecto de otros sectores de la ciudadanía y, por lo mismo, requieren de capacitación, especialización y entender que la justicia está para esto, para apoyar a las familias, amparar los derechos y no solamente castigar”, comenta la abogada de la representada, Daniela López.
De forma histórica, el Tribunal de Familia de Pudahuel acordó una solución colaborativa entre todas las instituciones y organizaciones intervinientes en el caso de Daniela Pie, madre haitiana que denunció la realización de un procedimiento irregular, por parte de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD), que la separó de sus hijos y provocó el traslado de los dos niños a un hogar del Sename de Estación Central.
Sin embargo, lo que podría haberse repetido como un caso de discriminación, racismo y vulneración de derechos en Chile, hoy logró dar un giro y redireccionar el prisma de la justicia hacia uno más inclusivo y reparador.
“El presente caso viene a marcar precedentes importantes para el trato que le da la justicia y el Estado chileno a la población migrante, porque además está causa se inició muy cerca de la conmemoración de la muerte de Joane Florvil, mujer haitiana que también fue detenida por Carabineros tras haber sido denunciada por funcionarios municipales por supuestamente haber abandonado a su hija. Entonces, ya nos encontrábamos con una terrible historia que afectaba a la comunidad de Haití en Chile, y en particular a la calidad de madre de las mujeres migrantes”, comenta la abogada de AML Defensa de Mujeres y representante de la madre, Daniela López.
Por otro lado, la abogada Francisca Millán, quien también trabajó en el caso, explica que es importante destacar el aporte de los procesos judiciales con perspectiva de derechos humanos y con esto, la posibilidad de reparar a las víctimas.“Hoy el Estado acordó medidas de apoyo que podrán mejorar el bienestar de la madre y su familia, lo que a nosotras como abogadas representantes de ella consideramos que es una tremenda noticia que debemos ser capaz de reconocer, visibilizar y por cierto, esperar que esta sea la línea de trabajo de todos los entes involucrados”, explica
Los hechos que fundaron esta causa ocurrieron en octubre de 2020. Tras la denuncia de supuesto maltrato y abandono, funcionarios de la OPD llegaron hasta la casa de Daniela Pie para realizarle una serie de preguntas sobre el cuidado de los niños. Cuestionamientos que no pudieron ser contestados de buena forma por los padres de los niños, dado el precario español que hablan y la inexistencia de un traductor, según relata Daniela López, abogada representante de AML Defensa de Mujeres.
Anterior a este episodio, la madre de los niños había denunciado a través de los canales oficiales de la Comunidad Haitiana en Chile que la madrina de los menores en cuestión, chilena de iniciales J.L, se negó a entregarle a sus hijos luego de haber quedado a su cuidado mientras ella cumplía la cuarentena obligatoria, tras ser diagnosticada con COVID-19.
Sin embargo, López, abogada representante, cuenta que no estaba comprobada la vulneración de derechos y “hubo un proceso irregular porque nuestra representada no habla ni entiende español. Todo se realizó sin un traductor o facilitador cultural, lo cual la puso en un grado de desigualdad en el trato al acceso a la justicia muy brutal que no le entregaba la posibilidad de defenderse de manera igualitaria porque no entendía lo que estaba pasando, solo sabía que no tenía a sus hijos y se los habían quitado. Estamos hablando de niños pequeños, de uno y dos años”, relata.
A pesar de la complejidad y hostilidad de la primera audiencia, que duró casi 5 horas, se logró en audiencia preparatoria devolver el cuidado personal provisorio de los niños a los padres y sacarlos de la residencia del sename.
“Los acuerdos que llegamos permitieron que durante el proceso y una vez terminada la audiencia preparatoria ocurriera algo histórico en el comportamiento que tienen en las medidas de protección los entes del Estado con los intervinientes, que suelen ser bastante cuestionadores, castigadores e incluso punitivistas”, cuenta López.
Así, se conformaron reuniones de trabajo para dar un tratamiento de reparación y acompañamiento a la familia y no un castigo. Proceso que también fue inclusivo con la familia de la madre ya que el Tribunal en cuestión facilitó un traductor de manera continua para que ella entendiera lo que estaba pasando respecto a sus derechos y los de sus hijos.
“Con ello cerramos de una manera muy histórica y montando un precedente importante de cómo debería ser por parte de los Tribunales de Familia chilenos el tratamiento a sectores de la población de nuestro país que no se encuentran en una igualdad material respecto de otros sectores de la ciudadanía y, por lo mismo, requieren de capacitación, especialización y entender que la justicia está para esto, para apoyar a las familias, amparar los derechos y no solamente castigar”, comenta la abogada representada López.
En esa misma línea, la abogada Millán, comenta que “cuando hablamos de derechos humanos hablamos de la necesidad de protegerlos, de prevenir su transgresión y castiga, pero además de una obligación que tienen los Estados de reparar. Tener un resultado como el de hoy, nos da mayor esperanza y garantías respecto a la posibilidad de no repetición”.
En la audiencia de juicio que se llevó a cabo el Juzgado de Familia de Pudahuel acordó con la participación de todos los intervinientes ––OPD Cerro Navia, abogadas de AML Abogadas Defensa de Mujeres, supervisora técnica de SENAME y el equipo de curaduría de Programa Mi Abogado–– “abordar la posible aplicación de medidas de protección en favor de los NNA y su familia, que guarde relación con la condición de vulnerabilidad de los mismos, con énfasis en una intervención con enfoque de derechos, género, interculturalidad y la necesidad expresada por la familia de contar con apoyo de órganos del Estado», quedando el cuidado personal de los niños en sus progenitores, según señala el documento final del acuerdo.
Para López, llegar a este acuerdo significó una coordinación y especialización en derechos humanos, género, interculturalidad e infancia por parte de los intervinientes, en particular por el profesionalismo de la curaduría ad litem del programa Mi Abogado, conformado por una tríada (abogado, psicóloga y trabajadora social), la voluntad de la OPD Cerro Navia de incorporar esta perspectivas de derechos humanos y el tribunal de familia de Pudahuel, que destino el tiempo y las instancias procesales para que este acuerdo sea una realidad jurídica, ante el grado de complejidad que implicó el caso. “Todos los intervinientes de esta causa actuamos desde un prisma de los derechos humanos, desde la buena fe y además tuvimos un Tribunal de Familia que estuvo a la altura para poder llegar a una solución integral en virtud de los estándares de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile”, señaló la abogada.
Por su parte y finalizado el proceso judicial, Daniela Pierre, madre de los niños comentó, «me siento muy aliviada y agradecida del resultado. Me sentí defendida y escuchada, gracias a unas representantes que hacen un gran trabajo. Me gustaría aprender sobre derecho y así poder ayudar a muchos inmigrantes a conseguir justicia, porque nos encontramos con muchos muros. Hemos visto muchos casos en que a otras inmigrantes les quitan sus hijos y no los recuperan jamás. Quisiera que nadie más pase por algo así».
