BRAGA
Concejalas y concejales de la municipalidad, a pesar de que valoran la remoción, critican fuertemente que no se quiera transparentar el acceso al expediente de lo que fue la investigación durante medio año.
A inicios de noviembre de 2020, una funcionaria de la Municipalidad de San Miguel presentó una denuncia por asedio sexual en contra de José Luis Rodríguez, quien era administrador municipal. El peritaje de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), confirmó la existencia de conductas asociadas al asedio.
Una vez que se decretó el inicio del sumario administrativo, concejalas y concejales de la comuna se aprestaron a remover de su cargo al administrador -quien además tiene otras denuncias por acoso laboral- como una facultad que les concede la ley. De hecho, tenían previsto tomar esta medida en el próximo concejo municipal.
Sin embargo, justo antes de que los concejales pudieran proceder a la destitución, el alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza (RN), nombró a Rodríguez como secretario de Planificación Comunal, impidiendo la posibilidad de que fuera sacado de sus funciones por las autoridades municipales, ya que la Ley Orgánica Constitucional permite que las y los concejales puedan destituir de sus funciones al administrador municipal, pero no al Secpla.
En este sentido, Sanhueza explicó su decisión, y aseguró que no hay nada de anómalo en su determinación. “La investigación era más importante que removerlo. Yo puedo decirle váyase, pero me hubieran dicho que lo despedí para evitar que se investigara la situación y lo que más me interesa es que se investigue y se llegue a la verdad”, señaló el edil.
Han pasado seis meses desde entonces, pero este martes finalmente se informó que el funcionario será removido. Sin embargo, de parte de la Municipalidad, no se dará acceso al expediente, a menos que desde el Consejo para la Transparencia así lo soliciten, pero si alguien lo solicita, se acogeran a la ley de reserva para no entregarlo.
Esto plantea un punto de molestia para concejales y concelajas de la comuna, una de ellas, Erika Martínez, comenta que «este tipo de personas no puede estar en la municipalidad de San Miguel, menos a la mano derecha del alcalde. Es lamentable que en vez de proteger a las mujeres que trabajan en la municipalidad, el alcalde haya decidido proteger a esa persona para evitar que fuera separado de sus funciones mientras durara la investigación, pese a las gravísimas acusaciones que se confirmaron este martes en Concejo Municipal».
En dicho consejo, las autoridades comentan que «será mucho el interés de un concejal de conocer los detalles, pero el municipio cumple con haber instruido el procedimiento y haber aplicado la sanción,
lo que debe importar a la comunidad es que esta persona ya salio de su labor administrativa (…) La investigación, fuera del morbo, no amerita ningún interés, la sanción es lo que vale, es lo que se persiguió y eso es lo que es público».
